El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) absolvió a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa de un proceso para sancionarla por el denunciado uso indebido de fondos públicos en la Navidad de 2012, pero advirtió que deben revisar sus disposiciones internas para determinar sus límites de gastos.
Pese a esto, el diputado Roberto d’Aubuisson, de ARENA, insistió en cuestionar el hecho específico de que el presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, repartió entre los diputados un lote de corbatas y pañuelos de seda, entre otros regalos, por un monto de $30 mil dólares, según él, sin el aval de la Directiva.
Conforme documentos a los que El Diario de Hoy ha tenido acceso y que confirmó la misma Asamblea, estos gastos fueron cargados a la cuenta de la institución, pero no aparece acuerdo alguno específico para respaldarlo.
El diputado de Gana y directivo del Congreso, Guillermo Gallegos, defendió que sí hubo acuerdo directivo para esas compras, mientras que el legislador D’Aubuisson insiste en todo lo contrario.
El Diario de Hoy solicitó al Congreso ese aval, pero lo único que se mostró fue un acuerdo de julio de 2011, el cual remite al instructivo de compras de la institución y a otro acuerdo de 2010 en el que se modifica el número de firmas para la gestión.
De acuerdo con D’Aubuisson, ese acuerdo no respalda la decisión de compra sin el aval de la Directiva. Incluso, recordó que Reyes les dijo que dichos presentes eran de su cortesía. “Así lo entendí yo”, explicó el arenero.
En los documentos a los que ha tenido acceso este periódico y luego confirmó la Asamblea se observa que uno de los procesos de compra no fue firmado por Reyes, sino aparentemente por su asistente.
D’Aubuisson y su colega Carmen Elena de Escalón cuestionaron la legalidad de este hecho, pues dicen que esta es una función que el diputado presidente no podía delegar en esa persona (ver nota anexa).
Sin mayor explicación
El lote de regalos constó de 300 corbatas con una figura prehispánica de jaguar y 100 pañuelos o mascadas con diseños exclusivos solicitados a una firma mexicana. Además, se incluían 50 canastas navideñas y 100 carteras de piel de seda, entre otros obsequios, destinados a legisladores y a otras personas en “atenciones oficiales”.
Estos presentes llegaron de manera adicional a los prensacorbatas y pulseras que ya habían recibido y que costaron más de $6,400, un hecho que junto a la compra de obras de arte y el gasto en una fiesta navideña fue muy cuestionado por distintos sectores en su momento.
Reyes no ha dado mayor explicación sobre esta acción. En enero de 2013 dijo al programa Debate con Nacho del canal 5, que había gastado en regalos unos $12 mil, y defendió que fue para diputados y otros funcionarios.
Justificó que es algo “elemental de la relación humana” hacer regalos en Navidad y, por las objeciones, comparó a sus detractores con el personaje infantil “El Grinch”.
El Diario de Hoy pidió una entrevista a Reyes a través de su asistente de Prensa, Vanesa Anaya, el 20 de mayo, para aclarar este tema y el de la firma de su asistente, pero no respondió a la petición.
Se intentó consultar el tema a Roberto Lorenzana pero argumentó que había dejado de ser legislador, en referencia a su nuevo rol como Secretario Técnico de la Presidencia dentro del gobierno entrante.
¿Qué dice la Asamblea?
Al solicitarle al Congreso copia del acuerdo que avaló esas compras, sólo proporcionó una del acuerdo número 3685 aprobado el 7 de julio de 2011, el que dice ampara la erogación que autorizó Reyes en 2012.
“Dicho acuerdo autoriza el instructivo administrativo financiero integral de esta Asamblea Legislativa, el cual contempla que la modalidad de libre gestión podrá ser adjudicada de conformidad al inciso 2o. del Art. 18 de la Lacap”, dice la carta firmada por el Enlace de Información de UACI, Elsa de Almendárez.
Ese apartado de la Lacap hace referencia a que la autoridad competente que adjudica los contratos es el titular de la institución, pero en el caso de la Asamblea, según el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIAL), el presidente es el representante legal de la institución; no obstante, en materia de contratos “de cualquier naturaleza” debe contar con previo acuerdo de la junta directiva (Art. 13).
Mientras que a la junta directiva, el RIAL le da la facultad de “autorizar todo tipo de erogaciones con cargo al presupuesto de la Asamblea o cualquier otra fuente de financiamiento” (Art. 12).
Al revisar ese acuerdo 3685 con él se aprueba la modificación de los instructivos respecto al trámite de solicitudes de compra bajo modalidades de libre gestión y de licitación que fueron aprobados por acuerdo número 1087 el 7 de enero de 2010.
Asimismo, se modifica parcialmente el acuerdo número 15 de fecha 6 de mayo de 2009 relativo al número de firmas para adjudicar por la modalidad de libre gestión.
Pero al examinar el contenido de esos documentos, no se lee una facultad del presidente de la Asamblea u otro directivo para aprobar compras con cargo al presupuesto de la institución de manera unilateral.
El diputado D’Aubuisson asegura que ese proceso no fue discutido en esa instancia y que ese acuerdo, en el que se habría amparado Reyes, no le avala excluir a la Junta Directiva en el tema de las compras, que a lo que se refiere es a la armonización de los instructivos o acuerdos previos a la nueva legislación.
“Esto no da el aval para que alguien pueda, independientemente o arbitrariamente, tomar decisiones sobrepasando a Junta Directiva o incumpliendo los procedimientos que manda la ley”, afirma.
