El asistente jurídico de la Fiscalía General, Enrique Calles Rivas, quedó ayer en libertad condicional mientras lo investigan por la filtración de testimonios de exfuncionarios del Gabinete de Seguridad sobre los privilegios y pagos que habrían recibido las pandillas como parte de la denominada tregua.
Calles tendrá que cumplir con una serie de medidas de conducta ordenadas por el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, La Libertad, mientras continúa el proceso.
El asistente fiscal está acusado de haber sustraído los audios de 12 horas de grabación que contienen las declaraciones de cuatro exfuncionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y de Centros Penales.
Calles Rivas enfrentó, ayer, una audiencia inicial por el delito de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por un empleado oficial, explicó el Ministerio Público.
Fuentes judiciales detallaron que Calles Rivas tendrá que presentarse todos los días a firmar al referido tribunal, además de que le fue prohibido salir del país, para lo cual tuvo que dejar su pasaporte.
Otra de las medidas que deberá cumplir es que no podrá cambiar de domicilio.
El tribunal le otorgó la libertad condicional por tener arraigo familiar y laboral, anotaron las fuentes fiscales.
Dice ser inocente
Por su parte, Calles Rivas dijo a la prensa, luego de salir de la audiencia, que él es inocente de los cargos que le imputa la Fiscalía , pues a él lo involucran por cuestiones técnicas. Sostuvo que él es el más interesado en que toda esa situación se aclare para demostrar que es inocente. Agregó que, porque las investigaciones todavía se encuentran en proceso, no podía revelar mayores detalles del caso.
El Fiscal General, Luis Martínez, descartó en su momento que un hacker (pirata cibernético) hubiese podido extraer de los servidores de la Fiscalía tales grabaciones, pues aseguró que los audios de las investigaciones fiscales “nunca son subidos a los servidores de la Fiscalía; además, la Fiscalía tiene un sistema de seguridad”.
Cuando el empleado fue arrestado, el Fiscal General indicó que “él (asesor jurídico) los extrajo de la computadora y los grabó en una USB y tenemos toda la información, ya incautada la computadora y toda la información”.
El funcionario añadió, en esa ocasión, que podrían haber más involucrados, pero que por el momento solo Calles Rivas aparece como el principal sospechoso del hecho. Las grabaciones salieron a la luz después que los diputados de ARENA, Roberto d’Aubuisson y Mario Valiente, revelaran que estaban en un sitio en Internet.
Los parlamentarios mostraron documentos y varias direcciones electrónicas donde aparecían los audios con los testimonios de los cuatro exfuncionarios de la Dirección General de Centros Penales, quienes revelaban las negociaciones en octubre pasado.
Los diputados denunciaron que las mimas revelan que el Gobierno del presidente Mauricio Funes habría financiado la tregua entre las maras a cambio de reducir los homicidios. Funes lo ha negado.
Los pandilleros recibieron una serie de privilegios en las cárceles y sus familiares también habrían recibido pagos, de acuerdo a las declaraciones de los exfuncionarios.
Para esta semana se tiene previsto que lleguen a declarar el ministro de Defensa y exministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, y el actual ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Perdomo. También serán citados a declarar los mediadores de la tregua: Raúl Mijango y monseñor Fabio Castillo. A sus testimonios serán sumados los de altos cabecillas de pandillas que se encuentran en prisión.
Las autoridades aún no fijaron la fecha para la próxima audiencia contra Calles Rivas.