Aunque Sipago y Subes son empresas privadas, el servicio que estas prestan es “de carácter público”.
Por ello, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) declaró a lugar el recurso de revocatoria presentado por el VMT el 31 de enero.
El recurso fue interpuesto luego que el Instituto le ordenara al VMT, mediante una resolución emitida el 14 de enero, pedir a Subes la información sobre la selección y contratación de los operadores tecnológicos para el sistema de pagó electrónico del pasaje en el transporte público.
La información que el VMT no entregó, cuando el ciudadano Jaime Vilanova Chica la solicitó, deberá ser entregada cinco días después de recibida la notificación. El plazo se vence el viernes 21 de enero, pues el VMT fue notificado el 14 de febrero a las 2:17 de la tarde, informó el IAIP.
Vilanova Chica, quien es abogado y apoderado general judicial y administrativo de la empresa UNETEL, S.A. pidió dichos datos, pues quiere tener claro cuál es la compañía que ha sido contratada por Subes para dar el servicio de GPS para las máquinas lectoras de tarjetas instaladas en autobuses y microbuses.
Al ser notificado sobre la resolución en firme del IAIP, celebró el resultado de la misma: “Me siento satisfecho, incluso agradecido con el señor Presidente de la República, porque la Ley de Acceso a la Información es obra de él. A la vez, esperanzado que los funcionarios de segunda, tercera y cuarta categoría cumplan la ley y no se anden con triquiñuelas”.
Los argumentos del VMT
La apoderada del viceministro Nelson García consideró que la resolución emitida por el IAIP, el 14 de enero, era errada porque el Instituto había afirmado “que Sipago S.A. de C.V., y Subes S.A. de C.V., y los operadores tecnológicos han adquirido obligaciones vía concesión otorgada por el VMT”.
El recurso de revocatoria planteó que los operadores tecnológicos “son contratados directamente por los empresarios”. Pues entre Sipago y Subes hay “un contrato entre privados” y “no una concesión hecha por el Estado a la empresa Subes”.
La nueva resolución del IAIP, con número de referencia NUE 62-A-2013 (AA), afirma que el argumento del VMT “carece de sentido”.
Esto debido a que lo que el Instituto expresó en su primera resolución es que Sipago, Subes y los operadores tecnológicos “han adquirido obligaciones a partir del Contrato entre las sociedad Sipago S.A. de C.V. y Subes, S.A. de C.V., en donde se determina que los servicios que prestará Subes S.A. de C.V. se complementarán con subcontratos”.
Tras aclarar lo anterior, el Instituto afirma que la resolución no se fundamentó en el argumento de que el Estado había concesionado servicios a ambas empresas y a los operadores tecnológicos contratados por Subes, sino que parte del hecho que con el contrato los entes privados contrajeron obligaciones para brindar “un servicio de carácter público”. Pues en la Administración Púbica, recordaron, es lícita la subcontratación, “siempre y cuando ha sido autorizada por ésta”.
Pese a que la resolución del IAIP es “en firme”, Vilanova Chica no descarta que el VMT presente un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, tal como lo hizo la Asamblea Legislativa después que el IAIP decretara una medida cautelar contra dicho órgano de Estado por negarse a publicar la lista de asesores.
En palabras del abogado: “Como tratan de ocultar cosas indebidas, lo más probable es que se tomen 60 días para presentar el recurso (…) Pero todo es contra la Ley, porque el artículo 101 de la Ley de Acceso a la Información Pública dice que el recurso contencioso administrativo solo lo pueden interponer los particulares, no el Estado”.
En caso que el VMT presente el recurso, Vilanova Chicas afirma que solo le quedará “esperar el sano criterio jurídico de la Sala de lo Contencioso”.
La resolución del IAIP es un nuevo bache en la ruta del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss), un proyecto que ya cuenta con carriles exclusivos en el bulevar del Ejército y la alameda Juan Pablo II, y con decenas de buses que permanecen estacionados en el parqueo frente al Cifco. Esta mañana, el presidente Funes estará allí para verificar el estado de buses fabricados en Brasil y que, según el VMT, son propiedad de la empresa Sipago.
La propaganda estatal presenta el proyecto Sitramss como uno de su mayores logros, pero nada se dice sobre cuánto exactamente costará el pasaje en este sistema de transporte, ni qué pasará con las rutas circulan actualmente entre Soyapango y el centro de San Salvador.