Si se aprueba la reforma fiscal propuesta por el Ministerio de Hacienda, el Gobierno podrá iniciar procesos en la Fiscalía contra ciudadanos por errores en sus declaraciones, escarnecerlos publicando sus nombres como presuntos evasores, negarles el debido proceso y se abrirá la puerta para intentar manipular la libertad de expresión con procedimientos discriminatorios o arbitrarios contra los medios independientes.
Así lo denunciaron diputados de los partidos ARENA, PCN y PDC al rechazar en la Asamblea Legislativa el paquete de reformas planteado por el Ministerio de Hacienda y que no tuvo los votos ayer para ser aprobado.
El diputado Rodolfo Parker, del PDC, fue el que más claramente enumeró las arbitrariedades que propicia el proyecto y que denominó como “instrumentos de persecución política” porque eventualmente pueden servir para perseguir a la oposición o al que no comulgue con el régimen de turno.
A juicio de Parker, quien es abogado de profesión, el gobierno de Funes intenta establecer un nuevo “delito fiscal” para penalizar a priori, cuando ya se tiene un delito de evasión fiscal.
“Si el Ministerio de Hacienda considera que alguien que no elaboró bien sus declaraciones, dejó de pagar algo, entonces le mandan a traer preso”, ejemplificó el legislador.
Según Parker se busca penalizar al contribuyente, es decir, condenarlo sin antes haber sido vencido en juicio, enfatizó.
“Cuando una persona ha sido señalada por un problema fiscal, mientras no haya una sentencia definitiva sobre su caso, en principio, debe presumirse inocente”, destacó Parker. No obstante, esa presunción de inocencia desaparecería con las reformas.
Además, explicó Parker, se le niega al contribuyente el derecho a acudir a todas las instancias jurisdiccionales para que pueda hacerse de un proceso penal justo, que empieza por hacer un reclamo en el tribunal de apelaciones de Hacienda y, si el fallo es adverso, acudir a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“¿Y a qué lleva eso? A que, entonces, nadie va a tener, como empresario, como entidades productivas, estabilidad, tranquilidad, porque por cualquier error, pues te mandan a traer. Entonces, eso no es una reforma fiscal, eso puede prestarse para otro tipo de cosas”, agregó Parker.
Incluso, si se aprueba la reforma el Gobierno podrá publicar la lista de quienes considere “presuntos evasores”, para escarnecerlos sin respetarles el debido proceso o el derecho a defenderse y a la presunción de inocencia.
Restarán facultades a CSJ
Parker explicó que también la reforma coarta el derecho de los ciudadanos a recurrir a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema para obtener una solvencia tributaria mientras las instancias judiciales no hayan demostrado su culpabilidad. “Se mutilarían facultades de la Corte Suprema”, advirtió Parker.
Estas disposiciones violan derechos constitucionales y podrían presentarse recursos en la Corte Suprema contra ellas, agregó.
“Control de medios”
Pero lo que también generó ayer la descalificación de los diputados fue la reforma a la Ley de Imprenta, que a juicio de Parker, realmente “no será un impuesto a la impresión de libros o periódicos, sino a la independencia de un medio, lo cual es indispensable para el libre juego de ideas y críticas.
Parker exigió que los impuestos no sean utilizados como herramientas de control que restrinjan la opinión de los ciudadanos y su derecho a la libre expresión y a estar debidamente informado.
El diputado explicó que no es cierto que los medios y sus dueños no pagan impuestos.
Pero la reforma, explicó, deja abierto a que se pueda cobrar cualquier tipo de impuestos con la discrecionalidad que puede llegar a convertirse en arbitrariedad sobre qué productos califican como exentos de impuestos.
El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, negó que se quiera imponer censura a los medios, sino que se busca “equidad tributaria”, dijo. (Ver nota aparte).
“Repito, los accionistas, las personas, ya pagan impuestos: Entonces no entendemos por qué se está pretendiendo tocar la Ley de Imprenta”, reclamó Parker, por su parte.
“Al final, los afectados seríamos todos”, enfatizó.
Margarita Escobar, de ARENA, advirtió ante el pleno que van a estar atentos para que el derecho a la libertad de expresión no vaya a ser trastocado bajo la figura de un impuesto.
Roberto d’Aubuisson, del mismo partido, recordó que en regímenes de corte socialista como Venezuela y Cuba ha sido una constante el ataque contra los medios de comunicación. “Ya no es un tema fiscal, ya no es un tema de recursos, es un tema de ataque a los medios de comunicación, orquestado, preparado y malintencionado”, dijo.
“No es una corona y un favor para nadie, es simplemente un incentivo para que sean medios independientes y que le lleven conocimiento a los salvadoreños”, explicó.
“Allá en Venezuela no les dan dólares para que compren el papel, aquí le quieren encarecer el periódico para que nadie lo compre; al final el efecto es el mismo, salen de circulación” , ejemplificó.
En seguida, Mario Ponce, del PCN, dijo esperar que no sea un ataque a la libertad de expresión y que analizarán detenidamente la propuesta de reforma.
“Si (esta reforma) es para lograr mayor recaudación, no solventan el problema fiscal del país; si es por la vía de querer callar a los hombres y mujeres de la prensa, el PCN tampoco se va prestar para eso”, advirtió.
“No creo que con ese impuesto al papel van a resolver un problema de tipo financiero que tiene el país. No es la gran cosa que este impuesto podría recolectar para resolver un problema. Aunque fuera para resolver el gran problema de hueco fiscal o del portillo fiscal que tiene el Estado, no podemos ni debemos perder un derecho fundamental que tenemos todos los salvadoreños, que es la libre expresión a través de la prensa escrita”, subrayó.
Pero Rolando Mata, del partido de gobierno FMLN, aseguró que no se trata de ningún atentado contra la libertad de expresión, sino que es una reforma tributaria a los propietarios de imprenta.
“Estamos hablando de una reforma tributaria, es una propuesta de reforma a la ley de imprenta y del libro y no se está refiriendo al derecho de la libertad de expresión ni mucho menos a la libertad de información”, aseveró.
“La propuesta lleva por objeto grabar las utilidades que los dueños de las empresas de imprenta o de los que están en el servicio de distribución y venta de libros reciben cada año, son los socios de la empresa, no se graba ninguna operación ni servicio de la imprenta o de la empresa distribuidora de publicaciones”, agregó Mata.
Parker pidió posteriormente que se abra un a mesa para discutir de manera pública y transparente estas reformas. “Lo que buscamos no es decir: ‘No se apruebe nada’, sino que sean rediseñadas las reformas, que se impida que se vaya a afectar a los pequeños empresarios y a la clase media y por otra parte que no vayan a quedar herramientas abiertas que puedan llegar a niveles de persecución política”, remarcó.