El Juzgado Primero de Paz de San Salvador dará a conocer mañana al expresidente de la República Francisco Flores, o a sus abogados, la acusación que la Fiscalía General de la República (FGR) ha tramitado en su contra.
El Ministerio Público ha solicitado al Juzgado Primero de Paz que inicie un proceso judicial en contra del exmandatario por los delitos de peculado (apropiarse de fondos públicos), enriquecimiento ilícito (aumentar sus bienes o su patrimonio con recursos del Estado) y desobediencia.
El jefe de la unidad de Delitos Financieros y Lavado de Activos de la Fiscalía, Tobías Menjívar, manifestó que el expresidente Flores es procesado por desobediencia porque no se presentó cuando fue requerido por la autoridad y no justificó su ausencia.
La Fiscalía ha solicitado al juez que decrete detención para el exgobernante.
De hallarlo culpable por esos delitos, el exmandatario podría ser condenado a una pena de 23 años de prisión, 10 por cada delito grave y tres por el de desobediencia, explicó el jefe fiscal.
El Fiscal General, Luis Martínez dijo ayer, durante una entrevista matutina en televisión, que este caso ha sido difícil, pues se ha requerido de información de tres diferentes países: Costa Rica, Estados Unidos (Miami) y Bahamas.
Además, hubo necesidad de levantar el secreto bancario, que fue autorizado el 27 de marzo. “Por su envergadura esta ha sido una esmerada, responsable y seria investigación”, explicó.
Agregó que todo este esfuerzo no ha sido con el afán de atrasar o entorpecer la investigación: “lejos de eso hemos desarrollado quizás, en la historia, una investigación seria como la hemos realizado en otros casos”.
El Fiscal General aclaró que todavía están a la espera de las asistencias internacionales por la burocracia institucional, pero prefirieron adelantarse para no correr el riesgo de que la causa prescriba el 31 de mayo. “No hemos estado sometidos a presiones ni temores de ninguna naturaleza”, reiteró Martínez.
El Fiscal General afirmó que hay dos cantidades de dinero por las que ha sido demandado Flores; una proviene del Ministerio de Hacienda y la otra es por estimación de los peritos de la Fiscalía.
Esta última asciende a más 5.3 millones de dólares, más 10 millones que el expresidente habría recibido del Gobierno de Taiwán.
Sobre la ubicación del exmandatario, el funcionario afirmó que habló con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Perdomo, para indicarle que era necesario localizarlo.
“Esa es labor de la Policía y de ellos: la localización de él (Flores). Espero que se someta a la justicia, se le van a garantizar todos los recursos y todos los mecanismos para su defensa en los tribunales”, subrayó.
Martínez dijo que esperará que no sea necesario girar una orden de captura internacional a la Interpol y que todo se realice similar al caso CEL- ENEL, en el que todos se presentaron.
“Cuando se giran órdenes de captura los imputados huyen y el esfuerzo de la justicia se ve debilitado en ese sentido”, afirmó Martínez.
En todo caso, sería el tribunal competente el que podría solicitar la orden de captura internacional en caso no comparezca el expresidente.
La investigación aún no está terminada, sino que continúa. Aclaró que el delito de enriquecimiento ilícito vence el 31 de mayo, pero existe el delito de lavado que, aunque no está acusado por ello, no descartó que haya investigaciones en ese rumbo.
Martínez reconoció que el informe de operaciones sospechosas de lavado de dinero “lamentablemente salió de la Fiscalía”, pero no influyó en el inicio de la investigación, porque este arrancó el 7 de octubre del año pasado, fecha en que fue abierto el expediente.