Los propósitos para resolver los problemas de contaminación y deterioro de recursos naturales, como los ríos y la vida silvestre, se quedaron en el papel y no pasaron a las acciones. Así es como resumen lo hecho por la actual gestión gubernamental en lo que se refiere al medio ambiente la Unidad Ecológica Salvadoreña (Unes) y la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
Leopoldo Dimas, investigador senior del Departamento de Estudios Sociales de dicha fundación, recordó que la actual gestión elaboró y presentó varias políticas, planes y estrategias a lo largo de cinco años, prácticamente una cada año.
En 2009 se difundió el documento “Visión estratégica 2009-2014 y acciones iniciales”. En este se planteaban tres grandes objetivos y cuatro temas prioritarios: los riesgos socioambientales, la contaminación, la energía y la gobernanza territorial.
También se planteó llevar a cabo procesos como la descontaminación de los ríos Acelhuate, Sucio y Siquiapa, y la desconcentración del MARN en delegaciones regionales, entre otros objetivos.
Once meses después, el Ejecutivo hizo público el Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014, que decía plantear las prioridades y las metas del Gobierno ahora saliente. Este plan afirmó que las líneas de trabajo y acción serían: la reducción de los riesgos socioambientales; un sistema de evaluación ambiental; la gestión hídrica y el ordenamiento ambiental del territorio; la protección de ecosistemas; la prevención y el control de la contaminación; el manejo integral de los desechos; el apoyo a la gestión ambiental local y territorial; y el cambio climático.
Cada año, al presentar estrategias, políticas y balances, las prioridades y las acciones ofrecidas o realizadas resultaron ser diferentes. Por ejemplo, de 2009 a 2010 desapareció el tema de energía.
Tras esta relación de hechos, Dimas afirma: “Lo que hemos encontrado es que no existe claridad y coherencia en las prioridades y en metas de corto, de mediano y de largo plazo. También hay ausencias de acciones concretas de política pública”. Es decir, ha habido una “brecha entre los documentos y las acciones tangibles”.
Ángel Ibarra Turcios, de la Unes, opinó de forma similar días antes de que se anunciara su nombramiento como viceministro de Medio Ambiente en el próximo Gobierno. En sus palabras: “Hace falta pasar de la elaboración de políticas a la implementación de acciones”.
Cuando se le preguntó, vía correo electrónico, ¿cuáles son las deudas con el Medio Ambiente del actual Gobierno?, Nathan Weller, director de Políticas y Programas de EcoViva, reconoció que la Estrategia Nacional de la Zona Costera Marina “es un logro innovador y sin precedente”. Pero advirtió que se necesitará profundizar “en cuanto a todos los actores (…), tanto (del sector) público como (de) su liderazgo, para estimular la participación privada en el desarrollo sostenible”.
El Diario de Hoy hizo esta y otras preguntas a representantes de distintas organizaciones que trabajan temas ambientales, pero Weller, Ibarra y Dimas fueron los únicos que aceptaron hablar sobre el tema.
Weller señaló como otro punto positivo el Programa de Restauración de Ecosistemas y Paisajes (PREP).
Este programa figuró en el documento “Balance 2009-2013 Proyecciones MARN” como uno de “los grandes aportes” de la actual gestión.
Además, se mencionó ahí la “consolidación de la red de monitoreo de amenazas naturales” que, según recordó Dimas, es el resultado del esfuerzo acumulado de lo que un día fue el Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) y que la actual gestión rebautizó como Observatorio Ambiental.
Ibarra Turcios, por su parte, señala como un aspecto positivo el hecho de que la actual gestión “no haya otorgado nuevos permisos de exploración y de explotación minera”. No obstante considera que esto “es insuficiente”.
Según él, aún falta que el MARN haga cumplir las normas ambientales existentes.
Además, asegura, no se ha hecho “ninguna acción significativa para resolver la crisis hídrica” que vive el país.
La “falta de coherencia”, que señala Dimas, ha sido evidente en el tema agua. En marzo de 2010, el ministro Hernan Rosa Chávez aseguró que no había necesidad de una Ley de Agua: “Tenemos suficiente normativa, suficiente legislación, las distintas carteras del Gobierno tienen mandatos muy fuertes. Consideramos que ya hay un mandato que hay que seguir. Cuando uno examina la Ley del Medio Ambiente ve que de alguna manera ya exige acciones muy importantes”.
Sin embargo, en marzo de 2012, el Ejecutivo a través del ramo de Medio Ambiente envía su propuesta de Ley General de Aguas a la Asamblea Legislativa. Una propuesta que viene a sumarse a las que ya habían sido presentadas por varias organizaciones y cuya presión no ha sido suficiente para impulsar un ente descentralizado que gestione el recurso hídrico.
En fin, el gran aporte de la administración de Funes en cuanto a medioambiente, según la Unes y Fusades, fue presentar propuestas.
“Hay una ausencia de establecimiento de prioridades, no existe claridad y coherencia”, concluye Dimas.