José Mercedes Miranda tiene 59 años, pero los próximos 22 años tendrá que pasarlos en la cárcel, porque ayer el Tribunal Sexto de Sentencia lo encontró culpable de haber tomado como rehenes a unos 30 feligreses que participaban de una vigilia en una iglesia evangélica en las afueras de Guazapa, en julio de 2011.
“Declárase culpable al imputado José Mercedes Miranda por el delito que se califica como ocupación armada de ciudades, poblados y edificios, por lo que por dicho delito se le impone la pena de 25 años de prisión, pena que deberá cumplir en el lugar donde actualmente guarda prisión”, dijo Rolando Corcio, juez Sexto de Sentencia de San Salvador, al leer el fallo.
El juez Corcio explicó que decidió imponerle la mínima pena (la máxima es 30) con la que se sanciona ese delito, por la edad avanzada del imputado. Sin embargo, Miranda solo deberá cumplir 22 años con cuatro meses, porque ya cumplió dos años con ocho meses de prisión provisional, los cuales les serán descontados de la condena.
Corcio agregó que “no cabe ninguna duda de que la actividad del imputado y su acompañante (un menor de 17 años que ya fue exonerado) puso en un peligro inminente y pudo afectar la integridad física y mental de las personas que se encontraban al interior del lugar que él mismo ocupó de manera ilegal”.
La toma del templo religioso, situado en el caserío El Carmen, cantón Guaycume, de Guazapa, se produjo la madrugada del 31 de julio de 2011. Para la ocupación, utilizó a un menor de 17 años, a quien le dijo que lo acompañara porque irían a cazar animales en horas nocturnas, pero después lo obligó a tomarse la iglesia, según consta en el proceso judicial.
Después de dos horas de ocupación, Miranda y el menor dejaron salir a niños y mujeres, pero mantuvieron como rehenes a nueve hombres, entre ellos el pastor de la iglesia.
Meses después de la toma, el joven fue exonerado de los cargos por un tribunal de menores por considerar de que él había actuado obligado por Miranda.
En el fallo de ayer, el juez Corcio ordenó que los dos fusiles M-16 que les decomisaron a Miranda y al menor, el día de sus capturas, sean enviados al Ministerio de Defensa para su custodia, por ser armas privativas de la Fuerza Armada.
Miranda fue procesado por el delito de ocupación armada de ciudades, poblados y edificios, de acuerdo al artículo 6 de la Ley contra Actos de Terrorismo.
También lo procesaron por la tenencia, portación y conducción de los dos fusiles M-16 y por la privación de libertad (rapto) de nueve personas, quienes fueron consideradas como testigos con régimen de protección.
Miranda fue exonerado de este último delito porque, por razones desconocidas, ninguna de estas nueve personas se presentaron a declarar contra el ahora convicto.
Un vocero de los tribunales de justicia explicó que Miranda fue sometido a un peritaje sicológico en el Instituto de Medicina Legal, cuyos resultados arrojaron que el condenado se encontraba en sus plenas facultades mentales y, por lo tanto, podía ser procesado judicialmente.
Escuchó su condena de forma serena y sin sobresaltos. Contrario a lo ocurrido con su hermana y su hija, quienes se echaron a llorar mientras él salía de la sala de audiencias.
Miranda dijo que el fallo había sido “injusto”, porque la toma de la iglesia había sido “quizás por ignorancia” de su parte. Explicó que la ocupación sirvió para protestar por las que él considera “las injusticias que existen en el sistema penitenciario”, que mantiene a las reclusas junto a sus hijos en Cárcel de Mujeres.
Su hermana, María Julia Miranda, dijo que esperaba que fuera exonerado de cargos: “No era para hacerles daño, él no lo hizo; a él se le turbió por hablar de los niños (presos con sus madres) que ni sabía cómo le iba a suceder este problema. Solo Diosito sabe, es cosa de la mente la que le han hecho, así trabaja el enemigo”, dijo la hermana.
El defensor, Edgar Pérez, no descarta acudir a la Corte Suprema para pedir la nulidad del juicio. “La pena me parece demasiado excesiva por ser una persona de 59 años, pero la ley es la ley”, dijo.