La empresa INE está bajo investigación de la Fiscalía no obstante que el presidente Funes ha declarado que con las utilidades que genera esta firma y otras relacionadas con la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica (CEL) se paga el subsidio de energía. La oposición cree más bien INE sólo contribuye a encarecer la energía y no tiene control estatal de sus finanzas.
Quien así lo denuncia directamente es el diputado Edwin Zamora, de ARENA, para el que lo que sí está claro es que los salvadoreños pagan 25 % más cara la energía eléctrica por la política de precios impuesta por el gobierno, precisamente a través de dos empresas: INE y LaGeo, algo que calificó de “impuesto disfrazado”.
¿Cómo se traduce esto? El consumidor que paga $50 dólares al mes por electricidad, debería pagar $40; el que paga $100, debería pagar $80; el que paga $200, está pagando $40 de más.
“Si ambas (compañías en mención) vendieran la energía que producen a precios acordes a su costo de operación, la factura eléctrica que paga la población bajaría hasta en más del 25 por ciento”, explicó el legislador.
A esto se agrega la denuncia que ya ha formulado el legislador de que desde 2008 los consumidores salvadoreños han pagado un sobreprecio de la energía geotérmica equivalente a casi $500 millones de dólares por la política de sobreprecios del gobierno.
Pero lo anterior tiene un trasfondo más grave. Según Zamora: ambas empresas están relacionadas con la CEL, pero no rinden cuentas al Estado de sus ingresos.
A criterio del diputado tricolor, esta situación “le produce generosas utilidades que se canalizan a través de la INE y que no llegan a la CEL ni al ministerio de Hacienda, mientras los salvadoreños estamos pagando un sobreprecio por la energía”, reflexionó.
Afirma que, a la fecha, la INE ha recibido $209 millones entre dividendos que vienen de sus acciones en LaGeo y las utilidades propias.
Explicó que de esta suma, $173 millones provienen de dividendos de LaGeo y $36 millones de utilidades de su propia operación, haciendo un total de $209 millones.
“La dueña de la INE es la CEL, lo lógico es que la INE le devuelva ese dinero a su dueño y que le transfiera esos $209 millones a su dueño, pero a la fecha, en los estados financieros de la INE sólo se refleja haberle transferido $102 millones. ¿Dónde están los otros $107 millones?”, cuestiona Zamora.
A lo anterior añade la cantidad de dinero extra que aún falta que la INE perciba en concepto de utilidades que no están reflejados todavía en los Estados de Resultados del año pasado.
“Si LaGeo generó utilidades alrededor de $170 millones (en 2013). En 2012 ganó $188 millones, pagó en Impuesto Sobre la Renta (ISR) $54.2 millones y generó utilidades de $120.5 millones, de eso le tocan a INE $77 millones, o sea que hoy ya INE tiene $77 millones más libres que no están reflejados en esos $107 millones que no se han justificado y en enero de este año ya tendrán acceso a otros $77 millones”, estimó Zamora.
Lo más preocupante, según el diputado, es que la INE siendo una sociedad anónima de capital variable no es sometida a una contraloría de rigor por parte de la Corte de Cuentas de la República.
“Las utilidades se están quedando gravadas en una sociedad anónima que no tiene la transparencia y la contraloría de la Corte de Cuentas de la República”, enfatizó.
Lo anterior es posible debido a que la CEL le transfirió en 2006 sus acciones a la INE, durante la presidencia de Tony Saca, en un movimiento que Zamora no duda en calificar de “ilegal”.
“En 2006 en el tiempo de Saca, pasan $186 millones de acciones que tenía la CEL y así era la dueña de LaGeo y se la pasa la CEL a la INE las acciones, ahora la dueña de LaGeo, la excusa de ellos era que lo necesitaba para afianzar un crédito para comprar maquinaria para la INE, pero a mí me parece una excusa bien pobre, porque creo que con un aval de CEL era lo mismo”, indicó.
Ante esto, Zamora declara que esas acciones deben regresar a la CEL.
Cuestiona también que mientras el gobierno critica que en el pasado CEL firmó contrato con Enel, pero en la actualidad cometen un error mayor, dice, pues no sólo adquirieron el equipo para la INE, sino que también le pasan las acciones que la CEL tenía y que la hacían dueña de LaGeo, se las trasladan a INE.
