La decisión de Mauricio Funes de permitir la coexistencia de instituciones bajo el mismo techo de Casa Presidencial (Capres) es, más allá de una cuestión política, un problema de eficiencia y de competencias que no se traduce en el ejercicio de una mejor gestión pública.
El ejemplo más evidente en los últimos años ha sido el de la Secretaría de Cultura (Secultura), una instancia que cerrará el ejercicio 2009-2012 con gastos estimados en $82 millones pero que está sumergida en una crisis institucional donde artistas, sindicatos y otras actores no ven resultados a favor de este importante tema.
Por lo tanto Capres ya no solo es una institución gestora y de planeación: también de ejecución, pero sobre la base de la centralización y el filtro directo del presidente o la primera dama, Vanda Pignato.
En este sentido el tema de la transparencia de los gastos sigue siendo un enigma porque Capres mantiene reserva hasta 2017, argumentando “seguridad nacional”, lo cual ha sido muy criticado por opositores y analistas que incluso han dicho que la partida secreta es ilegal e inconstitucional.
Y por ello instancias como la Secretaría de Asuntos Estratégicos e Inclusión Social, con sus respectivas unidades secundarias de ejecución, erogaron más de $20 millones en el ejercicio 2013, lo cual es parte de $159.26 millones en gastos, cuando la Asamblea solo aprobó $125.32 millones.
Hay que recordar que Funes emplea los beneficios de la cláusula en la Ley de Presupuesto que permite al Ministerio de Hacienda transferir a la Presidencia el dinero no utilizado de todos los meses por otras instituciones del gobierno, gracias a la cuenta de “gastos imprevistos”, que está dentro del rubro de bienes y servicios, de donde se sustrae la partida secreta.
Así, economistas han afirmado en reiteradas ocasiones que un pacto de sostenibilidad fiscal servirá “de poco” si no se controla el flujo de ingresos y egresos de Capres y de todo el ejecutivo, tomando en cuenta que no solo el fondo general es la vía principal de ingresos, sino que también prestamos de organismos internacionales y agencias cooperantes.
Lo del gasto de publicidad y comunicaciones es un elemento clave dentro de la partida de gastos de la Presidencia, sobre todo porque en años electorales como 2009 (gestión Saca) y 2012 (Funes) se desembolsó $17.2 millones y $16.1 millones.
También entre junio y octubre de 2009 Funes gastó $1.7 millones en concepto de propaganda y se hicieron precompras de pauta en diversos medios de comunicación por $4.18 millones a través de la agencia Polistepeque, empresa del exasesor de campaña del FMLN, Joao Santana.
Lo que queda bastante claro, después de la actual presidencia es que el tema de egresos y uso discrecional de fondos tiene que replantearse, sobre todo por los costos al país y la perdida de inversiones sociales, entre otros aspectos.