La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sigue “velando por el respeto a la Constitución” y sus fallos han sido respetados, pero sigue siendo amenazada su integridad. Así lo destaca el último informe semestral de 2013 Coyuntura Legal e Institucional de la Fundación Salvadoreña de Estudios Económicos y Sociales (Fusades) divulgado ayer a los medios.
“Hay algunas amenazas como el antejuicio que está en la Asamblea y aún no ha sido archivado así como la demanda que fue interpuesta ante la Sala de lo Contencioso Administrativo que, a nuestro juicio, no debió ser admitida”, dice Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de Fusades al presentar el informe.
Los casos a los que se refiere son la petición de antejuicio a la Asamblea Legislativa para los magistrados de la Sala de lo Constitucional Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Rodolfo González y la magistrada suplente Sonia Dinora Barillas de Segovia acusados de prevaricato y desobediencia al declarar inaplicables ciertas resoluciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo.
Esta pieza de correspondencia no ha sido archivada, por lo que puede revivirse.
El otro caso señalado es que se ha promovido ante la Sala de lo Contencioso una demanda para que declare ilegal el proceso de elección de los magistrados elegidos para el período 2009-2018 que incluye a los actuales magistrados de la Sala Constitucional.
La respuesta de esta última fue ordenar a la Sala de lo Contencioso abstenerse temporalmente de conocer esa demanda. Pero esta volvió a admitir tres demandas en el mismo sentido, que fueron igualmente declaradas inaplicables por la primera y así se ha mantenido una especie de confrontación entre salas.
Pese a este conflicto, no se ha entrado en una crisis como la de 2012, dice Fusades, cuando desde la Asamblea se emitió el polémico decreto 743 con el que se cambiaba la forma de decisión en la Sala que se toman con mayoría simple y se le obligaba a hacerlo por unanimidad.
Diversas organizaciones civiles y distintos sectores se volcaron en protesta pública y respaldaron a la Sala. Diputados debieron retroceder.
Aunque los ataques han cesado y no se ha caído en una crisis como la antes mencionada en la que diputados y el jefe del Ejecutivo desobedecían los fallos, los peligros contra esa instancia judicial persisten, dice Fusades.
Para Castro, las intenciones de crear un Tribunal Constitucional es uno de esos atentados, pues la Sala ya cumple con esos requisitos que desde la Asamblea partidos como el FMLN, argumentan que debe tener el tribunal de este tipo.
También valoró entre otros atentados el intento de reformar los artículos pétreos de la Constitución entre los que se incluye el cambio de sistema de gobierno que el mismo presidente de la Asamblea y dirigente del FMLN Sigfrido Reyes ha planteado estos días.
Por tanto, piden que “el gobierno entrante y la Asamblea Legislativa se comprometan a respetar la integridad de la Sala de lo Constitucional. Eso es clave si queremos seguir viviendo en un país democrático en el que se respeta la división de poderes”, comenta Javier Castro.
Dura crítica al TSE
En el informe también se señala fallas al Tribunal Supremo Electoral (TSE), sobre todo en su actuación ante irregularidades en el presente proceso electoral como la campaña anticipada o permitir que el presidente Funes hiciera campaña televisiva el mismo día de la votación como ocurrió el 2 de febrero.
“Ha habido una excesiva pasividad de parte del TSE, su actuación ha sido tardía e inoportuna, cuando la justicia llega tarde esa no es justicia”, dice Castro sobre hechos como suspender los spot de Funes cuando faltaba una hora y media para que cerraran los centros de votación.
También le señalan que no haya hecho valer el artículo 218 de la Constitución en el que se prohibe a funcionarios públicos hacer proselitismo y la Sala de lo Constitucional ha tenido que recordarlo en una reciente aclaración de la medida cautelar impuesta tras admitir una demanda sobre ese punto.
“Estos son dos ejemplos en los que el TSE ignora que tiene facultades para actuar de oficio que están establecidas en el Código Electoral”, dice Castro, por lo que, añade, sigue habiendo una deuda en justicia electoral.
En ese contexto, Castro recordó a los funcionarios públicos que el Código Penal estipula el delito de desobediencia, por lo que espera que se cumpla la medida de la Sala de lo Constitucional y el llamado a la Fiscalía porque se cumpla esa orden judicial.
El TSE por su parte, ya dijo que acatará la medida.
“Es necesario que el TSE desarrolle su verdadero rol de árbitro de cara a las elecciones en la segunda vuelta que tendremos en marzo, tiene que hacer velar la justicia electoral”, demandó Fusades.
Insiste en la necesidad de separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas del tribunal, y en que se le independice de partidos.
CCR con criterio político
La misma independencia y despartidización piden para la Corte de Cuentas de la República (CCR), de la que según distintos estudios ha estado actuando con criterios políticos partidistas.
“Es grave que en medio del periodo electoral el titular haga declaraciones contra exfuncionarios a quienes no se les ha seguido un previo juicios sobre la base de juicios fenecidos y prescritos. Eso es muy delicado porque a nadie se le puede hacer acusaciones públicas sin darle el derecho a defenderse”, dijo Castro.
El titular de la CCR, Rosalío Tóchez, sacó a luz casos ya prescritos en los que se dejaron pendientes juicios a exfuncionarios de gobiernos anteriores bajo el argumento de que era su obligación hacerlo.
Diputados y dirigentes de ARENA le cuestionaron que sacara a luz estos casos en época electoral.
“La CCR ha sido una institución que diversos estudios mencionan que ha estado actuando con criterios políticos partidistas, vemos que esa situación continúa a pesar de que la Sala declaró no cumplida la elección de anteriores titulares por tener filiación política partidaria”, dice Castro.
Fusades también destacó que “el protagonismo” de la Fiscalía General de la República al perseguir presuntos casos de corrupción.
Sin embargo, demanda que “este tipo de juicios debe hacerse con el única motivación de buscar justicia enmarcado dentro del estado de Derecho y no por motivos políticos partidarios”.