ESTADOS UNIDOS. Un juez de Montana derogó la mayor parte de una ley aprobada por los electores en el 2012 que exigía a las autoridades verificar el estatus inmigratorio de todos los que solicitaran servicios estatales, desde prestaciones por desempleo hasta asistencia a víctimas de delitos.
Si la persona no estaba legalmente en el país, la agencia debía entregar su nombre a las autoridades de inmigración.
El fallo es la prueba más reciente a una ley aprobada durante una ofensiva contra la inmigración ilegal en todo el país. La semana pasada, un juez federal de Utah confirmó parte de una ley del 2011 de ese estado que permitía a las autoridades verificar la ciudadanía de los detenidos por infracciones de tráfico “dentro de ciertos límites” pero derogó otras cláusulas, como los arrestos sin orden judicial bajo sospecha de ser inmigrante no autorizado.
En Montana casi 80 % de los electores aprobaron la ley estatal del 2012 en un referendo, pero no se ha implementado debido a la impugnación jurídica de un grupo defensor de los derechos de los inmigrantes.
El juez de distrito Jeffrey Sherlock, de Helena, indicó en su orden que la ley está en conflicto con leyes federales de inmigración, que tienen preponderancia sobre las estatales.
La ley, conocida como el Referendo Legislativo 121, presenta su propia definición de “extranjero ilegal”, que no existe en la ley federal, dijo Sherlock. Eso significa que los funcionarios estatales tomarían su propia decisión sobre el estatus inmigratorio, que sólo pueden tomar agentes federales autorizados, dijo.