El auge delincuencial y los beneficios legales que establece el nuevo Código Procesal Penal, para quienes han cometido delitos menores, tienen al borde del colapso a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria del país.
A estos tribunales, son referidos los procesados por delitos considerados de “bagatela”, como hurtos, conducción temeraria, pequeños robos, violencia intrafamiliar, amenazas, portación ilegal de armas de fuego, entre otros.
A diario, la Policía captura entre 150 y 200 personas, sobre todo por delitos menores.
En estos casos, los acusados en la primera audiencia, aceptan los cargos que les imputan y el juez de Paz les impone una pena de entre dos y tres años de prisión, que se vuelve excarcelable.
Con estas sentencias, en vez de enviarlos a la cárcel, los encausados deben cumplir ciertas condiciones, las cuales son supervisadas por los jueces de Vigilancia Penitenciaria.
Entre las medidas que deben cumplir los procesados están, no salir del país, no cambiar de dirección domiciliar, presentarse al juzgado cada semana, quince y 30 días, no ingerir bebidas alcohólicas, entre otras.
Estos imputados no quedan bajo control de la Dirección de Centros Penales, sino de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena.
Solo el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador, tiene activos 6 mil 500 expedientes de personas condenadas a cumplir de 1 a 5 años de prisión.
Esta carga procesal, representa el 65 por ciento de todos los casos, dijo el secretario del referido tribunal, Carlos López.
Un expediente activo implica que está sujeto a citatorios de todas las partes involucradas , notificaciones de las partes, como Fiscalía, Procuraduría e imputados, aclaró.
A estos casos, se suman los de reos que ya cumplieron la media pena (fase de confianza) y las dos terceras partes de la pena, (libertad condicional o anticipada).
Para brindar los beneficios, los jueces de Vigilancia deben convocar a una audiencia a los defensores, fiscales e imputados, para valorar los informes criminológicos y con base en ellos, resolver si conceden o niegan un beneficio.
Para evacuar estas demandas, el tribunal programa entre una y cuatro audiencias diarias, en las que se evalúa el cumplimiento de las penas u otros requerimientos legales.
El secretario del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria confirmó la versión de su colega, quien afirmó que hasta el miércoles anterior, ya registraban 1,442 expedientes.
Hernández dijo, que el 2013 cerró con el ingreso de 2,100 nuevos procesos.
En ese tribunal había retraso en el trámite de casos, pero con el nuevo juez, dijo el Secretario, se han puesto al día con los procesos.
“En estas circunstancias, es difícil cumplir con los plazos de tres días que la ley establece, por lo que hay que priorizar”, subrayó.
La demanda de trabajo en los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria obligó a la Asamblea Legislativa, a promulgar un decreto que sustituye los Juzgados de Tránsito del país, para convertirlos en Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.
Actualmente, hay diez Juzgados de Vigilancia Penitenciarias distribuidos en las principales ciudades; en San Salvador hay dos.
El Primero de Vigilancia, tiene a su cargo los prisioneros del penal La Esperanza o Mariona, mientras que el Segundo, cárcel de Mujeres en Ilopango y el Penal de Chalatenango, entre otros.
El personal de estos tribunales, no supera los seis colaboradores, quienes debido a la avalancha de procesos, no logran ponerse al día.