Proceso de compra
Según explica el legislador, cualquier directivo, incluyendo el presidente de la Asamblea, puede iniciar un proceso de compra basado en su presupuesto pero la aprobación de esa compra es “exclusiva de junta directiva” incluso cuando se haga compras de emergencia.
Según documentos, el primero de esos procesos de compra que promovió Reyes fue el número 1219 por $6,660.00 luego de aprobar la cotización que le envió una empresa de origen mexicano de 370 corbatas y 100 pañuelos o mascadas de seda con sus empaques, 100 carteras de bolsillo de piel con empaque.
Esta solicitud, que envió el 19 de septiembre de 2012 a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) era, al igual que las demás que hizo, “con aplicación a la Unidad Presupuestaria y Administración Institucional y Línea de Trabajo: 01-Junta Directiva y Unidades Staff para ser entregadas a Presidencia-Dip. Othon Sigfrido Reyes Morales”.
La compra fue ejecutada el 2 de octubre de 2012 por la Unidad de Adquisiciones y Compras Institucional (UACI) mediante la orden número 940, en la que manda entregar las 300 corbatas con sus empaques a la Presidencia. Todo por un valor de $6,525 que incluye el costo de envío ($585).
Reyes pidió que las corbatas fueran en colores rojo, azul, amarillo y rosado, según consta en un documento (ver detalle en cuadro aparte).
Entre octubre a diciembre de 2012, el presidente de la Asamblea hizo las subsiguientes solicitudes de compra de “obsequios para atenciones oficiales” a la UACI.
En en el caso de los certificados de regalo, la compra fue anulada, según consta en el documento proporcionado por la Asamblea Legislativa llamado “compromiso de presupuesto”.
Sobre el Reglamento
Para el diputado Guillermo Gallegos, todo ese proceso de compra siguió el procedimiento establecido. “Fue un acuerdo de Junta Directiva y hay un procedimiento que se estableció y está debidamente documentado. Fue un acuerdo de Junta Directiva”, defendió el legislador.
Según Gallegos, se solicitó el procedimiento a la UACI, que el acuerdo “habría que buscarlo”, que “allí debe estar”.
Pero D’Aubuisson niega ese acuerdo. “Yo nunca vi una solicitud de la UACI para que junta directiva aprobara eso, tendría que revisar en todas mis ‘ayuda memoria’ y en las agendas, pero que yo me acuerde, para diciembre de 2012 nosotros avalamos unas prensa corbatas y unas pulseras para las diputadas y otros que iban a quedar para cortesías legislativas”, afirma.
Según el legislador tricolor, esa compra de corbatas de seda y pañoletas se discutió en la mesa de la directiva y que Reyes les explicó que aquello era su iniciativa, de una “cortesía del presidente”.
“Nosotros nos fuimos a lo que estaba autorizado y así es como le respondimos a la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) y a la Corte de Cuentas porque es lo que tiene aval; y si hay algo aparte, perdóneme pero yo no lo he autorizado ni lo hemos discutido en junta directiva”, alegó el diputado D’Aubuisson.
En mayo de 2013, el diputado del PCN y directivo de la Asamblea, Francisco Merino, declaró a los medios que en el documento que enviaron al TEG que le abrió un proceso sancionatorio a la Asamblea por el uso de dinero público en la compra de regalos y fiestas, sólo respaldaron con acuerdos directivos la adquisición de pulseras y prensacorbatas no así otras compras que había autorizado Reyes.
El mismo diputado Gallegos también dijo en mayo del año pasado que de los $40 mil gastados en regalos navideños, sólo $6 mil de ellos tenían justificación.
De hecho, según el acuerdo de Junta Directiva número 1176 con fecha 13 de diciembre de 2012, se autorizó a la UACI la compra de regalos navideños entre los que destacan las 23 pulseras bañadas en oro de 18 kilates con plaquita de Asamblea Legislativa y escudo nacional y 100 prensacorbatas de plata con escudo nacional. Estos obsequios costaron al Estado $6,495.00.
De hecho, en las órdenes de compra emitidas por la UACI, se hace referencia a la autorización de la junta directiva, un detalle que no se lee, por ejemplo, en las órdenes de compra de las 300 corbatas y 100 pañoletas de seda autorizadas por Reyes.
En las órdenes de compra de la UACI de la Asamblea no tienen referencia a acuerdo alguno, nada más detallan que han sido gestionadas bajo el concepto “canastas navideñas para la Presidencia” o “certificados de regalo para regalías de Presidencia”.
El respaldo para estas compras no están disponibles en el portal de Transparencia de la Asamblea, pese a que la Ley de Acceso a la Información Pública obliga a publicar, por ejemplo, las actas y acuerdos de las sesiones realizadas.
Nada más están disponibles las cifras gruesas gastadas en “atenciones oficiales” en documentos como los proyectados en los planes anuales de compras o los que han sido devengados al cierre de los más recientes ejercicios fiscales.
En el sitio de Transparencia de la Corte de Cuentas de la República tampoco había al cierre de esta nota información sobre el punto. Nada más han colgado tres resultados de exámenes especiales sobre la ejecución presupuestaria del Congreso correspondientes a los períodos del 1 de enero de 2010 al 28 de enero de 2011, del 1 de enero al 30 de abril de 2012 y del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2011.
En todos los informes emitidos en enero de 2013, se lee la misma conclusión: “No se identificaron aspectos que ameriten ser comunicados en este informe”.
No hay examen alguno correspondiente al período en que se hizo estas gestiones.