SAN MIGUEL. Las familias que se resisten a salir de sus viviendas, en alto riesgo, en el volcán Chaparrastique y que entre sus miembros tienen menores de edad, fueron visitadas ayer por las autoridades de Protección Civil, miembros del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conna), además de personeros de Derechos Humanos, para ofrecerles alternativas y que accedieran a evacuar la zona vulnerable .
Lo anterior ocurrió después de que el 24 de mayo, el Conna solicitó a un Juzgado de Menores de la zona, la medida cautelar para resguardar a los infantes de estos grupos familiares renuentes a salir.
Las personas fueron notificadas de la solicitud del Conna, hace una semana, y eso les generó una serie de confusiones y más preocupaciones, porque muchos temían que les quitaran a sus hijos.
José Quintanilla, residente del caserío El Carreto, en el cantón El Volcán, de San Miguel, era uno de ellos, el hombre indicó: “hemos vivido por años aquí, hasta ahora nada nos ha pasado, y lo que han hecho al enviarnos esos papeles es preocuparnos más”.
Agregó que en su grupo familiar hay cinco niños, y que están conscientes que viven en una zona vulnerable.
Quintanilla añadió que, él junto a su familia, estaban dispuesto a salir, solo si les brindaban el apoyo con el que cuentan 259 familias que reciben subsidio mensual para el alquiler de vivienda por vivir en zonas del alto riesgo.
“Me salgo pero si me dan el dinero para pagar una casa y si me garantizan que después del invierno puedo regresar al lugar en el que he vivido toda mi vida”, dijo el hombre.
Rubén Flores, delegado de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en San Miguel, explicó que “visitamos 14 viviendas a los que les enviaron las notificaciones el Juzgado, para escuchar sus razones del porqué no quieren salirse, y notamos que muchos no entendían el documento y tenían miedo que les quitaran a sus niños y ese no es el objetivo de la medida”.
Agregó que al final de la jornada de visitas a las 14 familias, solo una no accedió a tomar el beneficio del Gobierno e insistió en quedarse en la zona, a pesar del riesgo para ellos y los niños.
Después de la visita de las autoridades, el proceso seguirá para aquellos que no tomaron el beneficio y decidieron quedarse en las comunidades vulnerables; es decir, que el Juzgado podrá emitir una orden para evacuar a los niños, aunque sus padres no estén de acuerdo, haciéndolo de forma coercitiva.
Por el momento, no saben cuando tiempo podrían durar los procesos legales, por tal razón buscaron llegar a la conciencia de las familias para que se marchen de la zona.
“La gente aquí vive en terrenos que son del Estado, por eso temen que al irse, les quiten sus viviendas y les dejen sin un lugar donde vivir”, explicó Flores.