Grupos feministas han cuestionado duramente la decisión judicial que favorece al imputado, porque en vez de sentar un precedente entre los buseros y microbuseros, han premiado la impunidad en ese sector.
Para Ima Guirola, representante del Instituto Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera” (Cemujer), el hecho que terminó con la vida de Rosa María Calero de Chávez, reúne las agravantes de un feminicidio (dolo, ventaja, intención de dañar al a mujer) y como tal debió haberse juzgado.
“El feminicidio no solo es en razón de una relación de pareja, sino en los casos en que media una relación de poder”, dijo Guirola. En ese hecho se dio una relación de poder, una mujer que reclama a un motorista por el daño causado, quien en vez de responsabilizarse, decide atacarla…
“En esto se refleja una actitud prepotente del transportista, acentuada en los hombres y más, cuando se trata del sector del transporte colectivo”, aseveró la feminista.
Según Guirola, el motorista se da cuenta que la señora le reclama, pero él hace que no la escucha, se sube al bus y presiona el acelerador para expresar su prepotencia, poder y control de la situación.
Agregó que los conductores del transporte colectivo se caracterizan por dejarse llevar por la ley del más fuerte, la ley de la selva, la ley de la jungla”.
“En esto nos estamos convirtiendo como país, por los niveles de agresión, violencia y prepotencia; no solo en contra de las mujeres sino en términos generales”, subrayó.
Por su parte, Vilma de Vaquerano, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) la decisión del Tribunal Sexto de Sentencia es “muy cuestionada” porque a juicio de la Fiscalía, el conductor sabía que tenía enfrente a la señora cuando arrancó el bus.
Lo más grave de todo, dijo de Vaquerano, que este tipo de resoluciones, que favorecen al imputado, es cada vez más frecuente en los tribunales salvadoreños. El llamado es a los jueces para que cambien su forma de valorar las pruebas y evitar así la impunidad.