Antes de aprobarle al gobierno de Salvador Sánchez Cerén la emisión de $1,156 millones en bonos, los cuales urgió ayer le avale la Asamblea Legislativa, los jefes de fracción de ARENA, CD, Gana, y del PCN ponen condiciones como la reducción del gasto público, estrategias para mejorar la inversión pública y reactivar la economía, para evitar el ciclo de endeudamiento a través de bonos.
También la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) indicó que el Gobierno debe modificar las políticas sobre el uso de las Letras del Tesoro del Estado (Letes), la elaboración del presupuesto y el manejo de la deuda para la sostenibilidad fiscal. (Ver más detalles en páginas siguientes).
Además, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) expresa en un comunicado su preocupación de que han pasado seis días desde la última reunión que sostuvieron con autoridades del nuevo Gobierno, en donde les expusieron los inconvenientes de aplicar más impuestos y el incumplimiento del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, de presentar a la Asamblea, las observaciones que la ANEP les hizo el 28 de mayo.
“De ser ignorado este compromiso del Gobierno con el sector privado, nos preocupa que pueda afectar la generación de confianza con el nuevo Gobierno”, reza parte del comunicado de la ANEP.
Pese a esto, Cáceres llegó ayer por segunda ocasión a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, a brindar una explicación más detallada del paquete de reformas fiscales y la emisión de más deuda que el gobierno del expresidente Mauricio Funes presentó al Congreso pocos días antes de dejar el cargo.
Los legisladores escucharon con atención a Cáceres y le cuestionaron que la propuesta que él defiende puede afectar el bolsillo de los más pobres. Se trata del gravamen a operaciones financieras y bienes suntuarios, la reforma a la Ley de Imprenta y de los Libros y el incremento del 1 % al Impuesto Sobre la Renta.
Y es que la prioridad en la agenda de la Comisión de Hacienda es revisar la aplicación de los nuevos impuestos y posteriormente la ley de Responsabilidad Fiscal que el Gobierno presentó junto a las reformas fiscales, pero que fue un compromiso adquirido por Funes en 2012 a cambio de la aprobación de otros $800 millones en Letes.
A pesar de la extensa explicación de Cáceres, los diputados siguen sin convencerse de que los nuevos impuestos no afectarán a la mayoría de la población; pero, sobre todo, siguen convencidos de las deficiencias de la propuesta de Ley de Responsabilidad Fiscal.
El secretario general de CD, Douglas Avilés, dice que el plan carece de los mecanismos necesarios que le permitan al Gobierno cerrar el ciclo de endeudamiento a través de bonos. Según dijo, llegará un momento en que la deuda será insostenible ante la ausencia de medidas que reactiven el tejido productivo para pagar los préstamos.
“Queremos ver si hay mecanismos más concretos para mejorar el tejido productivo, todavía no hemos escuchado en el planteamiento ninguna propuesta clara, específica sobre qué tipo de medidas de carácter económico se adoptarían para reactivar el ciclo productivo, generar mayores niveles de inversión y dinamizar la economía, sería un complemento necesario, por esa razón no estamos listos para votar”, aseveró Avilés.
Otro de sus cuestionamientos es que, según la propuesta de ley de Responsabilidad Fiscal del gobierno, esta se ejecutaría hasta dentro de tres años, y para Avilés debe aplicarse a partir de 2015.
Pero Cáceres trató de justificar ese proceso: “La ley tiene un primer espacio de estabilización de tres años que permitirá dar espacio al crecimiento económico, la Ley de Responsabilidad Fiscal da una predictibilidad de 10 años, allí hay una primera etapa de tres años de ajuste que dará lugar a que el crecimiento se dé y otros siete años para garantizar la sostenibilidad”.
Mario Ponce, subjefe de fracción del PCN, explicó que mientras el Gobierno no diga qué porcentaje de dinero se destinará de los fondos que se obtengan de los impuestos como un ahorro para el pago de la deuda de corto, mediano y largo plazo, el PCN no está dispuesto a apoyar los bonos.
Añadió que necesitan conocer cómo el Ejecutivo piensa reducir el gasto corriente y la adquisición de más deuda.
“Queremos que contemple un alto porcentaje para amortizar la deuda, si se dice que se recaudarán $210 millones en impuestos, esperamos que por lo menos $110 millones de ese dinero se deje como un ahorro programado para amortizar la deuda pública”, sugirió Ponce.
En cambio, Walter Guzmán, secretario general de Gana, dice de tajo que no respaldarán ninguna reforma tributaria y, en el caso de los bonos, añadió que han contratado a un equipo de técnicos para que haga un análisis exhaustivo. Hoy se reunirán para evaluar si apoyan o no.
Además, Guzmán indicó que debe revisarse la Ley de Responsabilidad Fiscal con las normativas que ya existen. Al respecto, Avilés, de CD, expuso que así como está redactada la ley de Responsabilidad Fiscal del Gobierno, que no prevé medidas de reactivación económica, no se podrá cumplir, así como ocurre con otras normativas similares como la de la Administración Financiera del Estado (AFI). “Es como ponerle una camisa de fuerza” al Gobierno, reflexionó.
El jefe de fracción de ARENA, Donato Vaquerano, dijo ayer en una entrevista en el Canal 33 que se ponían a las órdenes del nuevo Gobierno y el FMLN, para buscar acuerdos para aprobar medidas que solucionen los graves problemas del país, y pidió cambiar el estilo de funcionamiento del Gobierno, pues dijo que la administración de Funes “rompió los acuerdos de sostenibilidad fiscal luego de los $800 millones”, que le fueron avalados en 2012.
En cuanto a la aprobación de los bonos y las reformas fiscales, el presidente del Coena, Jorge Velado, pidió revisar el pacto de sostenibilidad fiscal propuesto por ARENA y aprobado en 2012, porque a su juicio no se ha cumplido.
“El presidente Sánchez Cerén se comprometió en la reunión que tuvimos la semana pasada, a que iba a montar mesas de análisis para el tema de sostenibilidad fiscal”, dijo el dirigente tricolor.
En ese sentido aseguró que además de “actualizar” ese plan fiscal hay que hacer un plan de recaudación tributaria que se “distribuya mejor”.
La discusión de los impuestos a las operaciones financieras, los bienes suntuarios y la reforma a la Ley de Imprenta ocuparon bastante tiempo de los legisladores. Algunos, como Francis Zablah de Gana, advirtieron a Cáceres de que los nuevos impuestos ahogarán más a las empresas.
“Ya pagan el IVA en sus inventarios, el IVA en sus cuentas por cobrar, el pago a cuenta que hacen las empresas es del 1.75 por ciento, pagan el 30 por ciento de la Renta y el 50 por ciento de los dividendos, y a esto tienen que sumarle lo que le pagan de renta a las maras; las empresas ya no aguantan con un impuesto más”, reflexionó Zablah.