La legalidad del donativo de 979 mil 651 dólares que hiciera en 2011 la junta directiva de la Asamblea Legislativa a instituciones sin fines de lucro fue y sigue siendo cuestionada. Ahora también están en tela de juicio los altos precios que se pagaron por algunos productos.
Guillermo Gallegos, diputado de Gana quien en 2011 era segundo vicepresidente de la junta directiva, recuerda que para la donación se utilizó el excedente del presupuesto y, según él, la Asamblea puede disponer de este como “estime conveniente”.
El cuarto secretario de aquel entonces, el diputado Roberto d’Aubuisson, ha cuestionado la legalidad del donativo argumentando que el reglamento interno del Parlamento no establece de manera expresa que el excedente del presupuesto o de los ahorros pueda ocuparse para hacer donaciones de cualquier tipo.
D’Aubuisson aseguró que el artículo 42 de la Ley Orgánica de administración financiera del Estado dice: “No se podrá disponer ni utilizar recursos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni para una finalidad distinta a la prevista en el presupuesto, excepto lo establecido en el artículo 45 de esta ley”.
Gallegos aseveró que el donativo no tenía que ser autorizado por el Ministerio de Hacienda, porque el Legislativo puede disponer de esos recursos “como mejor le convenga”.
“No lo tiene que autorizar Hacienda, porque el dinero le corresponde a la Asamblea”, acotó Gallegos.
Dudas sobre legalidad
El abogado y exministro de Seguridad, Francisco Bertrand Galindo, hace varias consideraciones en cuanto a la legalidad o no del uso de este tipo de fondos. En primer lugar, explica que la Asamblea debió crear una partida especial para “consolidar” esos fondos; de lo contrario, el donativo podría ser ilegal.
“Supongamos que la partida es para gasolina, les sobró (dinero) y se lo quieren dar a las organizaciones sin hacer una reforma de presupuesto. Eso podría ser ilegal”, ejemplificó.
Para el también abogado constitucionalista, si los fondos donados provienen de un excedente del presupuesto y de diferentes partidas, debió hacerse una reforma del presupuesto. Caso contrario, el procedimiento también podría ser ilegal.
Al consultarle al respecto, el diputado Gallegos dejó claro que se creó “un acuerdo”. El acuerdo al que hace referencia es el 4482, con fecha 23 de diciembre de 2011.
Pero “¿el excedente era de diferentes partidas?”, se le consultó. Gallegos acotó que no recordaba de qué partida provenían. Al final dijo que “a lo mejor eran de bienes y servicios”.
Bertrand Galindo explicó: “El proceso que debió seguirse es: si es un excedente, al final del ejercicio, el Congreso o la junta directiva acuerda consolidar todos los fondos en una partida que se llame transferencia a terceros, y una vez consolidados se hace la licitación o adjudicación, pero si no se hizo esa parte previa hay un problema”.
Para el coordinador del Centro de Asistencia Legal y Anticorrupción (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Roberto Burgos, en el tema de las donaciones “hay más preguntas que respuestas”.
Burgos difiere del argumento del diputado Gallegos, al afirmar que la Asamblea puede disponer del excedente del presupuesto como mejor le parezca.
“En primer lugar, no es un papel que le corresponda a la Asamblea el estar entregando donaciones tanto a personas jurídicas como a personas naturales”, dijo.
Al abogado también le preocupa “que esa clase de entradas de dinero” no esté siendo adecuadamente auditada por la Corte de Cuentas de la República.
El Diario de Hoy quiso tener una opinión al respecto de otros miembros de la Junta Directiva de la Asamblea de ese entonces, en especial de los diputados del FMLN, pero no se pudo establecer contacto con ellos al buscarlos en la Asamblea Legislativa y tampoco contestaron las llamadas telefónicas.
Pagaron más
La Asamblea Legislativa pagó por 15 cajas de bolígrafos (de 12 piezas) marca Bic mediano $73.50, según registro de la donación de 2011.
Actualmente, por ese mismo paquete pagaría $32.40, según el precio de referencia en un almacén que distribuye artículos de oficina y escolares hasta el 31 de enero de 2014. Es decir que el Órgano Legislativo compró los lapiceros por más del doble de su precio en tiendas locales.
Los lapiceros son parte del polémico donativo que realizó la Asamblea en 2011 a una veintena de instituciones.
Al examinar el detalle de las donaciones y contrastar los precios en el mercado local se pueden observar diferencias de precios en algunos artículos.
En el ejemplo de los lapiceros donados al Hogar Padre Vito Guarato, en la hoja de detalle se expone que por cinco cajas de bolígrafos (de 12 unidades) marca Bic de color negro la Asamblea desembolsó $24.50; es decir que por cada caja pagaron $4.90. Actualmente el costo del producto en una librería es de $2 en promedio.
