Un incremento de asesinatos donde muchas de las víctimas han sido empleados de seguridad y profesionales, miles de extorsiones a comercios y una debilitada tregua es el panorama que encuentran las recién nombradas autoridades de Justicia y Seguridad.
Ayer, durante el traspaso de mando de la cúpula de la Policía Nacional Civil, el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén y su gabinete de seguridad, reiteraron su lucha frontal contra los homicidios y extorsiones, pero sin dar detalles de los planes y medidas a realizar en corto y largo plazo (ver nota siguiente página).
“Pronto el ministro de Seguridad y Justicia, Benito Lara, y su equipo de trabajo darán a conocer las medidas urgentes que vamos a tomar en los primero meses enmarcadas en la política nacional de justicia y seguridad pública y convivencia 2014-2019, y también vamos a crear el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que estará bajo mi responsabilidad”, afirmó Sánchez Cerén.
Mientras el mandatario realizaba estas promesas, en el país ya los registros oficiales de la Policía contaban varios asesinatos en las primeras horas de la mañana. Entre ellos: una mujer frente a sus dos hijos en San Salvador, un adolescente en Tecapán y un corralero en Chalatenango.
A esas víctimas se les suman los 32 salvadoreños que fueron asesinados el fin de semana anterior y los 93 que se han perpetrado solo en junio. En el año se han cometido 1,561 homicidios. La mayoría de casos sigue en la impunidad.
Las nuevas jefaturas heredan la espiral de violencia que se incrementó en los últimos meses. El ametrallamiento de un bus donde en su interior murieron seis personas, dos custodios y un cabo de la Policía y tres personas particulares.
El hallazgo de seis cadáveres de trabajadores que pertenecían a una empresa que reparaba barcos en Puerto El Triunfo, Usulután. Además, hubo 25 homicidios más, empleados, pandilleros y vendedores, entre las víctimas; todos en su solo día que fue considerado como “Viernes Negro”.
Las nuevas autoridades de seguridad también enfrentan un incremento de ataques contra policías y carros patrullas. Sólo el fin de semana hubo tres hechos similares. En menos de cuatro meses se registraron más de 60 enfrentamientos entre policías y mareros.
Además, las nuevas autoridades reciben el país acorralado por las extorsiones, cometidas en su mayoría por las pandillas. Muchos chantajes aún siguen ocurriendo desde los penales. Las mismas autoridades afirmaron que sólo un reo, en el penal de Mariona, realizó 3,838 llamadas, la mayoría para extorsionar.
La semana anterior los empresarios agremiados a la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) reclamaron a los jefes policiales que “ya no aguantan las extorsiones y la falta de garantía para denunciarlas”.
Asimismo, en San Miguel, al menos 10 empresas han cerrado operaciones durante el presente año, por las extorsiones.
Semanas atrás, el presidente de la Cámara de Comercio filial San Miguel, Howard Gutiérrez, sostuvo que la tendencia del presente año es el cierre de al menos dos empresas por mes en la cabecera departamental.
También, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) afirmó que “las micro y pequeña empresas Mipymes pagan (en extorsiones) unos $18 millones al año ” y agregó que el 84 % de estos negocios es acechado por las pandillas.
Las investigaciones policiales revelan que se las maras reciben miles de dólares por los cobros de los chantajes. Recientemente se han realizado cateos a propiedades, al parecer construidas con las ganancias de las extorsiones.
El nuevo gobierno se ha reservado su opinión sobre apoyar la tregua entre las pandillas. Reiteradamente el ministro de Seguridad, Benito Lara, ha expresado que no “tratarán la tregua como tal, sino que harán un diálogo por la paz”.
“Nosotros hemos dicho que si ellos (pandillas) mantienen su acuerdo (tregua) nosotros tampoco vamos a interrumpir. Nosotros no podemos hace nada que no esté enmarcado por la ley”, dijo Lara.
Ayer, representantes de iglesias evangélicas y el mediador de la tregua, Raúl Mijango, se comprometían a seguir trabajando por el acuerdo que ha beneficiado a las pandillas desde marzo de 2012.
Otro de los problemas graves con los que tienen que lidiar las nuevas autoridades es con la creciente infiltración de las pandillas y del crimen organizado en la Policía. Este nuevo gobierno se ha comprometido a impulsar un proceso de depuración dentro de la corporación policial.
Recientemente, en la Academia Nacional de Seguridad Pública se detectaron más de 132 aspirantes a policías; sin embargo, solo en 29 se corroboró su vinculación con las pandillas.
Además, los encargados de la seguridad del país prometen trabajar por el hacinamiento en las prisiones, dando trabajo en las cárceles.
En los últimos cinco años, autoridades de Centros Penales no construyeron ni una sola cárcel y no concluyeron un tan solo proyecto como los brazaletes y cárceles furgones, y solo trabajaron en las granjas penitenciarias.