En sentencia emitida hoy, la Sala de lo Constitucional, en la Corte Suprema de Justicia, CSJ, amparó a varios ciudadanos por la vulneración de sus derechos de acceso a la jurisdicción, derecho a conocer la verdad y derecho de petición -contenidos en los artículos 2 y 18 de la Constitución- por parte de Fiscal General de la República.
Dicha sentencia se fundamenta en la omisión de investigación atribuida a la Fiscalía sobre el homicidio colectivo ocurrido en San Francisco Angulo, municipio de Tecoluca, en 1981, en el que habrían sido asesinadas decenas de personas civiles, la mayoría mujeres, por presuntos miembros de las fuerzas armadas.
Los ciudadanos demandantes señalaron que el Fiscal General de la República ha omitido continuar con la investigación del homicidio colectivo acontecido el 25 de julio de 1981 en la comunidad San Francisco Angulo, la cual fue iniciada en el año 2006; debido a lo anterior, no ha sido posible esclarecer la verdad de los hechos y ejercer la acción penal correspondiente contra los autores del delito.
El suceso fue denunciado ante dicho funcionario el día 23 de noviembre de 2009, sin que hasta la fecha se haya realizado diligencia alguna o promovido las acciones penales correspondientes. En su sentencia, la Sala de lo Constitucional estableció que el Fiscal General de la República vulneró los derechos de acceso a la jurisdicción y a conocer la verdad de los hechos, al no investigar oficiosamente el homicidio colectivo ocurrido en el cantón San Francisco Angulo, y haber dilatado injustificadamente el inicio de tal actividad investigativa, la cual hasta la fecha no ha sido seria, exhaustiva, diligente ni concluyente.
En ese sentido, al no existir una investigación y búsqueda de información sobre la verdad de los hechos, no es posible la justicia ni la posterior reparación integral a los familiares. Como efecto de la sentencia, la Sala ordena al Fiscal General que efectúe, dentro de un plazo razonable, una investigación seria, exhaustiva, diligente y concluyente, con el fin de esclarecer la verdad del homicidio colectivo ocurrido en el cantón San Francisco Angulo; y, en el caso de que, a su criterio, se haya cometido algún delito, ejerza de inmediato la acción penal.
Además, deberá dar a conocer públicamente los resultados de la investigación sobre el homicidio colectivo aludido y, en caso de ejercer la acción penal, deberá informar públicamente los resultados del proceso penal. Por último, debe proporcionar una respuesta a las diversas peticiones formuladas, la cual deberá ser emitida y comunicada dentro del plazo de 5 días hábiles. Dicha sentencia fue firmada por unanimidad por los magistrados Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Rodolfo González.