No solo los distribuidores de mercadería o los comerciantes, deben pagar la mal llamada “renta” a las pandillas, para poder ingresar a las colonias o comunidades, también los forenses que van a recoger cadáveres o los socorristas que buscan auxiliar a una víctima de violencia, deben saldar esa cuota.
Este flagelo se registra a nivel nacional, pero con más frecuencia en los alrededores del cementerio Santa Isabel, en Santa Ana y en comunidades de Usulután, afirmó el director de Medicina Legal, José Miguel Fortín.
“No es una situación generalizada, son intentos de extorsión de baja monta, que algunos grupos pandilleriles exigen a los médicos, para dejarlos pasar a recoger los cadáveres”, subrayó el director.
El funcionario aclaró que la Corte Suprema de Justicia, a la que pertenecen, no cuenta con un presupuesto para pagarles a los pandilleros.
Se paga por pasar a recoger los restos de sus mismas pandillas y por darles un trato humano. Algunos pandilleros podrían cuestionar que la medida es porque el cadáver, que yace en su localidad, es del grupo contrario.
En ese sentido, Fortín advirtió que en ese momento el muerto puede ser de la mara rival, pero mañana un miembro de su grupo podría estar en otras comunidades y para darle cristiana sepultura, debe ser recogido por Medicina Legal.
La población debe comprender que más allá del proceso legal, los forenses realizan una labor social con el levantamiento de cadáveres.
“Nosotros no tenemos ningún interés por alguna pandilla, tampoco andamos armados, ni llegamos en carros blindados, llegamos a una comunidad a tratar de servir”, expresó Fortín.
Agregó que en el cementerio Santa Isabel se desarrollan las autopsias de cadáveres que han sido localizados en estado de descomposición.
El funcionario manifestó que si los pandilleros no los dejan realizar las autopsias de cadáveres putrefactos en ese cementerio, tendrán que hacerlo en las instalaciones de Medicina Legal en Santa Ana, localizada en la zona urbana, con el agravante de los malos olores y la insalubridad que el proceso implica.
“En Medicina Legal no existe el ánimo de molestar a nadie, sino ayudar a esclarecer una muerte, pero sobre todo, enfatizando la parte humana, de no dejar tirado un cadáver en la calle o un sitio público a expensas de las aves de rapiña”, puntualizó el director.
De aumentar el peligro para los forenses, por las disposiciones absurdas de las maras, los cadáveres podrían quedar en las calles, en predios baldíos o en colonias; con las consecuencias de provocar epidemias y contaminación.
“La gente debe darse cuenta que si los forenses no llegamos, son ellos los que se van a quedar con un problema de salud pública”, afirmó Fortín.
Para evitar tragedias, Medicina Legal ha girado instrucciones a los forenses que siempre que se enfrenten a este tipo de problema, lo notifiquen a sus superiores.
“No vamos a exponer a los forenses, que ganan sueldos inferiores a los demás médicos, a todo tipo de riesgo, a toda hora y en todo lugar, por recoger un cadáver en un punto peligroso”, afirmó Fortín.
Los médicos forenses van a los barrancos, ríos y quebradas, suben cumbres para estar presentes en el cien por ciento de las muertes violentas, pero de persistir las amenazas, esa labor se limitaría.
A raíz de estas irregularidades, el director de Santa Ana notificó el problema por escrito al director central.
Fortín explicó que no ha recurrido a la Policía Nacional Civil en busca de protección, porque la corporación ya tiene sus propios problemas y las amenazas podrían ser peores.
En todo caso, Fortín asegura que la Corte Suprema de Justicia, a la que está suscrita Medicina Legal, debe brindarles resguardo a través de la dirección de Seguridad.
Los inconvenientes de seguridad que experimentan los forenses es porque el lugar donde ocurre un hecho delictivo, no siempre está debidamente acordonado por la Policía.
En otras ocasiones es porque los policías ha terminado su labor y ha abandonado el sector y solo se limitan a custodiar la escena.
También sucede que las direcciones no están claras y el personal se pierde, llega a sitios sin seguridad y se encuentran con abundante presencia de pandilleros.
El director lamentó que las personas o los familiares de las víctimas, se quejen de que Medicina Legal, es la última en llegar a las escenas, sin embargo, mientras los agentes de la División de Investigaciones Oculares y la Fiscalía, no terminen su labor, los forenses no pueden empezar su trabajo.
Esta fase es la última que se realiza en una escena de homicidio, para el levantamiento del cadáver y posterior traslado a la morgue de Medicina Legal.
Socorristas también se quejan de la “renta”
En las colonias y las comunidades nadie se escapa de ser “renteado” por las pandillas. Los socorristas también se quejan de que estos grupos les exigen desde 50 centavos a un dólar, por persona.
Los colaboradores lamentan que las pandillas les paguen de esa forma, por un servicio que busca salvarle la vida a una víctima de la violencia, que ellos mismos provocan.
Estas dificultades las enfrentan con más frecuencia en colonias de Soyapango, Ciudad Delgado y Ayutuxtepeque, dijo un voluntario.
Aunque los socorristas ya tienen marcado los puntos rojos en los que las pandillas dominan, aseguran que acuden a esos lugares, cumpliendo con su labor humanitaria.
Ante los señalamientos de los cuerpos de socorro, que se sienten amenazados por las maras, ayer Raúl Mijango, quien se hace llamar “mediador” de la tregua, se reunió con socorristas de Comandos de Salvamento, para asegurarles que las pandillas ya no impedirán su trabajo.
Trascendió que las maras también emitieron un comunicado, con el mismo aviso.