Cristina Yamilet Polanco Merlos empezó a traficar droga en los primeros meses de 2012. Su principal proveedor de marihuana es el cártel de Los Temerarios de Guatemala. Transportaba droga que se movía en los pueblos vecinos de la frontera San Cristóbal y aún, ya tras las rejas, es quien presuntamente encabeza una estructura que distribuye la marihuana en escuelas, parques y cárceles del occidente de El Salvador, según la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil (PNC).
La droga que Polanco Merlos supuestamente trafica “es de mucha calidad” y proviene del referido grupo de narcotraficantes, el cual tiene conexiones con el Cártel de Texis (salvadoreño) y con otros narcotraficantes de México, Estados Unidos y en toda Centroamérica, de acuerdo con los investigadores de la División Antinarcóticos de la Policía (Dan).
Entregas controladas, seguimientos de los investigadores antinarcóticos, decomisos, testimonios y otras investigaciones durante más de seis meses, sirvieron para identificar cada rol de los integrantes de la banda encabezada por la convicta, según la documentación de la Fiscalía, a la que tuvo acceso El Diario de Hoy.
En septiembre de 2013, el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Perdomo, reveló la conexión que hay entre el cártel de Los Temerarios y narcotraficantes de El Salvador, tras la detención de tres sujetos, entre ellos, José Arturo Silva Sandoval, a quien la Fiscalía le atribuye ser el cabecilla de Los Temerarios.
El cártel, de acuerdo con las investigaciones, opera en el municipio de Asunción Mita, zona fronteriza con El Salvador y Guatemala.
El jefe de la Dan, subcomisionado Marco Tulio Lima, explicó que el contacto que Polanco presuntamente tiene en Guatemala es una mujer a quien solo ha podido identificar como Cristina, quien le abastece la marihuana en el punto ciego conocido como El Golfo, situado en el sector de San Cristóbal La Frontera, Santa Ana.
Según Lima, Cristina, al parecer, es el contacto con los grupos de narcotraficantes en el extranjero.
El jefe policial explicó también que Polanco Merlos supuestamente tiene colaboradores que trafican la droga en los centros penales, en especial en Apanteos (Santa Ana) y de Mujeres.
Según Lima, entre ellos están Jéssica Dinora Velásquez Chinchilla y Sofía Elizabeth Guerrero Calidonio. Ambas fueron detenidas meses atrás cuando trataban de meter la marihuana en la Cárcel de Mujeres.
Lima explicó que las imputadas metían la droga a los penales en sus partes íntimas para que no fueran detectadas por las autoridades.
También aprovechaban la visita íntima con algún recluso para introducir la marihuana a los penales donde se encuentran aprisionados los hombres. Uno de estos es el penal de Apanteos en Santa Ana.
El subcomisionado agregó que, en lo que va de la investigación, no se ha establecido si la banda tiene colaboración de los custodios de los centros penitenciarios.
Las mujeres además metían la droga en alimentos congelados y madera.
Según la Fiscalía, Polanco Merlos también manejaba una estructura de la mara 18 en Santa Ana, la cual se encargaba de distribuir la droga a vendedores de narcomenudeo en distintos lugares, como parques y sitios públicos y hasta en los centros escolares de Santa Ana y La Libertad, entre otros, detalló el jefe policial.
Polanco Merlos fue comerciante y ama de casa, vivía con sus hijos y sin mucho lujo.
En la investigación no se detectó que tuviera cuentas bancarias a su nombre ni inmuebles o vehículos, aunque podría haberse valido de prestanombres, consideraró Lima.
Desde hace años se ha dedicado a buscar jóvenes de confianza para ella para que realicen los traslados de la droga, de acuerdo con la Fiscalía.
A la mujer se le detuvo durante un trasiego de marihuana en la Terminal de buses de Santa Ana. Por ese caso, la acusada ha sido condenada y actualmente se encuentra recluida en el Penal de Mujeres, situado en Ilopango.
“Modus Operandi”
La estructura de narcos traficaba alrededor de 6.5 kilogramos de marihuana semanalmente, los cuales se movilizaban en aproximadamente dos viajes por semana, afirman los fiscales asignados a la investigación. Varios de sus miembros fueron detenidos hace dos fines de semana en Santa Ana y La Libertad.
La forma del trasiego se da por las viviendas inmediatas a la frontera, las que se convierten en puntos ciegos porque no son controlados ni por las autoridades salvadoreñas ni por las guatemaltecas.
Cada peatón que desea ingresar por esos puntos debe pagar una suma de dinero; los sitios son utilizados no solo para el trasiego de drogas, sino también para contrabando.
Una de las personas que realizaba esta actividad en su vivienda es una imputada de nombre Rosa Lidia González Marroquín, quien figura en las referidas detenciones del fin de semana pasado.
Marihuana en escuela El Ángel, en Tacachico
Las Fiscalía ha determinado que Noé Alberto Rivera Ochoa, (a) El Chulo, presuntamente vendía la marihuana a alumnos de la Escuela del cantón El Ángel, situada en San Pablo Tacahico, en La Libertad.
