Los recientes ataques que las pandillas han cometido contra miembros de la Policía han provocado más zozobra entre los agentes de la Unidad de Protección a Personas Importantes de la corporación (PPI), quienes temen ser blanco de los delincuentes y estar desarmados cuando tengan que defenderse.
Los policías aseguran que, en reiteradas ocasiones, le han pedido a sus jefes inmediatos que les den la autorización para llevarse el arma de trabajo a casa cuando salen de licencia (descanso); sin embargo, la respuesta siempre ha sido: “ya vamos a ver”. Ese día nunca llega.
El trabajo de los agentes de esta unidad es dar seguridad a funcionarios de la Corte Suprema de Justicia (magistrados, jueces especializados, etc.) además, deben custodiar los inmuebles de la institución y hacer traslados de reos.
Estas funciones, según los denunciantes, los hace vulnerables ante los grupos criminales, pues la corporación tampoco les permite cubrirse el rostro con gorros pasamontañas para evitar ser reconocidos por los delincuentes.
“No podemos defendernos. Sí es verdad que no andamos en la calle como los (policías) de seguridad pública, pero en nuestro trabajo también corremos riesgos porque debemos dar seguridad a jueces que condenan a pandilleros y hacemos traslados hasta de cabecillas de estos grupos o narcotraficantes”, se quejó uno de los agentes.
Entre los más de 500 agentes del PPI está latente el recuerdo del asesinato de uno de sus compañeros, el pasado 26 de febrero, y temen ser las próximas víctimas.
En esa ocasión, Raúl Martínez Palacios se dirigía en su motocicleta a recibirle el turno a uno de sus colegas, en las instalaciones de la presa 5 de Noviembre, en Cabañas, donde estaba asignado.
Antes de llegar, el agente fue interceptado por varios delincuentes que estaban ocultos a un costado de la vía. Tras despojarlo de sus pertenencias lo mataron.
Las autoridades informaron que Martínez había ingresado a la Policía en 2012 y anteriormente había estado de alta en el Comando de Fuerzas Especiales de la Fuerza Armada.
Ellos no son policías, son contratados
La razón por la que supuestamente se les impide a los agentes del PPI sacar sus armas de equipo en horas no laborales es porque “no son policías, sino que son personas contratadas a petición de la Corte Suprema de Justicia”, según el comisionado Gersan Pérez, Jefe de PPI en la PNC.
Estos empleados, a decir del delegado policial, no han pasado por la formación de la Academia Nacional de Seguridad Pública (como lo hacen los policías) y cuando se les contrata se les explica que es bajo ciertas normas.
“La Policía no está en obligación de proporcionarles el arma cuando ellos no están trabajando, sino que solamente cuando desempeñan las funciones para las que han sido contratados”, afirma Pérez.
A juicio del comisionado, los agentes del PPI “no son perseguidos, ni tienen el riesgo latente y patente por ser Policía Nacional Civil”.
No obstante, los denunciantes alegan que los uniformes, sus distintivos son similares a los que usan los policías.
“Nosotros nos trasladamos en transporte colectivo de la casa al trabajo y andamos cargando el uniforme y el carnet. Si un delincuente nos encuentra eso no se va a poner a analizar si somos PPI o de Seguridad Pública, nos va a identificar como policías y ya”, razonó uno de los afectados.
Otro de los agentes opinó que si la Policía consideraba a los miembros del PPI como parte de la Corte Suprema la corporación policial debería retirarles los distintivos que los asemejan a los policías y dejarlos bajo el mando del Órgano de Justicia.
Los denunciantes coinciden en que la explicación del comisionado Pérez es contradictoria porque cuando estos agentes cometen un error son amonestados, suspendidos o les abren expedientes bajo el mismo reglamento que rige a los policías destacados en Seguridad Pública.
El comisionado Pérez matizó que para poder avalarle la salida de armas a los agentes del PPI se debe hacer un estudio. Agregó que hay algunos empleados que sí cuentan con dicho permiso.
“No es que estén cerradas las posibilidades al cien por ciento. Hay muchos que dicen: ‘Es que es peligroso en mi colonia’, pero cuando se investiga vemos que no han puesto una denuncia formal y no han tenido ninguna amenaza”, señaló.
Pérez dijo que cuando un agente del PPI corre peligro, y esto se comprueba, la se pasa la solicitud al Director de la Policía para que decida.