Con 72 votos de todos las fracciones la Asamblea Legislativa aprobó ayer la ley de Desarrollo y Protección Social, una normativa que busca darle sostenibilidad a los programas sociales implementados por el gobierno del Presidente saliente, Mauricio Funes.
Aunque la ley contó con el respaldo de ARENA la diputada Carmen Elena Calderón de Escalón afirmó que estarán vigilantes de que los planes sociales se ejecuten y no sólo eso, sino que se implementen con recursos del Estado y no con préstamos.
La diputada Mariella Peña Pinto de ARENA mencionó que en la ley no se contemplan los subsidios al gas y al transporte público, entre otros.
Y es que la normativa recoge los planes sociales como los paquetes escolares y uniformes, la pensión básica universal, comunidades solidarias, urbanas y rurales, el vaso de leche y el Programa de Agricultura Familiar, entre otros.
El diputado Mario Ponce del PCN fue otro que aún cuando dio sus votos, cuestionó que dentro de la ley se ha creado demasiada “burocracia”, ya que la potestad absoluta de ejecución de los programas la tiene el presidente de la República.
Además la normativa contempla que será el Presidente de la República quien designará a un coordinador de los programas y este será el encargado de administrar los programas con los ministerios involucrados, como Salud, Educación y Agricultura, entre otros.
Otro de los cuestionamientos de ARENA fue que no existe un presupuesto asignado para poner en marcha el aparato creado en la ley.
Calderón de Escalón dijo que esperaría que los fondos no se esfumen en “clientelismo”, es decir, sólo pagar salarios de nuevas contrataciones como ocurrió con la reforma de salud, cuestionó.
El diputado Guillermo Mata, del FMLN abono que la ley contempla la “reevaluación” de las personas que serán beneficiadas con los programas sociales.
Esto según dijo se hará basándose en el índice de pobreza diseñado por la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc).
Mario Ponce, del PCN dijo que la opinión de Mata no tiene que ver con la ley, y la consideró una opinión personal del farabundista. “Sería favorecer a unos en detrimento de otros” justificó.
En cuanto a la coordinación que tendrá el Ejecutivo sobre todos los programas sociales, Mario Ponce expresó que eso sería “engordar” el gasto del Estado…sería generar mayor burocracia y gastar más recursos de los que tenemos, la burocracia se va a tomar buena cantidad de dinero”, reflexionó el pecenista.
La ley en mención fue presentada por el presidente saliente Mauricio Funes el año pasado, con la finalidad, según dijo, de que los planes ejecutados por su gobierno no sean desechados por otras administraciones.
La ley contempla también que los paquetes agrícolas estarán fuera del programa de Agricultura Familiar.
El diputado César García, de Gana, justificó que es para garantizar que estos siempre se otorguen pero bajo otra modalidad, y no verse impedidos que por falta de fondos del Estado no se puedan entregar.