El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) absolvió a la junta directiva de la Asamblea Legislativa de responsabilidad en el proceso sancionatorio que le abrió para determinar si hubo uso indebido de dinero público para comprar regalos para los diputados y otros funcionarios, organizar una fiesta navideña y comprar obras de arte nacional.
Ante esa decisión, emitida el pasado 23 de mayo, Transparencia Internacional Capítulo El Salvador representada por Funde-Alac y que puso la demanda ante el TEG, expresó en un comunicado su “preocupación por el precedente negativo que marca la resolución…”.
En la resolución, el Tribunal acepta el argumento de los legisladores de que tienen discrecionalidad sobre uso de los fondos públicos asignados a esa institución que le da su “Política de Relaciones Públicas” y el Reglamento Interno de la institución (RIAL).
“Tanto pues, el Reglamento Interior como la Política de Relaciones Públicas y la existencia de una partida presupuestaria llamada Atenciones Oficiales, son producto de la discrecionalidad conferida al mencionado Órgano gubernamental”, dice el TEG.
Así, partiendo de la información obtenida de los legisladores, avala que los gastos se hicieron “de acuerdo a sus políticas internas definidas previamente y a las partidas presupuestarias aprobadas”.
Dice además que no se establece una intencionalidad o propósito deliberado de obtener lucro u otro beneficio personal o para terceros.
Tras las festividades navideñas de 2012, se supo que la directiva aprobó erogar poco más de $46 mil para financiar la fiesta navideña para los empleados y la compra de pulseras y prensacorbatas.
También trascendió que se compró pañuelos femeninos y corbatas de seda. Esto provocó una crítica generalizada por uso de dinero público para comprarse regalos. También hubo una erogación de $150 mil en obras de arte.
Los directivos argumentaron al TEG que la compra de los regalos navideños responden también a “las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo”, mientras que la adquisición de obras de arte fue para fomentar el arte nacional y fueron comprados en nombre de la nación para incrementar “el tesoro cultural salvadoreño”.
Por tato, dicen los legisladores y así lo acepta el TEG, no constituye una infracción al deber ético.
La única amonestación que le hace el TEG a los diputados es que “revisen” su reglamento interno, su Política de Relaciones Públicas y la partida de Atenciones oficiales de su presupuesto anual “a fin de precisar los límites de sus facultades discrecionales, ya que estas no son absolutas”.
Roberto Burgos, coordinador de Funde-Alac, lamentó que el TEG haya tardado casi 17 meses en pronunciarse sobre esta demanda de que se investigara si los legisladores habían hecho uso indebido de los recursos públicos.
Funde-Alac elogió la “valiente y honesta” posición de la magistrada del TEG Giovanna Vega contra de esa resolución al argumentar que “la ética pública pretende evitar este tipo de prácticas” y que en este caso “los gastos efectuados eran absolutamente prescindibles por no estar vinculados con la atribución fundamental de legislar”.