Cada voto cuenta hoy más que nunca al seno de la Asamblea Legislativa. Con la fragmentación de la bancada de disidentes areneros, Unidos por El Salvador, más la decisión de Rodrigo Samayoa de salirse de Gana y las posturas contra el endeudamiento y más impuestos de los diputados de PDC y CD, el paquete fiscal está cuesta arriba.
Para aprobar las reformas fiscales propuestas por el Gobierno hacen falta solo 43 votos pero para la aprobación de los bonos por $1,150 millones se requiere de mayoría calificada, 56 votos, los cuales serán difíciles de conseguir si el Gobierno no demuestra su compromiso con la austeridad y la sostenibilidad fiscal como han advertido ya la mayoría de institutos políticos.
A diferencia de la anterior administración, donde el Gobierno tuvo casi siempre luz verde para sus iniciativas con el respaldo de Gana, PCN, PDC, CD y los disidentes, hoy el panorama es diferente.
Resulta que si el FMLN quiere el aval a los bonos le resulta más sencillo ponerse de acuerdo con la bancada de ARENA, su principal opositor, para obtener la ansiada mayoría calificada. Ambos suman 59 votos, tres más de los necesarios.
Si el partido oficialista busca el otro camino deberá negociar y convencer a unos institutos políticos fragmentados. Si no se pone de acuerdo con ARENA, al FMLN le tocará agrupar los votos de Gana, 10; el PCN, 7; que suman 48 votos. Aún así le faltarán 8 votos que deberá cabildear por separado con PDC (1), CD (1), dos grupos de disidentes, el de Rigoberto Soto, Santos Adelmo Rivas y Jesús Grande y el otro de Sigifredo Ochoa Pérez y Carolina Ramírez. Por último deberá convencer al diputado declarado independiente Rodrigo Samayoa, ex-Gana.
Los partidos opositores no parecen estar dispuestos a dar sus votos sin condiciones para el paquete fiscal. El presidente del Coena, Jorge Velado, ya puso como condición desempolvar el plan de sostenibilidad fiscal avalado en 2012 por el Gobierno como compromiso por la aprobación de los $800 millones en bonos que el Gobierno anterior solicitó por si los acreedores solicitaban redimir los bonos al final de ese año, algo que no ocurrió. ARENA quiere que ese plan, del que afirma no se cumplió, se revise y actualice con las cifras actuales para ponerlo en marcha.
Douglas Avilés, de CD, cuyo voto será vital si ARENA no da los suyos, también exige que el Gobierno aplique medidas de sostenibilidad fiscal el año entrante y no dentro de tres años como es la propuesta oficialista.
El PCN, en boca del subjefe de bancada Mario Ponce, ha dicho que el PCN no dará sus votos hasta que el Gobierno no diga qué parte de los ingresos se usarán para el pago de la deuda.
Mientras, el Gobierno no ha logrado convencer al resto de partidos de que el paquete tributario propuesto, que pretende recaudar unos $200 millones más por año, no sea un freno a la economía ni un golpe a los contribuyentes.
El gobierno ha solicitado un impuesto a las transacciones bancarias que superen los $700 en un solo mes. Además pide un impuesto que grave las segundas residencias o las casas de altos precios.
Partidos a la expectativa
La muestra de todo esto se refleja en la cautela que varios partidos políticos reflejan sobre la reforma, los nuevos impuestos y la emisión de más deuda de corto plazo.
Incluso la diputada de ARENA, Ana Vilma de Escobar, confirma que ellos exigirán la aprobación de una ley de sostenibilidad fiscal “clara y con compromisos concretos” antes de dar sus votos para las Letras de Tesorería (Letes) y los otros componentes de la reforma.
“No es posible corregir el problema del déficit solo con impuestos. Es un problema de mayor dimensión que amerita una significativa revisión del gasto y cómo volverlo más eficiente en el corto plazo”, dijo De Escobar.
En ese sentido el jefe de bancada de Gana, Walter Guzmán, subrayó que su fracción “no está a favor” de la reforma planteada porque crea un problema de estancamiento económico que no profundizará en la intención del actual gobierno de llegar a un nivel de crecimiento del 3 % del Producto Interno Bruto (PIB).
“Está comprobado que cada vez que se aprueban nuevos impuestos o supuestas reformas tributarias no se soluciona el problema fiscal y se desacelera la economía, lo cual desincentiva a los inversionistas nacionales y extranjeros”, afirmó el parlamentario, quien indicó que Gana no votará por el proyecto bajo estas circunstancias.
Sin embargo, la diputada del FMLN, Lorena Peña, aun confía en aprobar durante la plenaria de hoy la emisión de Letes y apeló ayer “a la conciencia” de los miembros de los institutos políticos para que avance la iniciativa por la necesidad de liquidez financiera del Estado.
“Yo confío que los partidos no le negarán al país los recursos para su desarrollo económico y social. Seguimos cabildeando los apoyos políticos porque esta reforma es fundamental para los programas del nuevo Gobierno y para que continúen diversos programas sociales”, recalcó Peña.
Pero ante esta posibilidad la diputada De Escobar recordó que no se puede seguir con la aritmética legislativa “perversa”, lo cual a su juicio afectó mucho al país cuando se aprobaban leyes o decretos entre el FMLN Y Gana, bajo la gestión del expresidente Mauricio Funes.
“El nefasto precedente de la gestión Funes ha vuelto necesario el diálogo como el mecanismo para superar el pragmatismo político que se prestó en el pasado. Ojalá que el presidente (Salvador) Sánchez Cerén sea coherente con esa postura en este tema de la deuda”, valoró De Escobar.
Por ello ARENA insistió que tampoco dará hoy sus votos a favor de la propuesta gubernamental porque esperará revisar con mayor énfasis la propuesta del sector privado y tener más encuentros con todos los sectores productivos.
Gana recordó que varios de sus diputados han estado en las últimas reuniones donde se analizan las propuestas, pero que “siguen en desacuerdo” por considerarla impositiva y poco beneficiosa para el país.
Ambos institutos políticos le recuerdan al FMLN que debe de incluirse un componente claro para controlar el gasto. Además, en el caso del proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal, es fundamental cambiar el plazo de los compromisos gubernamentales en la materia, porque consideran “excesivos” que sean de tres a cuatro años.
La reforma tributaria además de abarcar la creación de diversos impuestos implica tasar con diversos tributos a sectores como dueños de periódicos y la clase media.