Tras dos semanas de haber suspendido las comisiones legislativas después de la segunda jornada electoral del 9 de marzo, la Asamblea Legislativa retornará hoy a sus labores con la discusión en un foro especial de las reformas a la Ley de Asocios Público Privados (APP).
Esta normativa no se ha podido ejecutar ya que el Congreso tiene pendiente analizar un pliego de modificaciones a la ley, 36 de ellas han sido propuestas por la fracción de ARENA.
La Embajadora de EE. UU., Mari Carmen Aponte, y el presidente Mauricio Funes han urgido a los diputados su aprobación, ya que de su aplicación depende, en parte, que el país reciba los $277 millones del Fomilenio II con EE. UU.
De hecho, la Asamblea creó una comisión especial para valorar los cambios a la APP, pero ésta al igual que el resto de las comisiones legislativas se paralizó desde hace más de dos semanas, a raíz de que las elecciones del 9 de marzo ocuparon buena parte del tiempo de los diputados.
El viernes pasado los legisladores terminaron la semana dando continuidad únicamente a la comisión especial que investiga el caso de $10 millones de fondos donados por el gobierno de Taiwán, en la administración del expresidente Francisco Flores.
Sobre las reformas a la ley de APP la controversia estriba en diferentes puntos y en los que existen marcadas diferencias entre las fracciones de ARENA y el FMLN, especialmente en el tema del agua.
Carmen Elena Calderón de Escalón, diputada de ARENA, ha enfatizado en que el manejo de las aguas residuales, negras y lluvias podría ser concesionada, pues justifica que estos trabajos requieren de grandes sumas de dinero.
La legisladora tricolor ha justificado que lo anterior podría darse en las zonas costeras que es donde se prevé implementar el Fomilenio II para impulsar el desarrollo turístico del litoral salvadoreño.
Pero Norma Guevara, diputada del FMLN, sostiene que la medida busca privatizar el agua, un bien cuya administración, según los efemelenistas, no están dispuestos que pase a manos privadas.
De Escalón insiste en que no se trata de privatizar el agua potable, sino de crear las condiciones de infraestructura adecuadas en las zonas costeras que requieren de inversiones fuertes que el Estado no puede asumir, sino es a través de un asocio público privado.
Otro tema que se prevé discutir hoy en el foro es crear por decreto legislativo a la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Proesa), para que rija la normativa, así como reducir la cantidad de veces que un proyecto irá a aval del Congreso.