El fiscal Óscar González, de la Unidad contra el Crimen Organizado, señaló que no se les permitió decomisar documentación que relaciona a oficiales de alto rango en el posible delito de tráfico de armas debido a que el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, ordenó a jefes de cuatro guarniciones militares no permitir que la Fiscalía General de la República (FGR) efectuase el decomiso de los documentos.
González aseguró: “Tengo que decir que acá no se pudo llevar a cabo el registro, no se pudo incautar, más bien logramos ingresar y logramos incluso identificar la documentación que nos teníamos que incautar. Pero no se nos permitió llevárnosla porque el encargado jefe del Registro (de Armas) adujo que recibió órdenes verbales del general David Victoriano Munguía Payés, para que nos retiráramos del lugar, quien a su vez dijo transmitir órdenes del presidente de la República, Mauricio Funes Cartagena. Eso es lo que se nos dijo”.
Con órdenes judiciales, la FGR inició ayer en la mañana los allanamientos en once guarniciones militares en las cuales pretendía identificar e incautarse de documentos que podrían probar el involucramiento de altos jefes militares en tráfico de armas.
Los recintos militares donde no se les permitió la entrada o el decomiso de tales documentos, según el fiscal González, son: la Brigada Especial de Seguridad Militar, el Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, la Oficina del Registro de Armas y la División de Logística del Ministerio de la Defensa.
El fiscal dijo que no podría revelar identidades de militares involucrados en tráfico de armas debido a que la investigación tiene reserva total.
De acuerdo con la Fiscalía, no se pudo utilizar la fuerza para ejecutar el mandato judicial de decomiso de la documentación debido a que, por ser recintos fiscales, los policías que los acompañaban tuvieron que dejar sus armas en la entrada.
González dijo que investigarán si efectivamente se dio la orden por parte del general Munguía Payés. Orden que, según el fiscal, emanaba del presidente de la República.
González cree que el comportamiento de los militares constituyó “una clara obstrucción de la justicia y desobediencia a un mandato judicial”, por lo que se procederá conforme a la ley para deducir las responsabilidades.
En los últimos años, varios militares, incluyendo a jefes de alto rango, han sido señalados de comercializar explosivos con grupos de narcotraficantes mexicanos.
Entre esos oficiales están el Mayor Élmer Espinoza Hércules, quien en marzo anterior fue acusado por la FGR ante el Juzgado de Paz de Coatepeque, Santa Ana.
A este militar se le acusó de ser el responsable de haber escondido 213 granadas antitanque M90 y un cohete Sam 7; armas descubiertas en octubre pasado en un terreno privado en el kilómetro 51 de la carretera hacia Santa Ana, en la jurisdicción de El Congo.
Anoche, mediante el boletín de prensa No. 83, la Fuerza Armada sentó posición sobre lo afirmado por la FGR.
La institución castrense dijo que los fiscales se habían comportado de manera prepotente. Incluso señaló que el fiscal Luis Montes tomó una actitud burlesca, mofándose de la figura del presidente de la República, quien es comandante general de la Fuerza Armada, lo que consideraron un agravio.