Tres años y medio han pasado desde que el Grupo de Acción Financiera (Gafi) señalara en uno de sus informes que “no existe regulación en El Salvador sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP)” y, hasta la fecha, los señalamientos por parte de dicho Grupo siguen siendo los mismos.
La importancia del informe, que data de septiembre de 2010, está enmarcada en la Ley de Lavado de Dinero, que después de muchos otros informes, todos de la Gafi, fue reformada en diciembre anterior, pero sin superar los referidos señalamientos.
La serie de informes suman siete, todos de seguimiento sobre los compromisos adquiridos por El Salvador y por los países miembros del Gafi, sin embargo, no fue sino hasta 2013 que los legisladores abordaron el tema y terminaron reformado la Ley de Lavado de Dinero, pero que sin incluir a exfuncionarios y funcionarios públicos, lo que significa que El Salvador ha incumplido las recomendaciones hechas por Gafi.
Las reformas a esta legislación especial no incluyen a exfuncionarios ni funcionarios públicos de alta jerarquía, como el Presidente y Vicepresidente de la República, considerados como Personas Expuestas Políticamente (PEP).
El Gafi ha sentenciado en su último informe, fechado 22 de noviembre de 2013, que, de no producirse las reformas necesarias propuestas por ese organismo antes del próximo informe, que será hecho público en mayo próximo, El Salvador pasará de ser evaluado a través de un seguimiento regular expedito a ser evaluado a través de un seguimiento regular intensificado.
En el informe de noviembre, el Gafi señala que El Salvador tiene en la calificación de “parcialmente cumplidas o no cumplidas” 26 de un total de 40 recomendaciones que la institución hizo para evitar que el país se convierta en un “paraíso” del lavado de dinero.
Como parte de las enmiendas a la Ley hechas en diciembre pasado, sin embargo, los diputados solo incluyeron como sujetos de control a partidos políticos, jueces, fiscales, personal administrativo de justicia, medios de comunicación en cualquier modalidad, bolsas de valores, casinos, casas de juego, agencias de viajes, agencias de envíos y recepción de encomiendas o remesas, comercio de metales y piedras preciosas, y a empresas constructoras, entre otros.
No incluyó, no obstante, a los exfuncionarios y funcionarios públicos como sujetos, que para el Gafi es una de las recomendaciones esenciales a cumplir. El Gafi identifica a las PEP como aquellos individuos que cumplen o a quienes se les han confiado funciones públicas prominentes en una nación; por ejemplo, los jefes de Estado o de Gobierno, políticos de alto nivel, funcionarios gubernamentales o judiciales de alto nivel, militares de alto rango, ejecutivos de alto nivel de corporaciones estatales y funcionarios de partidos políticos importantes.
El organismo internacional ha recomendado que estas personas sean incluidas en el listado de los sujetos e instituciones que deben cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley, y también ha sugerido que deben ser incluidos los parientes más cercanos y las personas estrechamente asociadas con las PEP.
Sugerencias adicionales
El Gafi recomienda que estas personas deben de ser consideradas como PEP hasta dos años después de haber cesado en sus funciones públicas. Pero cuando se trate de personas que se hayan desempeñado como Presidente o Vicepresidente de la República, que el plazo para ser consideradas como tales se extienda a cinco años. Es decir que, en esos cinco años, estos exfuncionarios deberán de ser sujetos a una vigilancia más estricta por parte de las autoridades, en cuanto a sus transacciones financieras o los negocios que puedan hacer.
Sugiere además que las instituciones financieras deben establecer una política interna para identificar a las PEP, y deben requerir sobre estas personas, cuando sean sus clientes, información actualizada y complementaria sobre dicha condición.
Otras de las recomendaciones es que las instituciones financieras apliquen políticas y procedimientos reforzados, con el propósito de establecer la procedencia de los fondos de las PEP, y para monitorear las operaciones financieras que puedan hacer, tomando en consideración su razonabilidad y justificación económica y jurídica.
En el séptimo informe, el Gafi señala que aparte de que no han sido incluidas las PEP en la Ley, tampoco se cuenta con otras disposiciones legales para el control de ellas.
Entre otras consideraciones existe una que habla sobre que un ejecutivo de alta jerarquía de las instituciones financieras deberá dar la autorización previa para toda relación comercial con las personas a quienes se les califica como Expuestas Políticamente.
Otros de los incumplimientos radica en la falta de las disposiciones legales necesarias para las transferencias de dinero o valores, entre un banco local y uno internacional, pero se espera que se subsane con una normativa a ser emitida próximamente, incluyendo las normas técnicas para la gestión de riesgos, señala el informe.
Fiscal dice que diputados no cumplieron acuerdos
Las reformas impulsadas en diciembre pasado a la Ley de Lavado de Dinero, si bien es cierto que forman parte de las recomendaciones del Gafi, todavía no son del agrado del Fiscal General Luis Martínez, quien aseguró que los diputados “no han respetado en lo absoluto” los acuerdos alcanzados para la aprobación de todas las medidas sugeridas por ese organismo financiero internacional.
“Vamos a seguir trabajando en las reformas para adecuarlas a las recomendaciones del Gafi; estamos en conversaciones con las altas autoridades para impulsar y seguir haciendo fuerza para que se implementen las reformas tal como se acordaron en su momento en la comisión respectiva”, dijo Martínez.
En su momento, el fiscal Martínez cuestionó la actuación de los diputados porque, según dijo, “empiezan las maniobras políticas y ya le dan vuelta completamente a lo que se había acordado en la comisión respectiva”.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) también cuestionó la aparente falta de voluntad de parte del Estado para combatir el lavado de dinero, a raíz de la aprobación de las reformas “de forma deliberada” por la Asamblea Legislativa; las tildó de “deficientes e incompletas”.
“La Asamblea Legislativa, de forma deliberada, excluyó de las reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos a las Personas Expuestas Políticamente (PEP), quienes deberían ser las primeras incluidas. Esto permite concluir que no se tiene la intención de combatir efectivamente dicho delito”, según Fusades.
El Gafi fue fundado en 1989 para velar por el combate del lavado de dinero en distintos países del mundo. Este organismo tiene como mandado establecer estándares internacionales y promover medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos.
Además lucha por evitar el financiamiento del terrorismo, la proliferación y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional, según los principios de su creación. Trabaja con otras instituciones para tratar de identificar aquellas vulnerabilidades en cada país miembro para establecer las medidas correctivas a proteger el sistema financiero internacional de usos indebidos.