Abogados de los nueve imputados señalados en la supuestas irregularidades detectadas en el contrato CEL-Enel analizan la orden de embargo que emitió el lunes la Cámara Primera de lo Penal contra todos los bienes de los acusados.
El abogado Arturo Muyshondt, defensor del exministro de Economía Miguel Lacayo, expresó que la resolución abarca 90 páginas y aún estudia qué salida legal puede tener la decisión del tribunal superior.
“Podría existir un recurso de casación y subir a la Sala de lo Penal y podría demorar mucho tiempo. Vamos a estudiar si existe una casual que podamos estudiar”, dijo.
El tribunal superior ordenó al juez Miguel Ángel García Argüello, del 7o. de Instrucción de San Salvador, que emita el embargo en los bienes del expresidente de CEL Guillermo Sol Bang, el exministro de Economía Miguel Lacayo Argüello, Jorge José Simán Zablah, Pedro José Escalón Pacas, Julio Alberto Olano Noyola, Carlos Jacinto Chavarría Aguilar, Thomas Roy Hawk Baker, José Ricardo Palomo Déneke y José Vicente Machado Calderón.
En la actualidad, todos los acusados se encuentran en libertad con medidas sustitutivas a la cárcel.
La orden también abarca para la sociedades Enel Green Power S.P.A. y Enel Green Power El Salvador S. A. de C. V, según el documento judicial.
La Cámara no determinó el monto del embargo y lo dejó a criterio del Ministerio Público. Hasta ayer, la Fiscalía no había establecido el monto.
Asimismo, los magistrados, revocaron la orden de libertad para los acusados Jaime Luis Torres y Paolo Pietrogrande, que habían recibido meses atrás. Ambos están acusados del delito de peculado (apropiación indebida de bienes del Estado) en perjuicio de CEL.
Según la investigación, en la audiencia inicial celebrada en noviembre pasado, el Ministerio Público pidió un embargo de 1,800 dólares, sin embargo, la jueza del 7° de Paz negó la petición.
Desde que inició la investigación, los abogados de los señalados han coincidido que las acusaciones tienen un trasfondo político, aseguran que las actuaciones de sus clientes se fundamentaron en leyes vigentes y en ningún momento se ha probado que los señalados tuvieran intención de faltar a sus obligaciones administrativas para favorecer a la italiana Enel.
En la audiencia inicial, la jueza 7a. de Paz, Evelyn Jiménez de Solís, advirtió a la Fiscalía que los cargos de peculado y falsedad documental agravada que ha planteado en el caso “están en crisis”, por lo que ordenó que los acusados permanezcan libres.