Por primera vez y a partir de las próximas elecciones para alcaldes y diputados de 2015, los partidos políticos contendientes estarán obligados a rendir cuentas de sus fuentes de financiamiento y de cómo gastan el dinero proveniente de la deuda política que el Estado les entrega con fondos de todos los salvadoreños.
Hasta ahora, los políticos han manejado a discreción los fondos que obtienen en concepto de deuda política o el dinero que les entregan los donantes privados, en ocasiones, de personas anónimas. Sin embargo, a partir de septiembre próximo, los partidos políticos deberán de tener reglamentados sus estatutos y listos sus libros contables para que puedan ser auditados, periódicamente, tal como lo establece la Ley de Partidos Políticos (LPP), vigente desde febrero de 2013.
El mismo decreto legislativo, les había otorgado 18 meses a los partidos para que adecuaran sus reglamentos internos, ordenar y diseñar sus libros contables. Pero ese periodo termina en septiembre, y es a partir de entonces que sus finanzas deben ser abiertas al público. El mismo periodo se le otorgó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que reglamentara la forma de como hará la fiscalización a los institutos políticos, lo cual ya fue elaborado y está listo desde abril pasado.
“Con esa herramienta legal, con ese reglamento aprobado por el Tribunal, los partidos tendrán, a partir de la vigencia de esas disposiciones que les obligan a transparentar sus fondos, que empezar a dar cuentas al Tribunal Supremo Electoral”, manifestó Luis Mario Rodríguez, director de estudios políticos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
Dinero mal habido
A juicio de Rodríguez, con la entrada en vigencia de dicha legislación se podrá evitar, o al menos reducir, las dudas que los diversos sectores de la sociedad siempre han tenido con respecto al origen de los fondos que nutren a los partidos políticos y el destino que se les pueda dar.
“Primero (se evita), que tengamos financiamiento de partidos políticos y agencias de gobiernos extranjeros, y también que tengamos financiamiento de entidades de derecho público nacionales; de alcaldías, por ejemplo. También se evita que haya financiamiento de origen ilícito, que los hemos venido señalando desde hace mucho tiempo, y también se evitan conflictos de interés entre los donantes privados y los partidos que alcanzan el poder”, acotó Rodríguez.
En esto coincidió Roberto Burgos, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) y coordinador del Centro de Asistencia Legal y Anti Corrupción (Alac). Agregó, que como capítulo, El Salvador de Transparencia Internacional, han propugnado porque los partidos abran sus cuentas al público.
“Hemos sido muy insistentes en señalar la necesidad de transparentar a los partidos políticos, no solo por razones de transparencia, sino que también para prevenir la infiltración de los partidos por parte del crimen organizado y otras redes de crimen transnacional. En el caso de El Salvador, no ha habido, por regla general, una verdadera práctica de transparentar los fondos que utilizan para propaganda”, señaló Burgos.
Rómulo Rivas Blanco, de la Coalición para la Reforma Política Electoral (Cree), dijo que ellos como entidad también impulsaron una ley que permitiera garantizar la transparencia en la captación de fondos por parte de los institutos políticos.
“Precisamente, esta ley ha sido solicitada para avanzar un poco en el control de los partidos para que no hagan lo que les da la gana y que no haya ninguna penalidad, como ha sido hasta ahora”, acotó Rivas Blanco.
Otro punto que señalan los entrevistados, es en cuanto al financiamiento millonario que el Estado salvadoreño otorga a los partidos políticos para que financien la campaña proselitista, dinero, que según ellos, no rinden cuentas ni siquiera al ministerio de Hacienda, mucho menos a los salvadoreños.
La entidad responsable, por ley, de auditar el financiamiento que reciben los partidos políticos, es el Tribunal Supremo Electoral, que ya elaboró el instructivo para hacerlo.