La Fiscalía General estableció ayer que el monto de los embargos preventivos para los nueve acusados del caso CEL-Enel y a las dos sociedades Enel Green Power asciende a 2,107 millones 466 mil 188 dólares en respuesta a la petición del Juzgado Séptimo de Instrucción de que fijara los montos de los embargos para las personas procesadas.
La petición judicial obedece a la orden de la Cámara Primera de lo Penal de que el monto del daño económico causado a CEL por la incorporación de Enel Green Power como socio estratégico en Gesal, ahora LaGeo, se divida entre las nueve personas acusadas y la las dos sociedades de Enel.
Señala la Fiscalía en su informe que la cantidad millonaria de dinero, equivale a la mitad del presupuesto de la nación de este año, corresponde a la totalidad del perjuicio patrimonial ocasionado a CEL por haber incorporado a la empresa Enel Green Power S.p.A. como socio estratégico en Gesal, ahora Lageo, “mismo que se esperaría ser recuperado, resarcido, o reintegrado”.
El juez Séptimo de Instrucción Miguel Ángel García Argüello notificó la petición a los fiscales del caso de la orden de la Cámara, el 2 de abril pasado, amparado en la resolución del 21 de marzo pasado de la Cámara Primera de lo Penal.
En ese sentido, el referido tribunal le había otorgado 10 días hábiles de plazo a la Fiscalía para que presentara la solicitud de la cantidad de los embargos, que se cumplía el 24 de abril próximo, pero el Ministerio Público acudirá hoy a presentar la petición al Séptimo de Instrucción.
“A efecto de cumplir con lo ordenado por el honorable Tribunal Superior, la representación fiscal le solicita le tenga por establecido el monto global del reclamo civil en esa cantidad”, señala el escrito fiscal, y agrega que “se proceda a trabar formal embargo de carácter preventivo en los bienes propiedad de los justiciables, así como de las sociedades mencionadas por las cifras que seguidamente se explicitan”.
A las sociedades Enel Green Power y Enel Green Power El Salvador deberán de ser embargadas de sus bienes por un monto de 948 millones 359 mil 785 dólares. El monto restante deberá de ser dividido entre las nueve personas que son procesadas.
La Cámara ordenó al referido tribunal que haga los embargos preventivos de bienes, inmuebles o aquellas cuentas bancarias que puedan ser inmovilizadas a los procesados y las dos sociedades como medida para poder vincular a los procesados a la causa judicial.
En su resolución del 21 de marzo pasado, el Tribunal Superior deja en claro que la Fiscalía no había establecido el monto de los embargos en los bienes para cada uno de los nueve procesados.
Todos los acusados han permanecido en libertad condicional por lo que tienen que cumplir con una serie de medidas que sustituyen a la detención, como por ejemplo, presentarse cada 15 días a firmar al Juzgado Séptimo de Instrucción, no salir del país ni cambiarse de domicilio, sin antes notificar al referido tribunal; entre otras.
Monto inicial fijado en 1,800 millones de dólares
Durante la audiencia inicial, celebrada en noviembre pasado, los fiscales del caso pidieron que se hiciera efectivos los embargos por 1,800 millones de dólares, pero el Juzgado Séptimo de Paz desistió de tal petición fiscal.
“En vista de que el embargo preventivo de bienes como medida cautelar de contenido patrimonial se encuentra estrechamente vinculada con el reclamo de la responsabilidad civil, por consecuencia, tiene como propósito asegurar una eventual condena en ese orden”, señala la solicitud fiscal.
Así también, los fiscales del caso han reclamado la responsabilidad civil para otras 10 personas, situación que será resuelta por el Juzgado Séptimo de Paz.
Éstas 10 personas han sido exoneradas de forma definitiva por la prescripción de la acción penal en su contra. Sin embargo, la Fiscalía ha pedido que también sean embargadas.
Los abogados defensores han coincidido en que las acusaciones en contra de las nueve personas, entre quienes figuran exfuncionarios de gobierno, tienen un trasfondo político. Han sostenido que las actuaciones de los procesados se fundamentaron en las leyes vigentes en ese momento, como por ejemplo la Ley de la Electricidad, y en ningún momento se ha probado a través de las investigaciones de que sus clientes tuvieran intenciones de faltar a sus obligaciones administrativas para favorecer a la empresa italiana Enel.