Mauricio Funes será al final de su mandato un presidente que ha mostrado conductas antidemocráticas y que ha sostenido una relación de “agresividad” con opositores políticos y la empresa privada, de acuerdo con el informe sobre el quinto año de Gobierno del mandatario elaborado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
“Lejos de convertirse en un factor de diálogo y consensos políticos, (Funes) ha generado mayores grados de confrontación y división en la sociedad salvadoreña”, reza el documento.
De acuerdo con el tanque de pensamiento, de 2011 a 2014 el presidente obró en contra de la democracia en cuatro vías: intentos de desarticular la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, descalificación a sus críticos, obstaculización a la transparencia y acceso a la información y “la intervención estatal” en materia electoral.
En el primer aspecto, de acuerdo con Fusades, se destaca el aval exprés que le dio el presidente saliente al decreto legislativo 743, que buscaba amarrar a la Sala de lo Constitucional obligándola a emitir sentencias con la mayoría de sus integrantes.
En segundo lugar, el informe resalta que Funes emprendió descalificaciones contra los magistrados de la Sala que luego llevó a los hechos respaldando iniciativas de la Asamblea de trasladar a los magistrados a otras salas, así como su negativa a publicar resoluciones en el Diario Oficial.
Fusades también detalla otros casos donde considera hubo intolerancia por parte de Funes, entre ellos la destitución del ex coordinador del FMLN, Fabio Castillo, de una comisión asesora en Cancillería, así como a representantes de la empresa privada y de partidos políticos que le han cuestionado por su gestión.
En el tercer aspecto, Fusades señala que ha habido obstáculos para el acceso a la información provocados por la Presidencia de la República en distintos niveles. Entre ellos, aseguró, está el atraso en la emisión del Reglamento de Acceso a la Información, el rechazo de las ternas de los candidatos a comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y los obstáculos presupuestarios para su funcionamiento.
En cuarto lugar, Funes también deterioró la democracia, señala Fusades, a través de declaraciones en medios de comunicación, publicidad estatal y su programa radial de los sábados, violando la Constitución, la ley electoral y las resoluciones de la Sala de lo Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para “utilizar las instituciones y los recursos públicos a favor del partido de gobierno, promoviendo el continuismo en el Ejecutivo y criticando al principal partido de oposición”, destaca el informe.
Asimismo, el análisis hecho por el tanque de pensamiento refleja una conducta antidemocrática por parte del mandatario relacionada con “la instrumentalización de la acusación de delito para neutralizar a sus opositores políticos”.
A lo que se refiere es a que, en varias ocasiones, el mandatario ha “trasladado discusiones políticas al campo penal”, criminalizando políticas públicas de administraciones anteriores.
“Las acusaciones del mandatario contrariaron el principio constitucional de presunción de inocencia e incluso de la autonomía de la Fiscalía, de forma pública, para que iniciara la persecución penal en diversos casos”, señala el informe.
Otro de los puntos que señala Fusades es el uso que el mandatario hizo de los fondos públicos para hacer campaña proselitista, lo que el centro de pensamiento llama “ventajismo oficial” a favor del partido de gobierno, pese a resoluciones de la Sala de lo Constitucional que impedían esta práctica.
En ese sentido, el informe señala que el TSE se mostró cómplice del mandatario a lo largo de la campaña, ya que no emitió condena alguna con respecto a las declaraciones de Funes en favor del partido de gobierno durante las pasadas elecciones presidenciales.
“Sin embargo, dicha intervención se profundizó en los meses siguientes a través de spots televisivos que hacían aún más explícita la propaganda de Casa Presidencial a favor del partido de gobierno y, por ende, las exigencias al Tribunal de controlar tales conductas adquirieron mayor fuerza, obligando al TSE a sancionar al presidente como se mencionó en un inicio”, sostiene el análisis de Fusades.
“No he sido hostil”
En su penúltimo programa radial de los sábados, el presidente saliente manifestó que no ha mantenido una actitud confrontativa contra el empresariado.
“Este gobierno no ha sido hostil a los empresarios. Este gobierno ha tenido enfrentamientos con dirigentes de algunas cámaras empresariales. Nosotros no hemos perseguido empresarios, ni creado un clima de persecución contra empresarios”, dijo en respuesta a Fusades.
Pese a eso, el presidente saliente dijo que no sabía porqué le mandaban a un “empresario poeta” y que en reuniones con empresarios estos le habían manifestado que no se reuniera con “empresarios fracasados”.