Al día siguiente de cerrar la audiencia de medidas cautelares realizada el viernes pasado a solicitud de la demandante Enel Green Power ante el tribunal arbitral del Banco Mundial, en Washington, el fiscal general, Luis Martínez, conversó con El Diario de Hoy sobre ese caso.
El jefe del Ministerio Público dice que la Fiscalía ha propuesto al consorcio italiano que opera en la generación de energía geotérmica desde el año 2002, llegar a acuerdos fuera del tribunal que dirime el litigio que los tiene encontrados en el Centro Internacional de Arreglos Relativos a Inversiones (CIADI).
Junto al jefe de abogados de la defensa, Luis Parada, del bufete Foley Hoag, quien apoya al fiscal en respuesta a aspectos específicos de que podría durar hasta tres años en el tribunal adscrito al Banco Mundial.
Fiscal, trascendió que usted como titular del Ministerio Público ha hecho una oferta a Enel Green Power para llegar a un arreglo fuera de los tribunales. ¿Se puede saber en qué consiste esa propuesta y qué respuesta ha habido?
—Nosotros teníamos dos estrategias fundamentales, a raíz de las gestiones que Enel hizo con el anterior gobierno y que ha estado realizando con el actual gobierno, algunos acercamientos con funcionarios de Estado; entonces les hicimos la oferta de aceptarles ese gesto que andan realizando y tuvimos una reunión previa a todo esto (audiencia en el CIADI en Washington) con el abogado de ellos, Ignacio Suárez (del bufete Clifford Chance) y les propusimos que aceptábamos su ofrecimiento, pero todo dentro del marco del CIADI.
¿Cómo así?
—De proponerle al CIADI que nos diera un margen de espera de tres meses para poder desarrollar cualquier esfuerzo por las partes, que involucrara a altos funcionarios de Estado que delegara el señor presidente de la República (Salvador Sánchez Cerén), ellos, la Fiscalía y todo el equipo de abogados que conocen del caso.
La base del arreglo…
—Nosotros partimos de que cualquier arreglo al que puedan llegar, pero media vez no esté con el sello de aprobación y garantía de legalidad por parte de la Fiscalía General, poco o nada van a poder avanzar ellos (Enel y GOES), porque si no (lo hacen) van a volver a cometer los mismos errores que cometieron antes. Se supone que aquí es para buscar una mejor relación y ver de qué forma se pueden solucionar las dificultades que existen.
¿Qué respuesta ha dado Enel?
—Ha sido rechazado por parte de ellos, razón por la cual se realizó la audiencia en el CIADI este viernes. A medida que se vaya acercando la audiencia preliminar, que está prevista allá por el mes de enero de 2015, preferíamos no llegar a un momento tenso, sino que el momento oportuno era este para llegar a entendimientos y acuerdos para solucionar esta problemática delicada.
¿A estas alturas del proceso, cree que todavía hay espacio para llegar a acuerdos?
—Yo les ofrecí la propuesta y ellos la rechazaron, así que de ellos depende ya no de nosotros, no somos un obstáculo, la propusimos y la rechazaron. Repito, de ellos depende todo, no de nosotros. Porque lo que Enel está pretendiendo es estar por encima de las leyes del país y de las instituciones; quieren a través del tribunal del CIADI estar encima de la Sala de lo Constitucional, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, de la Asamblea Legislativa, por encima de la Fiscalía y de los tribunales. Eso está claramente en lo que ellos han planteado ante el tribunal en El Salvador. Ya nadie está por encima de la ley y eso que les quede claro.
¿Han cambiado las líneas de defensa para este caso? Porque en el documento de respuesta del Estado a la solicitud de medidas cautelares solicitada por Enel, la defensa argumenta que esta es una querella entre empresas privadas, Enel Green Power contra Inversiones Energéticas S.A. (INE) pero por su actuación de ayer y estas declaraciones se deduce que es directamente el Estado el que se siente involucrado.
—(El fiscal dice no, e interviene el abogado Luis Parada): Aclarando, el Estado está demandado aquí en el CIADI y se tiene que defender, lo que dijo el Estado en el primer escrito es que en realidad la disputa que tiene Enel es una disputa con respecto a un acuerdo entre accionistas. Porque Enel lo que llevó a solicitarle al CIADI el 2 de agosto del año pasado, cuando llegó con su solicitud de arbitraje, lo (que) llegó a pedir es que se le diera cumplimiento a un laudo arbitral de la Cámara de Comercio Internacional entre Inversiones Energéticas S.A. (INE) y Enel con respecto al acuerdo de accionistas y si podía Enel aumentar su participación accionaria en LaGeo.
LaGeo es la contraparte estatal con la que Enel firmó el asocio público-privado en 2002.
