A pesar de que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) conoce la deficiencia del servicio de agua en San Salvador, por el sistema obsoleto de las cañerías, la autónoma ha postergado el cambio por no contar con fondos para realizarlo.
El presidente de la institución, Marco Fortín, reconoce que es necesario cambiarlas porque muchas ya terminaron su vida útil; pero se le ha dificultado hacerlo en sus cuatro años y medio por falta de fondos.
Peor aún, las cañerías en mal estado le hacen perder un aproximado de $70 millones de dólares al año a la entidad, lo que equivale a 70.4 millones de metros cúbicos de agua que se pierden por fugas o por conexiones fraudulentas.
Esos números suman, en cuatro años y medio, 315 millones de dólares perdidos al no poder hacer el cambio de las tuberías.
Aunado a eso, la Anda ha tenido que cargar con esas cifras en rojo, lo que la hace tener un déficit económico anual de más de $64 millones por las cuantiosas pérdidas y otros factores, como el pliego tarifario que, de acuerdo a la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), ya ha caducado y no beneficia a los clientes, ni a la autónoma.
La cifra es superior a l préstamo que el funcionario informó que ha gestionado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lo cual, según Fortín, está plasmado en el plan que dejará para la próxima administración, que son $200 millones que incluye el cambio de tuberías del Gran San Salvador y “otras cabeceras departamentales”.
El especialista en recursos naturales de Fusades, Leopoldo Dimas, consideró que la falta de una ley que regule el agua causa deficiencia en los costos, es decir, que la Anda no recupera lo que invierte en reparaciones, instalaciones, la facturación del recurso, los costos energéticos y los subsidios generalizados.
Esto se refleja en la poca inversión que esa institución ha realizado en agua potable y alcantarillados, para los que aún no cuentan con el recurso económico.
Dicha afirmación es con base a los datos del Banco Central de Reserva (BCR), que señala que en 2009 la entidad invirtió menos de $10 millones. En 2010 fueron menos de $5 millones; 2011 subió a más de $30 millones; pero bajó en el 2012 a menos de 22 millones de dólares.
Pero Fortín desestima la postura de Fusades, a quienes denominó como “todólogos” y les reclama por qué no se enfocan en documentación del BID, “que trabaja con nosotros”, expresó.
El presidente citó al BID y se jactó de que en la actualidad existe una cobertura de agua potable en las áreas urbana y peri urbana de San Salvador del 96 % y del resto del país un 93.8 %.
Esto es algo que muchos capitalinos dicen que no han visto y siguen quejándose por el pésimo servicio que se les brinda en sus comunidades.
Tal es la vivencia de la comunidad Aragón II en las cercanías del Rancho Navarra, en la capital, quienes han pasado tres meses, como máximo, sin recibir el servicio.
O el caso de la comunidad Brisas del Mirador, que está junto a la Aragón II, donde los habitantes se enfrentaron en 2009 a seis meses sin que les llegara el agua. Problema que se repitió en 2012.
En ambas ocasiones decidieron bloquear la carretera hacia Comalapa para protestar. Sólo así lograron que les restablecieran el suministro de forma temporal.
Los afectados creyeron que el inconveniente quedaría resuelto, lo cual no fue así porque, a inicios de este año, les volvió a faltar el recurso.
Y así se repiten las historias de residentes de las colonias Santa Clara, Costa Rica, Providencia y Barrio San Jacinto, siempre en la capital, quienes tienen en común el problema de agua en sus hogares y, al hacer un recorrido en esos lugares, se constata la insalubridad en la que muchos viven, ya que les es difícil mantener la higiene con un servicio deficiente.
Fortín respondió que explicar eso es bien fácil. “Los equipos de la zona Norte y río Lempa tienen más de 20 años, ya dieron su vida útil”. Sin embargo, los abonados de la autónoma ven como una excusa, ya que la Anda debe velar por la calidad y eficiencia del servicio, sobre todo porque los usuarios están pagando por algo que no reciben.
La irregularidad en el suministro preocupa al especialista en recursos naturales de Fusades y aseveró que “las principales enfermedades de los países en desarrollo son de origen hídrico y tienen altos costos, por muertes, raquitismo, desnutrición. El acceso al gua y la calidad es algo que no debe postergarse más, es una urgencia”, exhortó.
Fusades ha insistido en poner la problemática en la agenda del gobierno para cumplirle a las personas el derecho al agua: una ley que regule el recurso hídrico.
Según la a Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 70 % del agua que se extrae de las fuentes hídricas del territorio nacional se destina a la producción agrícola, una actividad creciente y que podría representar, actualmente, hasta el 75 % o el 80 % de los usos de agua en el país.
Los hogares, el comercio y la industria representan el otro 20% a 30 % de usos de agua.
Por ello, Fusades insiste en que en el país urge de una adecuada Ley General de Aguas apegada a las buenas prácticas internacionales, y la cual se presentó en marzo de 2012 por el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Asamblea Legislativa.
El contenido de lo que podría ser la nueva normativa está siendo analizado por la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, pero a la fecha la iniciativa se ha quedado estancada y su discusión podría continuar después de las elecciones.
El informe Recursos Hídricos en El Salvador: importancia, gestión y participación, escrito por Leopoldo Dimas en agosto del año pasado, describe que la normativa “permitirá contar con una entidad rectora autónoma que, además de ordenar el sector y promover el enfoque de gestión integrada, permitirá promover un esfuerzo de múltiples actores para el logro de metas de conservación, protección y uso eficiente del recurso”.
De llevarse a la práctica una ley con los objetivos que plantea el especialista en la parte técnica, se podría calmar el clamor de centenares de familias salvadoreñas, que solo piden agua potable para realizar con normalidad las actividades diarias.
Algunos afectados entienden de leyes, aunque otros no; pero coinciden en que se debe solventar con rapidez el problema del agua que les hace sufrir a diario.