El director del departamento de asuntos legales de Fusades, Javier Castro, negó que la demanda de inconstitucionalidad del nombramiento de Eugenio Chicas, como presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), se haya preparado en o por orden de dicho centro de análisis.
Chicas afirmó en la entrevista de Canal 12 que, si bien el abogado Enrique Anaya hizo uso de su derecho, la demanda se origina a raíz de que el TSE “decide, en este caso condenar y multar a Fusades. Ese mismo día es que surge la demanda… que ya venía siendo preparada, pero la decisión política de articular y soltar esta demanda se da en ese contexto por lo que podría valorarse que él (Anaya) pueda estar vinculado a Fusades y que en definitiva esta iniciativa haya sido preparada, iniciada desde Fusades”, dijo.
Ante esta acusación, Castro respondió que “nosotros negamos categóricamente lo que el señor presidente del Tribuna Supremo Electoral ha dicho. Nosotros no tenemos nada que ver con la demanda que se ha interpuesto en que se pide la inconstitucionalidad de la elección del magistrado Eugenio Chicas”.
Agregó que no sabe porqué el presidente del TSE dice esas cosas, y explicó que doctor Anaya es un abogado constitucionalista que ha presentado muchas demandas de inconstitucionalidad y que Fusades no tiene ninguna relación con la demanda en contra de Chicas.
El doctor Anaya es un constitucionalista, catedrático y “él está actuando por motivaciones propias y nosotros (Fusades) no tenemos ningún tipo de relación con la demanda que ha sido interpuesta por él ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y no entendemos las razones que tuvo don Eugenio Chicas para decir ese tipo de cosas sin ningún fundamento”, aclaró el director de asuntos legales de Fusades.
También confirmó que Anaya no es empleado de Fusades, sino que él ha presentado esta demanda como otras que ha interpuesto ante la Sala de lo Constitucional en su carácter de abogado independiente.
Con mira telescópica
Chicas afirmó que solicitud de Anaya sobre la inconstitucionalidad de su elección, en todo caso la dirimirá la Sala de lo Constitucional, pero que la misma tiene dedicatoria personal, ya que no incluye a otros dos magistrados que también fueron propuestos por partidos políticos.
“Lo cierto es que la demanda no es contra los magistrados propuestos por partidos, sino contra mi persona, o sea no es un escopetazo, sino que es con mira telescópica dirigido a mi persona”, se defendió.
Chicas afirmó que trabaja, junto a su equipo de abogados, en preparar su defensa para presentarla el 24 de este mes ante la Sala, pero adelantó que desde su punto de vista su nombramiento es constitucional, pero que la Sala es la que tiene la última palabra.
Sin embargo, dijo que “ellos (la Sala) tendrá la última palabra más allá del acuerdo o desacuerdo que podamos tener, pero en definitiva las sentencias son de obligatorio cumplimiento, incluso aquellas que lo puedan afectar a uno como funcionario público”.