En una evaluación que hace sobre el tema de la seguridad durante la administración de Mauricio Funes, el exdirector de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), comisionado de la Policía Jaime Vigil -ahora consejero principal de Policía de la ONU- asegura que estos últimos dos años se caracterizaron por “la mayor cantidad de improvisaciones y desaciertos en la seguridad pública por la falta total de visión y conocimiento sobre el tema”.
Agregó que “los errores fatales fue el de pactar con criminales y el de nunca apostarle al fortalecimiento del sistema de seguridad pública”.
Sostuvo que “el presidente Funes nunca pudo dotar al país de una política pública de seguridad ciudadana, las instituciones del sistema nunca avanzaron en cuanto a desarrollo institucional, más bien todo lo contrario, retrocedieron enormemente, al grado tal de que la imagen de la Policía está mucho peor de cómo se encontraba el inicio de la gestión presidencial en el 2009”.
Señala, además, que la “violencia e impunidad con que ahora se cometen los hechos delictivos han aumentado la sensación de inseguridad, la PNC y otras instituciones de seguridad pública entraron en una dinámica de conducción política ideológica, acción muy grave para instituciones que constitucionalmente están llamadas a mantenerse profesionales y al margen de tales posturas políticas”.
A juicio del comisionado Vigil, quien ahora se desempeña como consejero policial de Naciones Unidas en Haití, la administración Funes estuvo marcada por no querer reconocer los aciertos que se hicieron en el pasado e “hizo de la crítica y la jactancia su principal eje de acción”.
Además condujo la seguridad ciudadana con sendas y costosas campañas mediáticas para querer aparentar de que se iba en el rumbo del cambio que prometió y hubo una ausencia de orientación estratégica en su gestión y, lo que es más delicado a juicio de Vigil, es que hubo un sesgo político en la conducción de las instituciones que deben de garantizar la seguridad ciudadana.
“Ha generado acciones de improvisación (y hasta de desesperación), aumento de los indicadores de violencia y delincuencia, fortalecimiento de las estructuras criminales y una total descoordinación entre las instituciones relacionadas a la seguridad ciudadana y a la justicia”, señala Vigil.
Asegura el comisionado Vigil que ninguno de los tres gabinetes de Seguridad tuvo claro de que si no se mejora el sistema de seguridad ciudadana, si no se atacan los verdaderos factores de riesgos, si no se fortalece la inteligencia policial, si no se le apuesta a la verdadera profesionalización del personal policial, difícilmente se podrá salir del grave problema de violencia.
“El Salvador necesita de manera urgente desafiar lo que hasta ahora ha sido el dogma político predominante y la visión de las autoridades responsables de la seguridad pública”, sostiene Vigil.
Agregó que “ya es tiempo de dejar de utilizar paradigmas obsoletos y de culpar de todo a lo hecho por los gobiernos anteriores, y ponerse a trabajar seriamente en verdaderas políticas públicas”.
Responsabiliza al gobierno de Funes de haber estropeado, en los primeros 18 meses de su gestión, los 13 años de esfuerzos institucionales por construir un sistema de estadísticas de homicidios entre la Fiscalía, Policía y Medicina Legal, al negarse las autoridades policiales a avalar las cifras de crímenes de la Mesa Técnica.
También cuestiona que las actuales autoridades de la Policía hayan centralizado la investigación que “ha dejado débiles” a algunas unidades elites de investigación que anteriormente tuvieron un rendimiento aceptable. Este experimento fue sugerencia de exintegrantes de la Policía de Nicaragua, según Vigil.
También señala la marginación que han vivido jefes, oficiales y agentes al no ser tomados en cuenta con sus aportes en la solución al grave problema de criminalidad que vive el país.
También denuncia que las jefaturas y cargos importantes han sido asignados por ser afín a la ideología del partido oficial y no por capacidad.
Reconoce como importante el aporte de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública en apoyo a la Policía, pero cuestiona que “mantener a la Fuerza Armada en el mediano y largo plazo no permitió nunca avanzar en el fortalecimiento de las instituciones constitucionalmente encargadas de prevenir y perseguir el crimen y la violencia”.
Perdomo rechaza cuestionamientos
El ministro de Seguridad Ricardo Perdomo dijo que respetaba todas las críticas a su gestión, porque según él, las críticas sirven para mejorar la labor que se hace, pero dijo que no comparte los cuestionamientos de que este gobierno no tenía una estrategia definida de combate de la criminalidad.
“Es totalmente falso decir que este gobierno no tenía una política y una estrategia de seguridad, existen no solo los documentos, sino los hechos, acabamos de dar los resultados y son cifras oficiales comprobables y comprobadas”, dijo Perdomo. Aseguró que este gobierno le dio una atención prioritaria al combate de las pandillas y del crimen organizado.
Horas después de haber asegurado de que los homicidios han tenido una tendencia a la baja, en Lolotique, San Miguel, el propietario de una empresa de terracería y dos de sus empleados fueron asesinados por pandilleros. Fueron identificados como Misael Henríquez, de 38, Nelson Lizama, de 26, y un tercero solo conocido como Moisés.
“Ha habido una tendencia de una disminución paulatina, pero no solo vemos los homicidios, tenemos una estadística de la eficacia policial que comprende todos los delitos y la tendencia ha sido a la baja, el problema está en que no se quiere ver esas cifras, hay también un problema de percepción”, dijo Perdomo.
Exfuncionarios y analistas en temas de seguridad coincidieron ayer, en distintos programas de opinión, que el incremento de los homicidios en las últimas semanas obedece a que las pandillas buscan presionar al nuevo gobierno para que puedan “negociar” los antiguos privilegios que tenían los cabecillas de esos grupos en las cárceles.