Cámara confirma embargos contra italiana Enel

Cámara 1º de lo Penal rechazó la apelación que la defensa presentó contra los embargos a Enel.

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El gobierno de los Estados Unidos acusa a cinco militares chinos por su participación en el robo de secretos que pueden valer miles de millones de dólares. foto edh / ap

Por Jaime López sucesos@eldiariodehoy.com

2014-05-19 7:00:00

La Cámara Primero de lo Penal de San Salvador rechazó ayer la apelación que los abogados defensores de la sociedad Enel Green Power El Salvador presentó contra el embargo que el Juzgado Séptimo de Paz le impuso por la suma de 948 millones 359 mil dólares.

El embargo a la firma italiana representa el 36 por ciento de la totalidad.

El tribunal superior también declaró inadmisible, el recurso presentado contra el embargo a los bienes de José Vicente Machado por más de ocho millones de dólares.

Este tipo de demandas, aseguraron los fiscales del caso, no admite apelación, de ahí el resultado de la Cámara, explicaron los fiscales del caso.

Con este resultado, los embargos ordenados por el Juzgado Séptimo de Paz y el proceso judicial contra los implicados sigue igual.

El 11 de abril pasado el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador giró las órdenes a las instituciones financieras, registros de la propiedad y de vehículos, entre otras instituciones, para iniciar el proceso de embargos solicitado por el Ministerio Público el 6 de abril.

La Fiscalía solicitó embargar los bienes de los imputados en el caso CEL-Enel por 2 mil millones 107 mil 466 dólares a nueve de los involucrados.

El presidente para Latinoamérica de Enel Green Power, Maurizio Bezzeccheri, calificó de “expropiación” los embargos que decretó el Juzgado Séptimo de Paz.

“Esto es un tema que pone en duda la seguridad jurídica de El Salvador. Para los inversionistas extranjeros, la seguridad jurídica es uno de los elementos fundamentales para invertir en un país”, reflexionó Bezzeccheri.

Con estos embargos, la Fiscalía pretende que los bienes de los imputados nos sean vendidos ni traspasados a terceros y de esa forma; no vayan a responder al Estado, en caso haya un fallo condenatorio en un eventual juicio.

La Fiscalía solicitó a la jueza Séptimo de Paz que decrete detención provisional contra nueve acusados; sin embargo, el tribunal al final decidió continuar el proceso judicial en contra de los señalados pero en libertad condicional. A todos les impuso medidas como presentarse cada 15 días a firmar al Juzgado 7º de Instrucción.