En adelante, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no podrá ser integrado por miembros de partidos políticos, sentenció la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
La razón: los magistrados del TSE administran justicia electoral y, como todos los jueces, deben tener plena independencia de la influencia de los partidos o sectores interesados.
“En lo sucesivo la Asamblea Legislativa no puede integrar el Tribunal Supremo Electoral con personas que tengan afiliación partidaria, ya que ello es incompatible con el ejercicio de funciones jurisdiccionales, incluida la jurisdicción electoral”, estableció la Sala.
Aunque el máximo tribunal declaró “inconstitucional” el nombramiento del actual presidente del TSE, Eugenio Chicas, le dio la venia para que pueda concluir su periodo el 31 de julio del presente año.
Para no afectar el funcionamiento del organismo electoral, la sentencia no afectará los actos y resoluciones aprobadas por dicho funcionario, salvo que fuera objeto de impugnaciones o demandas.
La Sala destacó la “importancia” de que la Asamblea Legislativa cumpla con este fallo, para que en la próxima elección de magistrados verifique que los candidatos no estén afiliados a partidos políticos o mantengan “cualquier otra forma de vinculación objetiva o material que indique dependencia hacia los partidos políticos” o que simulen no tenerla, lo cual constituiría “fraude a la Constitución”.
El Tribunal Constitucional determinó que, de la misma manera que se estableció en el caso de los magistrados de la Corte de Cuentas y con el presidente de la Corte Suprema, “tales cargos no pueden ser ocupados por personas con filiación partidaria”.
Por el mismo criterio, considera que “al tratarse (Chicas) de una persona afiliada a un partido político, su elección a un cargo con funciones jurisdiccionales viola los principios de la democracia representativa y republicana, así como el principio de independencia judicial”.
En este sentido, los magistrados le aclararon a la Asamblea Legislativa que la independencia judicial no se limita, como alegó el Congreso, a “aspectos más internos y subjetivos propios de la persona”. “La independencia judicial no es solo, aunque también, un asunto de conciencia o una exigencia ética del juez, sino que ella implica una dimensión objetiva o institucional dirigida a prevenir, por diversos medios y de un modo efectivo, toda fuente potencial de influencias indebidas sobre el juzgador”, le enfatizan.
De la misma manera consideraron inaceptable el alegato del Fiscal, de que la independencia judicial “se establece a partir del ejercicio de dicha función”.
La independencia en tales cargos es “ineludible” desde antes de la elección del funcionario y no producto de evaluaciones posteriores, le aclaran.
El proceso de inconstitucionalidad fue promovido por el abogado constitucionalista Salvador Enrique Anaya, quien argumentó que la democracia republicana y representativa demanda, de los que son elegidos como representantes, un compromiso con el pueblo, no con grupos de poder o de sectores determinados, sino de todos y cada uno de los miembros que forman la sociedad salvadoreña.
Anaya sostuvo que la atribución constitucional que los partidos políticos o coaliciones tienen para proponer a tres magistrados del TSE no significa una autorización para que se propongan y, menos para que se elija, a personas vinculadas a partidos políticos, pues los magistrados del TSE no son representantes de los partidos políticos que les proponen al cargo, sino que representan a todo el electorado.
En el caso específico, el abogado alegó que Chicas Martínez es miembro afiliado al partido FMLN y es “integrante de la Comisión Política […] de dicho partido, para el período 2010-2015, tal como consta en el sitio web de la citada organización partidaria (www.fmln.org.sv)”.
Además, expresó que en el sitio web del TSE (www.tse.gob.sv) consta que Chicas fue diputado propietario de la Asamblea Legislativa durante tres períodos legislativos y también diputado propietario al Parlamento Centroamericano.