La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, amparó hace unos días a 10 trabajadores de la Secretaría de Cultura de la Presidencia (Secultura) que fueron despedidos en 2012, durante la gestión de Mauricio Funes.
Los magistrados constitucionalistas ordenaron la contratación de José Manuel Barrera Espinoza, Miguel Ángel Barrera Mancía, Alejandro Ernesto Peña, Mauricio René Cañénguez, Alvin Enoc Campos, Luis Antonio Guzmán , Jorge Osmaro Quintanilla, Héctor Antonio Jorge, Juan Francisco Morales, Rocío Astrid Rubio y María Adaluz Cabezas.
La semana pasada, la Sala exhortó al Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, que comunicara a sus funcionarios a respetar la estabilidad laboral de los trabajadores del Órgano Ejecutivo.
Además, le indicaron los parámetros que deben regir para la protección de los empleados públicos frente a despidos, traslados y degradaciones arbitrarios y le recuerda que “todas las autoridades públicas deben respetar la jurisprudencia que emana de este Tribunal (la Sala)”.
En las resoluciones de ayer, la Sala reiteró el respeto que debe haber a los derechos laborales de los trabajadores públicos. Además establece que los funcionarios tienen “constitucionalmente prohibido” separar de sus cargos a empleados sin cumplir con los requisitos de ley.
Aunque Sánchez Cerén no es directamente el emplazado, el Tribunal Constitucional le ha notificado los fallos al mandatario; sin embargo, ayer dijo que no ha recibido ninguna notificación.
“Para garantizar los derechos de audiencia, defensa y a la estabilidad laboral de todos los empleados y funcionarios públicos titulares de los mismos que laboran en el Órgano Ejecutivo, es necesario hacer del conocimiento del Presidente de la República el contenido de la presente decisión”, enfatizan las sentencias de amparo.
Los amparos fueron ordenados por unanimidad por los magistrados Florentín Meléndez (presidente), Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Rodolfo González y Eliseo Ortiz.
En las demandas, los empleados argumentaron que “las autoridades demandadas los destituyeron de manera unilateral sin que previamente le siguieran un procedimiento que le permitiera conocer y controvertir los hechos que se le imputaban, y que motivaron esa decisión, pese a que no desempeñaba un cargo de confianza personal o política”.
La Sala de lo Constitucional recordó que en seis sentencias anteriores, se ha establecido que el artículo 219 de la Constitución, “prohíbe los traslados que impliquen para los servidores públicos algún tipo de desmejora en sus condiciones laborales y que no se fundamenten en alguna causa legal o no sean precedidos de un procedimiento en el que se garanticen al afectado sus derechos para su imposición”.
El Tribunal Constitucional reitera que en otras dos sentencias anteriores sobre el derecho de audiencia y el derecho de defensa, los cuales para los demandantes, fueron vulnerados por las jefaturas de la Secretaría de la Cultura.
“Al haberse comprobado que la Secretaría de Cultura de la Presidencia ordenó la separación del señor José Manuel Ávalos Espinoza de su cargo, sin tramitarle un procedimiento previo a la emisión de dicha orden, se concluye que la referida funcionaria vulneró los derechos de audiencias de defensa y a la estabilidad laboral de aquel; por lo que resulta procedente ampararlo en su pretensión”.
Esta semana trascendió que en la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) se efectuaron cuatro despidos.
Las personas separadas de sus cargos fueron Salvador Villalobos (gerente general). Y fueron removidos los gerentes de recursos humanos y comunicaciones, Eugenia de Caballero y Mauricio Tobar, y la secretaria de la presidencia, Edith Guevara.
Y en la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), al menos seis personas que llegaron con el exsuperintendente Astor Escalante habrían sido removidas. Se solicitó la versión oficial de la Siget por teléfono y vía correo, pero no se obtuvo respuesta.