—Entonces lo que le dijo El Salvador al CIADI para señalarle de que ésta en realidad es una disputa entre Enel e INE, y que es una disputa comercial y contractual que Enel artificialmente está queriendo elevarla a nivel de una disputa con el Estado, quejándose de que el Estado no ha querido cumplir ese laudo, y que el expresidente (Mauricio) Funes dio declaraciones que ese laudo no iba ser cumplido; sin embargo, Enel nunca hizo el trámite para que ese laudo fuera ejecutado en El Salvador; entonces fue Enel la que falló ahí y no el Estado. Sin embargo, en este momento el Estado está siendo atacado y tiene que defenderse. Ahora está queriendo fabricar artificialmente una disputa con el Estado de El Salvador que no existe.
¿Pero en principio el Estado está asumiendo que Enel ha cometido agravios por las declaraciones que ha dado el fiscal? ¿Sigue así, siendo una disputa entre empresas privadas?
—(Continúa Luis Parada): Claro, los bienes que están en juego son los bienes del Estado, que son los recursos naturales de El Salvador que han sido entregados en concesión a LaGeo; sin embargo, la disputa que da origen a que estemos acá ante el CIADI es una disputa de tipo contractual entre Enel con Inversiones Energéticas, es sobre una concesión de un recurso del Estado, pero la disputa en sí es una disputa contractual, involucra al Estado porque son los intereses del Estado; sin embargo, legalmente es una disputa contractual entre dos empresas privadas.
Ya que hemos abierto esa puerta. Me gustaría saber si en este proceso se esclarecerá la situación de INE, porque se ha dicho que la concesión para las operaciones de Enel en El Salvador fue fraudulenta y en el documento presentado al CIADI se dice que ahora el Estado ya no tiene responsabilidad porque esas acciones del Estado, que tenía CEL, las transfirió íntegras a INE, que es privada, pero esa concesión tampoco pasó por la Asamblea Legislativa. ¿Cómo y cuándo los salvadoreños tendrán claro este asunto?
—Ellos van a tener la obligación de expresarlo, porque ante el CIADI ellos no pueden venir a mentir.
¿Me refiero al seguimiento del caso en El Salvador?
—Al final las investigaciones se judicializan hasta el momento que nosotros tenemos demostrado que hay algún tipo de infracción penal, si no hay infracción penal están los procedimientos que la ley faculta para pedir sobreseimiento o archivar los casos.
Si hay sospechas de cómo se dio la concesión a Enel en 2002, y más adelante en 2006, se traspasan las acciones de CEL, que eran del Estado, a una empresa privada, INE, sin pasar por la Asamblea Legislativa y bajo ningún proceso de licitación pública. Perdone que insista, pero ¿no cree usted, como muchos salvadoreños, que ahí hay algo oscuro que podría ser parte de todo este problema?
—Las acciones de INE siguen siendo del Estado, (porque son) de CEL.
En los documentos que se ha presentado al CIADI, El Salvador deja claro que esas acciones no le pertenecen, que son de una empresa privada…
INE es otro tipo de investigación; (tanto el traspaso de las acciones de INE) y El Chaparral son casos completamente diferentes.
Insisto, si documentan que es una empresa privada, pero ahora usted me dice que siguen siendo del Estado, solo que las maneja un grupo privado. ¿En qué quedamos?
No, es que INE, y quiero que comprenda, el Estado, o CEL tienen acciones en INE esa es la cosa. ¿Qué ha pasado en la operación de INE es otro tipo de investigación? Con el caso Enel es completamente diferente cada tipo de investigación.
Usted ha recomendado al CIADI ayer que se divulgue la lista de socios de Enel en El Salvador. ¿No cree oportuno que se divulgue también la lista de socios de INE?
Es que insisto en que INE es otra cosa; las acciones de INE son lo mismo de CEL. Es otra cosa. LaGeo es el punto y quienes son socios con Enel.
¿Cómo se explica esta parte? Si ya está relacionada INE, por los menos en los documentos que han enviado al CIADI, de que CEL no tiene nada porque ya le pasó todo a INE en 2006 y usted ha insistido en el tribunal de que está combatiendo la corrupción.
Si se está investigando.
(El abogado Luis Parada abona). Para aclarar también desde el punto de vista del caso del CIADI, como se haya dado ese traspaso de las acciones que tenía CEL en LaGeo que se las haya traspasado a INE es completamente irrelevante en la parte del CIADI, sé que ha habido cuestionamientos en El Salvador si eso era apropiado y cómo se hizo, pero eso es otra discusión que para efectos fiscales son dos casos distintos y para efectos de la demanda que tiene Enel contra el Estado no tiene relevancia de cómo se haya hecho.
¿Qué propósitos tendría pedirle al tribunal del CIADI que ordene a Enel divulgar la lista de sus socios en El Salvador?
Es parte de la estrategia, todavía no lo puedo adelantar.
¿Cuánto le costaría a la Fiscalía, a nivel de gastos, este caso en Washington?
No sabemos cuánto va costar, son situaciones que se van sabiendo conforme van avanzando los arbitrajes.