El Estado, varias ONG, los agricultores y la empresa privada están conscientes de que es necesaria una mejor gestión de los recursos hídricos para evitar que las futuras generaciones carezcan aún más de agua.
Pese a ello, sus representantes no logran ponerse de acuerdo con el contenido de la Ley General de Aguas, que permita y posibilite una eficiente gestión del recurso.
Diagnósticos e informes han advertido durante casi una década que la gestión, administración y regulación de los recursos hídricos está dispersa en El Salvador; que se necesita una autoridad que regule y gestione su uso y garantice su uso sostenible.
Pero tanto la naturaleza de esa autoridad como el enfoque de la normativa son los puntos de la discordia que no han permitido que el país tenga una Ley General de Aguas.
Mientras unos aspiran a una autoridad pública integrada por funcionarios, otros opinan que sea una autónoma, en la que también participen representantes de la empresa privada y de los usuarios.
La más reciente propuesta estatal propone que dicha autoridad sea un Consejo Nacional del Agua (CNA). Este sería una instancia pública adscrita a la Presidencia de la República y cuya coordinación estaría en manos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Esta propuesta tiene una desventaja, según Luis Felipe Trigueros de Camagro: “Si la autoridad está en manos del MARN, se convierte en algo político que cambia cada vez que se cambia de gobierno”.
Por ello, la propuesta que apoyan las gremiales aglutinadas en ANEP es la que presentaron los Regantes en marzo de 2013.
Ese proyecto propone que la autoridad del Agua sea una autónoma, siempre adscrita al MARN. Por tratarse de una autónoma, la autoridad tendría una Junta Directiva con siete integrantes: tres provenientes de entidades públicas (MARN, MAG, Comures) y cuatro de otros sectores: universidades, gremiales agropecuarias, gremiales industriales y gremiales turísticas. Este es uno de los aspectos que critican quienes afirman que lo que se busca con la propuesta de los regantes es “privatizar el agua”.
Uno de ellos es Carlos Flores, de la UNES y del Foro del Agua: “para ellos (la empresa privada) el tema es que el Ministerio del Ambiente es público y si es público no van a tener cómo intervenir. Y en la autónoma ellos tiene cómo meter la mano y cómo estar manipulando. De manera que la gestión del agua aún con la Ley siga teniendo las misma prerrogativas para la empresa (privada) que ha tenido hasta ahorita”.
Trigueros desmiente esas intenciones. Asegura que los empresarios están conscientes de que el agua es un derecho humano, que debería estar garantizado en la Constitución. Explica que la autoridad debería ser una autónoma porque eso evitaría que los vaivenes políticos cambien cada cinco años la gestión de este recurso.
La propuesta de los regantes, en su artículo 12 literal “a” afirma que la junta directiva de la autónoma tendría: “Un Director representante del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien será el presidente de la Autoridad Hídrica”. Esto contradice la teoría de Flores.
Además, el artículo 15 de la misma propuesta afirma: “No podrán ser miembros de la Junta Directiva, ni ocupar un cargo de titular de las Unidades Especializadas de la Autoridad Hídrica, los titulares de autorizaciones de cualquier tipo, ni los representantes, socios, accionistas, directores, administradores o apoderados de las sociedades que posean y soliciten autorizaciones”.
La propuesta del Foro del Agua, por su parte, acentúa el carácter público de lo que sería la autoridad del agua. En su artículo s 10 y 11 habla de establecer un Consejo Nacional del Agua (Conagua) integrado por los titulares del MARN, el MAG, el Minsal; el Minec; Relaciones Exteriores; la Anda; y tres alcaldes, “uno por cada zona hidrográfica” y electos por el director de Comures.
Diferente concepto
Pese a que tanto la diputada efemelenista Lourdes Palacios como el Foro del Agua argumentan que el punto que detiene que la discusión sobre la Ley General de Aguas avances es el de si la autoridad debe ser una autónoma o un ente público, Trigueros cree que la causa del impasse es otra.
En palabras del también director de proyectos de Camagro: “Si usted analiza la ley que ha presentado Medio Ambiente y el Foro del Agua, más o menos similares, la ley lo que hace es administrar la carencia de agua. La ley de los regantes administra el agua en función de darle sostenibilidad y sustentabilidad”.
El advierte que en país no hay carencia de agua, sino al contrario. “Tenemos 1,800 milímetros al año de lluvia”, y añade que según la empresa que está coordinando la elaboración del Plan Hídrico Nacional de Gestión del Agua, “solo estamos utilizando el 9 % del agua disponible”.
A diferencia de la propuesta del MARN y del Foro del Agua, la de los regantes se denomina “Ley sobre gestión integral del recurso hídrico”. Su enfoque, explica Trigueros, no es administrar la escasez sino “otra visión sobre como tratar el recurso hídrico para poderle dar (…) sostenibilidad y sustentabilidad. Esto a fin de que haya “agua para todos” y, en palabras de Trigueros, “que poco a poco vayamos mejorando la calidad del agua y que, por supuesto, haya una regulación que funcione, que sea aplicable”.
Leopoldo Dimas, investigador senior del Departamento de Estudios Sociales (DES) de Fusades, cree que es necesario discutir este tema aún más, pero con todos los sectores interesados. Algo que él considera que no se ha hecho. “El proyecto de Ley General de Agua ha tenido los problemas que ha tenido por una falta de gobernabilidad efectiva”, afirma. Dimas recuerda que antes de llegar a la Asamblea Legislativa, la propuesta del MARN ” solamente se discutió con ciertos sectores de la sociedad”.
En su opinión, “eso tiene sus costos” y es la razón por la que la discusión se ha estancado en la Asamblea Legislativa.
Hasta marzo de 2013, los diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático solo habían revisado 80 artículos de 178. En noviembre del mismo año, el Foro del Agua envió una tercera versión de su propuesta de Ley, “con el fin de desentrampar la paralización del proceso de análisis y aprobación” de esta. Según indican en su página web “esta versión retoma los 90 primeros artículo ya aprobados por la Comisión Legislativa”.
Mientras los políticos y los diversos sectores de la sociedad no se pongan de acuerdo para dar institucionalidad a la gestión del agua, cada época lluviosa se convierte en una amenaza para las familias que viven a orillas de ríos o al pie de laderas, mientras solo el 64.5 % de hogares tiene cañería de agua potable dentro o fuera de la vivienda, pero no les garantiza tener agua.
“Todos nos tenemos que poner de acuerdo”, reconoce Trigueros para luego matizar: “El 80 % del agua que se consume en el país es para riego”.