“¿Cuál fue la base legal para hacer el traslado de las acciones? Hasta donde sé no hay base legal, allí el Estado si cedió patrimonio, activos del Estado, porque acciones son activos del Estado y se las pasa a una sociedad anónima, eso es ilegal”, afirmó.
A esto se suma, según Zamora, que la Ley General de Electricidad daba un plazo de tres años para realizar el desmembramiento de las acciones, lo cual la CEL realizó en 2006.
Se defienden
El director presidente de INE, Sigfredo Edgardo Figueroa, argumentó a finales del año pasado, a través de una carta enviada a este periódico que la Corte de Cuentas les realizó una auditoría en 2007 y que dicha entidad anunció que valora hacer otros exámenes en este año (ver recuadro).
Pero para Zamora lo anterior no es suficiente, ya que siendo CEL la dueña, opina que INE siempre debe regirse por leyes como el Código de Comercio. Considera que justificar que INE es auditada a través de la CEL no es válido.
“No tiene el rigor de una auditoría que podría tener con la Corte de Cuentas, una empresa autónoma o una institución del Estado”, explicó recordando que la Corte sólo ha auditó una vez a INE hace muchos años.
Zamora recordó que el presidente Mauricio Funes prometió el año anterior que devolvería las acciones que tiene INE en la CEL, cuya transferencia ha sido cuestionada.
El Fiscal General de la República (FGR), Luis Martínez, al revelar el informe CEL-Enel, estableció preliminarmente que la “transferencia de acciones” que hizo la CEL a INE en 2006 es “ilegal”.
Por lo mismo, Zamora considera que “esa transacción debe anularse lo antes posible, porque sólo así los salvadoreños tendremos la visibilidad correcta de todas estas utilidades generadas por LaGeo que no le están llegando a la CEL ni a Hacienda”.
Funes critica a Zamora
El gobierno y los ejecutivos de INE y LaGeo sólo se han dedicado a justificarse, pero no dan respuesta clara ante los cuestionamientos de Zamora de que el país paga una energía cara a raíz de las políticas de precio implementadas por el actual gobierno.
El presidente Funes ha alegado que la CEL sigue siendo la propietaria de más del 90 % de las acciones de INE, aun cuando esta entidad funcione como empresa privada y genere utilidades, es el Estado que como dueño de las mismas dispone de ellas y las administra para mantener el subsidio.
“Con esas utilidades que capta INE el gobierno de la República a través de la CEL puede mantener el subsidio de la energía hasta 200 kw/hora y los pobres de este país y la clase media pagan energía barata, porque el gobierno subsidia, paga el complemento que implicaría al usuario tener que pagar y sacar de su bolsillo si mantuviéramos los precios de mercado”, ha reiterado Funes.
Entretanto, el presidente de LaGeo, Julio Valdivieso, ha declarado que él no define la política comercial de esa empresa y que, en cuanto a precios de energía geotérmica, sólo se rige por las reglas del mercado.
“Yo no tengo más que acatar las órdenes que me den los accionistas. Que me mande una carta el accionista Enel y que me mande una carta el accionista INE: “mire, presidente de LaGEo, venda a un dólar” y yo lo voy a vender a ese precio”.
“Se me critica porque he llevado a la empresa a la rentabilidad que tiene. ¿Qué hubiese pasado si hubiese llevado esta empresa debajo de la rentabilidad razonable?”, agregó el funcionario.
Valdivieso alegó que LaGeo no margina precios, sino que es “tomadora” de precios. “El último que pone la oferta nos arrastra a todos. A cero puedo ofertar yo en el spot, y si un generador término margina $173, nos pagan a todos los que estemos debajo de esa cantidad”, explicó.
Bajo la lupa
Por su parte el Fiscal General de la República, Luis Martínez, expresó recientemente a El Diario de Hoy que la investigación sobre INE sigue adelante y va desde la creación del proyecto hasta lo último que se ha realizado, de la misma manera que con las obras de El Chaparral, la represa por la que se pagaron $108 millones sin haber sido concluida.
Ante informaciones de que la investigación ha generado cautela al punto que algunos funcionarios no estaban firmando documentos, Martínez dijo que “no deben de temer, ya que como buenos compatriotas deben cuidar el patrimonio como verdaderos patriotas, así como lo establece la ley de CEL”.