La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, amparó ayer a 11 empleados que fueron despedidos en diciembre de 2012 y ordenó de inmediato la renovación de los contratos laborales para todos los demandantes.
El expresidente de la Corte Suprema, Salomón Padilla, destituyó a los empleados por medio de una nota suscrita por el director de Recursos Humanos de la CSJ, en la cual, les informó que sus contratos laborales no serían renovados para 2013.
Los afectados detallaron que Padilla ordenó su destitución sin que previamente se les tramitara un procedimiento que les permitiera conocer y controvertir los hechos que motivaron esa decisión, pese a que no desempeñaban un cargo de confianza.
Las sentencias fueron firmadas por los magistrados Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Rodolfo González y Elíseo Ortiz, en la cual establecen que hubo una vulneración de los derechos fundamentales de audiencia, defensa y estabilidad laboral, contenidos en los artículos 11, 12 y 219 de la Constitución.
En las sentencias, la Sala estableció “que la finalización de la vigencia del plazo de un contrato no debe ser un criterio para desconocer la estabilidad de quienes están vinculados con el Estado bajo esa modalidad, ya que el trabajo no varía su esencia por la distinta naturaleza del acto o de la formalidad que le ha dado origen a la relación laboral”.
La Sala también indicó que “se ha utilizado erróneamente la figura del contrato para efectuar una aceptación de servicios que pertenecen al giro ordinario de la institución”.
Además, consideró que los distintos cargos dentro de la CSJ no se fundamentaban en la confianza personal o política, sino que se trataban de una colaboración de carácter técnico.
“Como efecto de las sentencias, y teniendo como base la medida cautelar decretada en cada uno de los procesos –donde se ordenó mantenerlos en sus cargos mientras duraba la tramitación de los amparos–, únicamente se invalida la decisión tomada por el presidente de la CSJ y se ordena que se renueve el contrato laboral en virtud del cual los demandantes prestan sus servicios a la CSJ, con el objeto de garantizarles la estabilidad laboral a la cual tienen derecho como servidores públicos pertenecientes a la carrera administrativa”, razonaron los magistrados.
En el fallo de ayer los magistrados dejaron abierta la vía para que los demandantes puedan tramitar un proceso de indemnización por los daños materiales y/o morales causados.
La Sala aún estudia otros amparos presentados por más de medio centenar de empleados que fueron despedidos por Salomón Padilla tras su llegada como presidente.
Entre ellos, el del director del Instituto de Medicina Legal, José Miguel Fortín Magaña.