El futuro legal de José Mercedes Miranda, un agricultor que en julio de 2011 irrumpió en una iglesia evangélica de Guazapa, armado con un fusil retuvo a decenas de feligreses, seguirá en el limbo pese a que lleva más de 30 meses en prisión sin recibir una condena.
Miranda fue puesto ayer a la orden del Tribunal Sexto de Sentencia para que enfrentara el juicio por ocupación armada de ciudades, poblados y edificios (previsto en el artículo 6 de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo), privación de libertad y tenencia de armas, pero la diligencia fue reprogramada porque la Fiscalía no localizó a los testigos.
La fiscal del caso pidió al juez que aplazara el juicio contra Miranda, mientras que el defensor pidió que se le decretara libertad condicional o arresto domiciliar.
Al final, el tribunal le impuso una fianza de $3,000 para que recobre su libertad mientras es procesado.
El abogado dejó entrever que se está cometiendo una ilegalidad contra el imputado al tenerlo en prisión más tiempo del que la ley manda sin recibir una condena.
El Artículo 8, del Código Procesal Penal, (reformado) establece “que una persona debe de ser condenada en un plazo de doce meses para los delitos menos graves y veinticuatro meses para los graves”.
Según la investigación fiscal, Miranda, es padre de cuatro hijos, en complicidad con otro pariente mantuvieron como rehenes a unos 30 feligreses.
José Mercedes y su familiar, habrían cometido los delitos que les imputan como un acto de protesta por las injusticias que, según él, vivía una hija que se encontraba recluida en una cárcel.