WASHINGTON. El Estado salvadoreño y la firma italiana Enel irán a audiencia después que el Centro Internacional de Arreglos Relativos a Inversiones (CIADI) eligió al abogado chileno Alejandro Escobar como presidente del tribunal que se ha constituido para dirimir el litigio entre ambas partes.
El CIADI, adscrito al Banco Mundial y con sede en Washington, confirmó el nombramiento de Escobar, de quien se informó posee amplia experiencia en litigios sobre inversionistas y Estados adscritos al convenio CIADI como es el caso de El Salvador.
La firma italiana demandó en el CIADI al Estado salvadoreño por incumplimiento del contrato para el asocio público privado para la explotación de energía geotérmica y por el incumplimiento de la sentencia de un tribunal de París que dio la razón a Enel.
La firma demandante y su equipo legal en Washington, Clifford Chance, y la defensa del Estado salvadoreño, dirigida por la Fiscalía General de la República y representada por un bufete de abogados en la capital estadounidense, Foley Hoag, ya habían elegido con anterioridad a los dos árbitros para iniciar el proceso.
El argentino-estadounidense Óscar Garibaldi fue propuesto por Enel y la defensa salvadoreña propuso al argentino–español Raúl Vinuesa. Ambos también poseen experiencia en esta clase de disputas y muy conectados con procesos de arbitrajes del centro de arreglos del Banco Mundial con otros países del mundo, se informó.
Con la integración del tribunal y las cartas puestas sobre la mesa, inicia una etapa decisiva para el caso, en primer lugar con la audiencia para julio próximo aunque no hay fecha exacta, según se explicó.
Alegatos previos
El jueves recién pasado, Enel presentó al tribunal un escrito con observaciones a la respuesta que diera El Salvador ante la petición de la empresa de obtener medidas cautelares para proteger sus inversiones en el país ante lo que considera un “terrorismo legal y judicial” por parte del Estado salvadoreño, que ha ejecutado un embargo de $1 mil 900 millones de dólares, a la vez que sigue un proceso penal en el país contra 18 ex funcionarios públicos y un ex empleado de Enel por la concesión del recurso geotérmico en el año 2002 bajo el marco de la Ley General de Electricidad.
La defensa de El Salvador presentará una respuesta final el 11 julio próximo, en lo que se considera el cierre de la ronda de escritos, para luego encontrarse en el CIADI ambos equipos y así comenzar la disputa ante los árbitros.
Enel reiteró su petición al tribunal arbitral para que “ponga fin a las crecientes prácticas de terrorismo legal y judicial que está implementando la Demandada (El Salvador) para mantener a la compañía de generación de energía geotérmica a merced exclusiva de la arbitrariedad de la demandada y frustrar así sus derechos”, según reza el documento de 34 páginas que ahora es objeto de respuestas y contra respuestas por parte de los equipos legales.
Uno de los abogados del Estado salvadoreño, Luis Parada, confirmó a El Diario de Hoy que con la elección del presidente y al concluir la ronda de escritos entre las partes el escenario estaría listo para la audiencia.
En ella definirán el calendario procesal del caso.
Por su parte, el presidente del consorcio italiano para América Latina, Maurizio Bezzeccheri, confía en que la integración del tribunal con un presidente abogado y conocedor de la materia en disputa le dará otro fallo favorable a la empresa demandante, como lo hicieran en dos oportunidades la Cámara de Comercio Internacional en París, Francia, y la ratificación del mismo laudo al que apeló El Salvador en 2013, cuya sentencia no se ha cumplido.
“No consideramos que la valoración y decisión del tribunal pueda depender de un perfil de árbitro particular. Enel tiene un derecho ya reconocido por un tribunal competente y claramente establecido en los documentos contractuales… los derechos que Enel Green Power tiene como inversor en El Salvador son reconocidos en la Ley de Inversiones de El Salvador”, dijo Bezzeccheri a El Diario de Hoy hace unos días.
