Las Naciones Unidas pidió ayer a El Salvador adoptar las medidas necesarias para que sus servicios consulares puedan responder de manera eficaz a las necesidades de sus compatriotas que trabajan en el exterior, así como a sus respectivas familias. El llamado lo hace el Comité de esa organización que vigila el cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus familias.
En sus observaciones preliminares al segundo informe periódico sobre el tema por parte de El Salvador, el comité le reconoce una serie de esfuerzos a El Salvador para mejorar y ampliar los servicios consulares, mediante la adopción de protocolos consulares de atención y protección de los derechos de los trabajadores migratorios en tránsito y en el país de destino.
Pero a la vez expresa preocupación ante “la falta de información sobre los recursos humanos y financieros de que disponen los consulados en el sur de México y en Estados Unidos para brindar asistencia y protección adecuada a los trabajadores migratorios”.
Aunque el informe no especifica los consulados en cuestión, se destacan en la parte sur los de los estados de Veracruz y Chiapas, en México; y los de Woodstock (Georgia) y Tucson (Arizona) en los Estados Unidos.
Otra de las observaciones que le hace al país es que debe asignar recursos humanos y financieros suficientes para la atención consular eficaz y el desarrollo de programas de capacitación permanente sobre la convención y otros convenios de derechos para funcionarios consulares.
“El Comité observa con preocupación la falta de mecanismos de supervisión de las condiciones de empleo de los trabajadores migratorios, en particular en el sector agrícola (campos de caña de azúcar), el sector de la construcción y en el sector de servicio doméstico”, dice el informe disponible en la página web de las Naciones Unidas.
El Comité no deja de lado “los altos flujos de las remesas recibidas por las familias salvadoreñas” y en ese caso recomienda al país tomar medidas para acelerar y asegurar eficazmente los trámites y costos para el recibo de las remesas e “invita a que continúe ofreciendo vías para el uso productivo” de ese dinero.
El comité dice reconocer las campañas informativas para concienciar al salvadoreño sobre los peligros de emigrar y la red consular abierta en el sur de México, pero dice preocuparle “el incremento en los últimos años del número de trabajadores migratorios en tránsito en el Estado parte” y el tráfico de migrantes que se da en el territorio nacional.
Además aboga por los trabajadores salvadoreños que han regresado al país en apego a los principios de la Convención, y le pide a El Salvador apoyar de manera efectiva para que estas personas para su reinserción duradera en el tejido económico, social y cultural del país.
Protección a extranjeros
El Comité también le observa a El Salvador la información recibida sobre el “trato discriminatorio de que son objeto los trabajadores migratorios en situación irregular, en particular hondureños y nicaragüenses en la región oriental” del país.
Por tanto le recomienda que intensifique sus esfuerzos por hacer que los trabajadores migratorios y sus familias que se encuentren en su territorio gocen de los derechos que le reconoce la Convención internacional sin discriminación alguna y le pide que “sensibilice” a las autoridades locales y funcionarios que trabajan en el ámbito migratorio a no discriminar.
El comité formado por expertos independientes bajo la conducción del embajador de Ecuador ante la ONU en Ginebra, Francisco Carrión Mena, instó a El Salvador a derogar el artículo 26 de la Ley de Migración y Extranjería, ya que a su juicio, los trabajadores migratorios legales una vez se les termina el contrato laboral caen en “situación de vulnerabilidad” y dispone su salida.
El artículo en cuestión dice: “Ninguna autoridad permitirá el ingreso al país de personas extranjeras para prestar servicios sin la autorización del Ministerio del Interior”.
El Salvador informó al comité que tal disposición no se aplica en la práctica, pero esa instancia internacional considera que debe ser derogado.
El Salvador presentó el 1 de abril pasado su informe ante ese Comité durante el vigésimo periodo de sesiones de ese comité en Ginebra, Suiza.
En esa ocasión, el viceministro para los Salvadoreños en el Exterior, Juan José García, informó que la defensa de los derechos humanos de los migrantes es uno de los pilares de la política del presente gobierno y que gran parte del trabajo recae en el Ministerio de Relaciones Exteriores y que eso significa “un cambio importante en la política exterior salvadoreña”.
La ONU también llama a El Salvador a tomar medidas para detectar, prevenir y eliminar los movimientos migratorios irregulares y sancionar de trabajadores de otros países que utilizan el territorio salvadoreño, especialmente para enrumbarse a EE. UU.
Por tanto, le insta a investigar, perseguir y sancionar a las personas, grupos o entidades que organicen o dirijan esos movimientos ilegales.
También le recomienda tomar “las medidas necesarias para formular y ejecutar una política migratoria que atienda todas las cuestiones de la migración internacional, de conformidad con el artículo 65 de la Convención”.
Insta a definir de manera clara los roles de los órganos competentes en materia migratoria, así como intensificar esfuerzos encaminados a lograr una coordinación efectiva y eficaz entre éstos a nivel nacional como local, en especial en zonas fronterizas”.
Cancillería dijo que no comentaría un informe preliminar que todavía no recibe.