La Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa continuó ayer con el estudio de varias reformas a la Ley de Lavado de Dinero y Activos. El Fiscal General de la República (FGR), Luis Martínez, había sido convocado para presentar propuestas, pero envió a un representante.
Los legisladores aún no aterrizan en temas sensibles como determinar quienes son los sujetos obligados en la normativa, es decir, aquellos con la obligatoriedad de reportar a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la FGR, sus transacciones económicas arriba de $10 mil.
El diputado de ARENA, Ernesto Angulo, criticó que el FMLN insista en incluir a los medios de comunicación en la regulación de la ley, es más, en el formato borrador estudiado ayer, también figuran las “Asociaciones, Consorcios y Gremios Empresariales”, lo cual desató desavenencias entre los diputados.
Lo que si celebró Angulo, es que se haya llegado a un acuerdo de que las Personas Expuestas Políticamente (PEP) se queden dentro de la normativa.
En este apartado y de acuerdo a la clasificación que hace el Grupo de Acción Financiera (Gafic), se contemplan a los jefes de Estado, presidentes, expresidentes y altos funcionarios del Estado.
Entre las novedades planteadas, ayer, es que dentro de la ley se considerarán como operaciones financieras “sospechosas” las realizadas por los “sujetos obligados” en la ley, aún cuando no sobrepasen el monto de $10 mil.
Angulo ejemplificó el caso de una persona que acostumbra tener una cuenta con $5, pero que de repente sus ingresos crecen fuera de lo normal.