En el referido centro escolar, las pandillas asesinaron a tres profesores en abril de 2010, por supuestamente haber denunciado robos y acoso de los pandilleros hacia la población docente y estudiantil.
El Chulo compraba la droga, de acuerdo con la Fisclía, en libras y se apostaba afuera de la referida escuela con la fachada de vender dulces a los estudiantes.
Los investigadores aseguran que el sujeto también distribuyó droga en otras escuelas, empero, esas investigaciones siguen inconclusas.
Costo de 60 dólares por cada libra de marihuana
La libra de marihuana puesta en la Frontera de Guatemala con El Salvador cuesta $25 y es vendida en Santa Ana por un valor que oscila entre $50 y $60 por libra.
Si es distribuida en otros puntos del interior del país, incrementa el precio de la libra, por los riesgos de su traslado: si el distribuidor es quien la transporta su ganancia es neta, pero si lo hace por medio de “mulas” o intermediarios debe cancelar $10 por libra transportada.
La estructura de Polanco mandaba a gente a bordo de un taxi desde Santa Ana hasta la Frontera de San Cristóbal; después la droga era transportada en buses de la R-235, porque se les hacía fácil ocultarla.
La marihuana era almacenada en el interior de la vivienda de Polanco Merlos. Su venta era de libras y medias libras, no vendía porciones pequeñas para consumidores, sino que la venta la realizaba a otros que la distribuían en el narcomenudeo.
En febrero de 2012, los imputados Nicolás Eduardo Valencia, Mirna Guadalupe Beltrán Moreno y Jorge Omar Fuentes Barrera decidieron iniciar su propio negocio de distribución de droga, para lo cual realizaron el contacto con la cabecilla de la banda. Por no tener lugar para el almacenamiento, empezaron a comprar solo por encargo y era distribuida de inmediato con los mismos clientes de Polanco.
Las acusadas Rosa Lidia González Marroquín así como su compañero de vida, Roberto de Jesús Ramos, y sus dos hijos, no identificados, revendían la marihuana a Juan Carlos Castro Parada, alias El Cuervo; Marcelino de Jesús Morales Campos, alias El Sapo; Noé Rivera, alias Ochoa, y a Rafael Antonio Galdámez Barahona.
González Marroquín está acusada de distribuir la droga en su casa de habitación, en la Frontera San Cristóbal.
Otros señalados por la Fiscalía también como distribuidores son Mirna Guadalupe Beltrán, Jorge Omar Fuentes Barrera y José Mauricio López, quienes eran las tres personas que normalmente hacían los viajes para ir a comprar la droga, y después venderlas en porciones más pequeñas.
Sofía Elizabeth Guerrero Calidonio era, al parecer, quien se encargaba de hacer el transporte de la droga desde Guatemala, adquiriéndola en la Frontera de Guatemala con El Salvador. Todas las coordinaciones y trasiegos eran hechas por medio de celulares.
Mirna Guadalupe era presuntamente quien realizaba la distribución de la droga en el municipio El Congo (Santa Ana); vendía de dos a tres libras cada semana, y Valencia vendía la marihuana en la Colonia santaneca Santa Lucía.
La banda también repartía droga en la Colonia Guadalupe, ubicada en Cantón San Jacinto de Coatepeque.
Las autoridades presumen que Castro Parada, El Cuervo, ayudaba a la distribución de la droga a los pandilleros del sector del caserío El Cerezo, en el Cantón Nancintepeque.
Allanamientos con suficiente evidencia
Tras tener individualizados los roles de los detenidos y haber realizado algunas diligencias, la Dan de la región occidental de la Policía realizó un operativo en el que realizó, hace dos semanas, 10 allanamientos en diferentes puntos de Santa Ana y La Libertad.
En el procedimiento se hicieron efectivas nueve detenciones y fueron notificados de nuevos delitos cinco internos de los centros penales de Apanteos, Cárcel de Mujeres y de las bartolinas del sistema de emergencias 911 en Santa Ana.
La Dan realizó durante seis meses un proceso de investigación que permitió confirmar la participación de no menos de 14 personas ligadas a esta estructura.
“Se han realizado compras controladas bajo la figura de agente encubierto a todas estas personas. Hay suficiente evidencia y elementos probatorios para que lleguen a una vista pública”, dijo un oficial.
Durante los allanamientos, los agentes incautaron 51 porciones de crack valoradas en $120.62, un revólver calibre 38 milímetros marca Taurus, 27 teléfonos celulares, cientos de quetzales, tres libras de marihuana y un pick up.
La estructura es acusada de los delitos de tráfico ilícito, proposición y conspiración en el delito de tráfico.
Además de introducir la droga a los penales de Apanteos y Cárcel de Mujeres, la Dan aseguró que también distribuían en diferentes municipios de Santa Ana.
A la fecha la Dan en occidente reporta la captura de 290 personas acusadas del delito de tráfico ilícito de drogas.