El Gobierno de Estados Unidos calificó ayer al empresario hotelero José Adán Salazar Umaña como “cabecilla del narcotráfico”, para lo cual tuvo que ampararse en la Ley de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, conocida como Ley Kingpin.
En un informe enviado por el presidente Barack Obama al Congreso estadounidense, se pide sanciones económicas contra los bienes de Salazar Umaña bajo la referida Ley; así como contra los supuestos narcotraficantes Francisco de Fátima Frederico Barros, oriundo de Cabo Verde, África; y el colombiano Víctor Ramón Navarro Cerrano.
“Transmite mis denominaciones de los tres individuos extranjeros siguientes, según corresponda a sanciones bajo la Ley de Cabecillas e informa de mi dirección de las sanciones en su contra, en virtud de la Ley”, señala la carta presidencial.
La Ley Kingpin entró en vigor en 1999 y le sirve a las autoridades estadounidenses para poder congelar los bienes y activos que tengan los narcotraficantes extranjeros en Estados Unidos.
Está basada en otra ley estadounidense que se promulgó antes (de bloqueo de activos y prohibición de transacciones con traficantes conocidos de narcóticos), pero que tuvo éxito contra los cárteles de las drogas ilícitas en Colombia.
Defensa: dispuesto a aclarar señalamiento
El Diario de Hoy trató de contactar con Salazar Umaña para conocer su posición, pero solo hubo comunicación con su abogado Salvador García Dheming.
El abogado aseguró que enviarán una carta a la embajadora de Estados Unidos Mari Carmen Aponte, donde Salazar pide se le dé la oportunidad de aclarar y colaborar con cualquier investigación de las autoridades estadounidenses y que está “dispuesto a presentarse por voluntad propia para aclarar o desvanecer cualquier duda que tengan sobre mi persona”.
Agregó que no existe ninguna investigación en contra de Salazar y que la “Unidad Antinarcotráfico nos extendió una constancia, por medio de la cual manifestaba que contra José Adán Salazar Umaña no había ninguna investigación”.
Explicó que el congelamiento de los bienes que pretenden las autoridades estadounidenses, solo es válido en aquel país, pero él tiene todos sus bienes en El Salvador y no le afectaría en ningún momento.
Salazar Umaña, quien es propietario de varias gasolineras y dos hoteles situados en San Salvador y Santa Ana, fue señalado por el ministro de Justicia y Seguridad Pública Ricardo Perdomo como uno de los “principales cabecillas del cartel de Texis” que supuestamente opera en la zona Occidental del país.
A principios de abril pasado, las autoridades fiscales le allanaron al menos cinco propiedades en busca de información financiera contable que le permitiese a la Fiscalía, confirmar una supuesta evasión fiscal de parte de Salazar Umaña.
El fiscal Luis Martínez dijo en esa oportunidad, que tenían indicios que Salazar estaría involucrado en otros actos delictivos como lavado de dinero, por el incremento de su patrimonio de una forma no justificable.
“Tenemos indicios de que estas personas puedan estar involucradas en otro tipo de actividades criminales”, declaró Martínez, en ese momento.
El 27 de abril pasado, el Juzgado Décimo de Paz le impuso medidas alternas para no ir a la cárcel, al ser acusado por la Fiscalía de haber defraudado al fisco con 833 mil 781 dólares, en los años 2010 y 2011, como contribuyente particular y como representante de la empresa Hotesa.
Sin embargo, García Dheming aseguró ayer que la deuda de Hotesa ya fue cancelada, por lo que fue exonerado de esos cargos.
Sin embargo, aún falta solventar la deuda fiscal como persona natural.