Embrollos de la disputa
La compañía Enel Green Power presentó por separado una petición inicial de ampararse al convenio del CIADI, bajo la regla 39 del artículo 49 del acuerdo del que el país es firmante y sobre el Capítulo 15 de la Ley de Inversiones de El Salvador.
La demanda llegó al organismo multilateral el 21 de agosto del año pasado, pero estuvo inactiva hasta el 18 de abril reciente, cuando la empresa demandante solicitó a tribunal la ejecución de medidas cautelares, luego que los tribunales de justicia salvadoreños impusieran un millonario embargo contra la empresa solicitado por la Fiscalía.
El conflicto inició cuando el consorcio italiano pidió aumentar su capacidad de inversión en el asocio público privado con la Central Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).
Según Maurizio Bezzeccheri, el conflicto nace por la negativa del Estado salvadoreño de permitirle a la compañía invertir $127 millones de dólares más para aumentar la generación de energía geotérmica en el país y así abastecer el mercado y promover la competencia, como dicta el contrato. Este proceso además le otorgaría la mayoría accionaria en el asocio.
Sin embargo, lejos de llegar a un acuerdo, la administración de Mauricio Funes se decantó por el choque y el conflicto permanente para evitar a toda costa llegar a un acuerdo razonado para ambas partes, según reza el documento presentado al CIADI para pedir amparo ante lo que consideran una actitud arbitraría e ilegal del Estado en lo pactado para crear el asocio.
Bajo el nuevo escenario en Washington, Enel Green Power espera que el CIADI ordene al Estado salvadoreño que se abstenga de tomar medidas que supongan una agravación de la disputa y que menoscaben la jurisdicción del Tribunal para decidir sobre el litigio, explicó Bezzeccheri.
A su criterio, la querella que se sigue en los tribunales salvadoreños contra 18 ex funcionarios de gobierno y un ex empleado de Enel en el país, es parte de una orquestada estrategia para menoscabar los derechos de la compañía inversionista de los que le diera la razón el tribunal de París.
Las cuentas de la defensa
Por su parte, la defensa, que ha respondido también al tribunal ante la petición del consorcio italiano, sostiene que la solicitud de medidas cautelares que demanda Enel para proteger sus inversiones en el país, de las que alega que ha inyectado ya más de $100 millones de dólares en las plantas de Berlín, Usulután y en Ahuachapán, es parte de una estrategia para frenar el proceso penal que sigue la Fiscalía salvadoreña internamente por lo que consideran fraude en la concesión del recurso.
La defensa cierra filas en que el conflicto no es parte del Estado, representado por la Fiscalía, pues la disputa es entre dos empresas privadas, por lo que el CIADI no tendría jurisdicción ni siquiera para conocer el conflicto.
A criterio de los abogados defensores, desde el momento en que durante el gobierno de Antonio Saca fueron transferidos los bienes de generadora estatal a una empresa privada, INE, el gobierno salvadoreño ya no tiene nada que ver en el asunto.
“En abril de 2006, CEL transfirió todos sus derechos y acciones derivados del Acuerdo entre Accionistas a una sociedad anónima de nacionalidad salvadoreña, denominada Inversiones Energéticas, S.A. de C.V. (INE). A partir de ese momento, INE se convirtió en la titular de la mayoría de las acciones de LaGeo, y era INE quien frente a ENEL, asumía los derechos y obligaciones del Acuerdo. Más adelante y a través de alegadas inversiones efectuadas en LaGeo, ENEL logró entre los años 2006 y 2008, aumentar su participación social hasta un 36.2 % de las acciones de LaGeo. El 63.8 % restante de las acciones, permanecía— como hasta ahora— en poder de INE como cesionaria de los derechos de CEL”, cita el escrito de la demandada. Por lo tanto piden a los tres jueces que denieguen la petición de le empresa italiana en el país, porque la petición estaría dirigida contra CEL.