LA UNIÓN. La alcaldía de Pasaquina enfrentará problemas financieros para el pago de empleados, proveedores o proyectos, si el Juzgado de lo Civil, de Santa Rosa de Lima, hace efectiva la orden de embargo en contra de la comuna por haber incumplido contratos con dos empresas constructoras.
La resolución, emitida en febrero pasado, ordena a la comuna de Pasaquina el pago a los demandantes por incumplimiento de contrato.
El alcalde, Nelson Urías, dijo que le preocupa el proceso de embargo porque podría afectar la funcionalidad de la comuna si las empresas no aceptan el pago por cuotas.
“Al rato nos embargan, y si llegan a embargar los fondos de funcionamiento estarían afectando la parte administrativa de la alcaldía desde los pagos de empleados”, dijo.
Las obras por las que la comuna fue demandada son la supervisión y construcción del puente que conecta Pasaquina y Santa Rosa de Lima, la remodelación de la alcaldía y la construcción de la casa comunal del cantón Agua Agria.
Confirmó que ya entregaron al tribunal de lo Civil el listado de los bienes y las cuentas de la comuna.
Se trató de conocer el ingreso que la alcaldía percibe mensualmente en concepto de tasas e impuestos municipales, pero el edil dijo desconocer los montos exactos pese a que es parte del funcionamiento de su comuna.
Les quitarán lo que sea
Los proyectos fueron ejecutados bajo la gestión del exedil Odir Ramírez; pero la demanda fue presentada contra el concejo municipal actual, que son quienes se han negado a cancelar la deuda que rondaba inicialmente los 70 mil dólares.
“Le podemos quitar los bienes, el fondo Fodes, incluso hasta el presupuesto del otro año, o embargarles las cuentas bancarias; tengo conocimiento que el juzgado ordenó que le informaran de los bienes y las cuentas que posee la municipalidad para hacer efectivo eso”, aseguró el apoderado legal de las empresas demandantes, Gustavo Adolfo Benítez.
El proceso inició en el juzgado de lo Civil de Santa Rosa, donde las empresas reclamaron el pago de la ejecución de las obras; pero la actual administración, bajo el mando de Urías, rehusó cancelar bajo el argumento que los contratos y acuerdos se firmaron seis meses antes de las elecciones municipales de 2012, algo que la ley prohíbe.
Sobre el tema, el edil dijo que “no queda de otra que acatar el fallo que la CSJ ha dado a favor de las empresas”.
Urías sostuvo que no fue justa la decisión de los tribunales correspondientes porque los proyectos tuvieron irregularidades, entre ellas, se tomaron acuerdos durante el periodo de elección; además, de no encontrar documentación que amparara que dichas obras se adeudaban.
La comuna apeló los fallos del tribunal Civil ante la Cámara de Segunda Instancia, de San Miguel, y esta ratificó las resoluciones emitidas por el referido tribunal.
La municipalidad interpuso un recurso de Casación ante la Sala de lo Civil de la Corte Suprema, pero su decisión avaló el fallo ya dictado.
EDH publicó el 28 de marzo de 2011 sobre las demandas al concejo de Pasaquina.
Una de las demandas la hizo una empresa constructora por incumplimiento del contrato del proyecto de construcción de un puente sobre el río Pasaquina.
El monto inicial de la obra fue de 265 mil 660 dólares, cantidad que, según la demanda, fue cancelado por la municipalidad.
Sin embargo, la obra necesitó trabajos adicionales, para lo cual la comuna y la empresa modificaron el contrato de ejecución.
Esos ajustes constan en el Acuerdo Municipal número 11, tomado por el alcalde de ese entonces, Héctor Odir Ramírez, y su concejo municipal.
La fecha del acuerdo es el jueves 26 de abril de 2008; entonces se determinó que harían las obras adicionales y aprobaron la orden de cambio por la cantidad de 51 mil 389 nueve dólares.
Esos trabajos fueron finalizados el 15 de abril de 2009 y, ese mismo día, ambas partes firmaron el acta de recepción de la obra.
La otra demanda se registró por problemas en el proyecto de infraestructura de la casa comunal del caserío Agua Fría, del cantón Valle Afuera.
La inversión fue de 52 mil 955 dólares y su ejecución inició el 13 de agosto de 2007, también bajo la administración edilicia de Ramírez.
Según el proceso, la comuna realizó un anticipo de pago y tres de estimaciones, cancelando un total de 44 mil 869 dólares, quedando pendiente el pago de ocho mil 86 dólares. La finalización del trabajo, según acta de recepción, fue 28 de diciembre de 2007.