Los magistrados Eliseo Ortiz y Ovidio Bonilla han sido blanco de dos demandas con miras a separarlos de la Corte Suprema porque, según el promotor de los procesos, el abogado Herbert Danilo Vega Cruz, son miembros del FMLN y la ley exige que como jueces no tengan militancia política.
Vega presentó en mayo pasado ante la Sala de lo Constitucional dos recursos contra los decretos que avalaron los nombramientos, confirmó el Tribunal Constitucional.
Ortiz Ruiz funge como magistrado suplente de la Sala de lo Constitucional, en tanto que Ovidio Bonilla está asignado a la Sala de lo Civil.
Inicialmente Bonilla fue nombrado presidente de la CSJ por la Asamblea, pero este acto fue anulado por la Sala de lo Constitucional, tras lo cual sobrevino una crisis entre el Tribunal y la Asamblea. Al final, Bonilla dejó el cargo.
El Diario de Hoy gestionó hablar con ambos magistrados. A través de la Unidad de Comunicación de la Corte, Ortiz expresó que si la Sala de lo Constitucional le da trámite a la demanda, se apartará del proceso y llamarán a otro suplente.
Las demandas presentadas fueron clasificadas a los números 40 y 44, ambas de 2014.
Para Vega Cruz, el magistrado Ortiz no puede ejercer su cargo, ya que “es un militante activo del FMLN por su larga trayectoria dentro de grupos afiliados a ese partido” (ver recuadros).
“La elección del magistrado responde a una motivación puramente política-partidista y de reparto de cuotas, por parte del partido político FMLN, quien tiene una considerable cantidad de votos en la Asamblea”.
Agrega que “el desempeño actual y futuro en la función de los magistrados no ofrece las garantías necesarias del cumplimento independiente y efectivo de las funciones asignadas”.
“La Carta Magna establece que los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada.
La Constitución proclama la independencia judicial y plantea un diseño institucional por medio del cual busca el aislamiento del ejercicio de la jurisdicción judicial de todo tipo de influencias indebidas por parte del poder político, de tal manera que, debe ser altamente independiente del poder político, como en toda sociedad democrática”, detalla la demanda.
El abogado añade que la demanda contra Bonilla tiene los mismos argumentos de la falta de independencia judicial por su denunciado nexo con el FMLN.
Vega Cruz señala en el recurso que las reformas que se realizaron a la Constitución en 1993, “tenían como finalidad liberar a los funcionarios judiciales de las tradicionales presiones e intimaciones de los poderes constituidos y de esa forma fortalecer su independencia para que fuese un poder efectivo en la protección de los derechos y en el control de la constitucionalidad de las leyes”.
El abogado añade que la elección de funcionarios que hace la Asamblea Legislativa “no debe obedecer a criterios de conveniencia política o a un simple reparto de cuotas partidistas, ya que eso produce un desmedro a la independencia, específicamente de los magistrados de la Sala de lo Constitucional”.
En la demanda Vega Cruz recuerda que la sentencia de inconstitucionalidad 49-2011, el Tribunal Constitucional “manifestó la necesidad de independizar a las instituciones del Estado y a los funcionarios públicos de la política partidista, especialmente aquellas que ejercen atribuciones de control”.