Con 74 votos de todas las fracciones la Asamblea Legislativa aprobó ayer crear el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa), para que sea el ente rector de los Asocios Público Privados.
Proesa es una entidad que ya existía por decreto Ejecutivo pero el Congreso decidió darle carácter legislativo para que tenga una funcionalidad más amplia, ya que según la ley avalada ayer, será la responsable de promover y desarrollar los proyectos de concesión del Estado que deberán de llegar a la Asamblea para su autorización.
“Proesa tendrá por objeto promover y atraer la inversión privada nacional y extranjera y de las exportaciones de bienes y servicios producidos en el país, la evaluación y el monitoreo del clima de negocios y la elaboración de propuestas de mejora a las políticas de inversión y exportación”, reza parte del artículo 3 de la normativa.
Ayer hubo cambios de forma a la normativa, pero algunas propuestas de realizar modificaciones de fondo no pasaron de ser mociones, como la del diputado Arnoldo Marín, del PDC, quien pedía que dentro del Consejo Directivo se incluyera a dos representantes del sector académico, pero los diputados no lo apoyaron.
También fue denegada una propuesta de Margarita Escobar, de ARENA, de incorporar al ministerio de Relaciones Exteriores en el artículo 5 para que tuviera representantes en el Consejo Directivo.
Escobar lamentó que no se incluyera a Cancillería en la ley. Según dijo, esta cartera de Estado está relacionada con las gestiones que Proesa realizará para impulsar los proyectos de concesión.
De acuerdo a la legislación, en el Consejo habrá un representante de los ministerios de Hacienda, de Economía y de Obras Públicas, así como de la Secretaría Técnica, quienes serán liderados por un presidente nombrado por el Presidente de la República.
La diputada Norma Guevara, del FMLN, también propuso que se dejara abierta la posibilidad de que el cobro del 1 % de comisión que obtendrán las instituciones contratantes del Estado contemplado en el artículo 17 pueda hacerse por contrato y no por proyecto, pero se dejó pendiente.
La ley aprobada ayer es la antesala para que la Asamblea realice reformas a la ley de APP una de las condicionantes que EE. UU. ha solicitado al país para desembolsar $277 millones del Fomilenio II.