Aponte reitera escollos para segundo Fomilenio

Embajadora de EE. UU. recordó que está pendiente incluir a funcionarios y exfuncionarios de gobierno a la ley de lavado

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La embajadora Aponte participó ayer en un evento en la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA). Foto EDH

Por David Marroquín nacional@eldiariodehoy.com

2014-06-16 7:00:00

Mientras la Asamblea Legislativa no incorpore a los funcionarios y exfuncionarios gubernamentales como Personas Políticamente Expuestas (PEP) a la ley de lavado de dinero y no se cumpla con las disposiciones del CAFTA relativas a procesos de licitación, el segundo desembolso de Fomilenio de $277 millones deberá esperar.

La embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte dijo ayer que El Salvador todavía tiene pendiente el cumplimiento de algunos estándares exigidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para declarar al país fuera de riesgo para el blanqueo de capitales.

Entre esas medidas pendientes figura la incorporación de las PEP bajo el control de la referida ley especial. Aunque a juicio de Aponte, se está avanzando en ello.

“Nosotros vemos con mucha esperanza de que todavía ese tema está vigente y se está hablando y se está dialogando. A veces toma un poco más tiempo que otros, pero lo importante es que estamos viendo un progreso y que se están llevando a cabo las conversaciones, y fuera de eso, en última instancia la decisión es de la rama legislativa y eso es un asunto para ello decidir a largo plazo”, dijo Aponte.

En las enmiendas a la ley de lavado de dinero en diciembre pasado, los diputados solo incluyeron como sujetos de control a los partidos políticos, jueces, fiscales, personal administrativo del sistema de justicia, medios de comunicación en cualquier modalidad, bolsas de valores, casinos, casas de juego, agencias de viajes, agencias de envíos y recepción de encomiendas o remesas, comercio de metales y piedras preciosas, empresas constructoras, entre otros.

Sin embargo, no incluyeron a los exfuncionarios y funcionarios públicos como sujetos, que para el GAFI es una de las recomendaciones esenciales que demandan cumplir.

El GAFI identifica a las PEP como aquellos individuos a quienes se les ha confiado funciones públicas prominentes en una nación; por ejemplo, los jefes de Estado o de Gobierno, políticos de alto nivel, funcionarios gubernamentales o judiciales de alto nivel, militares de alto rango, ejecutivos de alto nivel de corporaciones estatales y funcionarios de partidos políticos importantes.

El otro obstáculo que tiene el segundo desembolso de Fomilenio tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (CAFTA). En este tema, la embajadora aclaró que “no es el tema de la semillas, son los procesos alrededor de licitación, pueden ser semillas, pueden ser otra cosa, pero son los procesos los que están en cuestión, no es la semilla”, dijo Aponte.

En este tema, el gobierno ya ha expresado su disposición de cumplir con esa parte aunque se ha referido a la compra de semillas. “En el tema de la semilla nosotros hemos hablado de que vamos a hacer una licitación en la que puedan participar empresas nacionales y extranjeras, (pero) eso no significa que vamos a dejar de apoyar a los agricultores salvadoreños”, declaró Roberto Lorenzana poco antes de asumir como Secretario Técnico de la Presidencia.

Aponte destacó que El Salvador ya ha cumplido con la mayoría de los criterios como por ejemplo el fortalecimiento de las instituciones de Justicia, de la policía, el nivel de corrupción entre otros factores, por lo que la Junta de Directores de MCC (Cuenta Reto del Milenio) le aprobó el convenio.

Pese a lo anterior, Aponte dijo que no se ha dejado de darle seguimiento al cumplimiento de esos criterios. En ese sentido, dijo que se trabaja por mejorar la administración de justicia y superar la inseguridad ciudadana a través del cumplimiento de las 14 metas que contiene el convenio Asocio para el Crecimiento.”Esas son las dos áreas que todavía tenemos que cerrar antes de proceder con el Fomilenio”, dijo Aponte.