Otro de los beneficiados recibió pintura. Por 10 cubetas de pintura de aceite la Asamblea Legislativa desembolsó $1,500.
En los comercios distribuidores de ese producto, los precios de las cubetas van desde $69 hasta $139. Al hacer cuentas, por esas 10 cubetas de pintura a un precio de $99.95 se gastaría un promedio de $999; es decir que el legislativo habría comprado el producto por $500 más.
El hospital Rosales también recibió la donación de 75 frascos de 50 ml de inmunoglobulina humana de 5 mg. El monto total cancelado por el fármaco fue de $28,875.
En las farmacias el precio de cada frasco ronda los $335; pero al consultarle a la dependiente aseguró que este podría tener un porcentaje de descuento al comprar en “mayores cantidades”. Ese descuento podría ser de hasta $35 menos. Considerándolo, los 75 frascos tendrían un costo de $22,500. La diferencia es de $6,375 por el mismo producto.
En el listado de la donación a 20 instituciones hay vehículos y equipo médico (ultrasonografía, electro-cirugía, máquinas de anestesia y broncofibroscopio, entre otros).
La lista de donación también incluye micrófonos inalámbricos, bocinas y consolas; medicinas, equipo de oficina, como computadoras, y papelería.
Entre las instituciones beneficiadas están la Asociación Pro Arte de El Salvador, el Centro de Atención de Ancianos Zara Zaldívar, la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador, la Cruz Roja Salvadoreña, la Asociación Demográfica Salvadoreña, el Centro de Arte para la Paz de Suchitoto y la Asociación de Desarrollo Comunal Santa Cruz.
Pero no solo instituciones benéficas recibieron donativos. El dinero también se utilizó para adquirir insumos médicos y una ambulancia para la clínica de la Asamblea Legislativa. En este punto, Roberto Burgos lamentó que en la lista de beneficiados se encontraran instituciones del Estado, sobre todo porque estas cuentan con su propio presupuesto.
Burgos añadió: “Cuánto se donó, a quién, los proveedores… Éticamente hablando es evidente que es un abuso de poder y particularmente es una forma común de comprar votos”.
Sobre el alto precio que registran algunos productos, el diputado Gallegos dijo que “cada institución a la que se le dio la donación mandó el estimado de cuánto más o menos costaban (los insumos)”. Aseguro que vieron el listado de insumos, pero no así los precios de cada producto: “No sé… Cada institución envió la cotización de insumos, entiendo yo que así fue. Esa parte no la vemos nosotros, nosotros solo asignamos y la gerencia financiera es la que determina hacer las compras y entregar. No vemos detalles de dinero”.
Por otra parte, en la carta que la Corte de Cuentas hizo llegar a la Presidencia de la Asamblea, el 20 de diciembre de 2011, esta recomendaba que “los desembolsos queden debidamente justificados con la documentación que respalde a quién le han sido donados”. En este punto, el documento deja vacíos en cuanto los detalles de los productos entregados a las organizaciones sin fines de lucro.
“Suministros varios: alimenticios y de aseo”, así describe el documento la donación que se le hizo a una asociación de lisiados de guerra. En este caso el donativo fue de $20,964.92.
En el listado de insumos donados al Asilo Zara Zaldívar figura una mesa de noche valorada en $1,120. El total del donativo a esta institución fue por $35,122.00.
Otra de las irregularidades, según el coordinador de ALAC, es que el giro comercial de algunos proveedores no coincide con la venta de insumos que realizaron. “Nosotros revisamos algunas empresas, pero nos aparece que son empresas que se dedican a la venta de dulces y alimentos, el giro es diferente, es bien diferente”, dijo. Al respecto, considera necesario que la Corte de Cuentas audite esta clase de procedimientos.
Contradicciones
El Ministerio de Salud agradeció a la Asamblea los donativos, pues varios hospitales de la red publica fueron beneficiados. En una publicación se informó que el monto global de lo donado a hospitales fue de $840,672. Sin embargo, el acuerdo 4473 reporta que fueron $770,000.
Mientras tanto, en la lista al detalle de las donaciones, la cual fue publicada en noviembre de 2013 por Funde en su página de Facebook, aparece como “gran total $979,651.79”.
En esa lista se expone que $190,712.18 fueron destinados a la clínica empresarial institucional del Parlamento ($87,816.14), al rubro servicios generales ($42,000) y transporte (60,896.04).
Según el documento de seis páginas, a la Cruz Roja Salvadoreña le entregaron un juego de cinco módulos de potencia para equipos de UPS y una central telefónica análoga/digital por un monto de $33,521.30.
Sin embargo, el presidente de la institución, Benjamín Ruiz Rodas, dijo que el donativo que les fue entregado entre abril y junio de 2012 también incluía otros insumos: “Firmé un acta en donde se decía que se nos iba a dar una unidad de compresor, una unidad de lupa para procedimientos, 10 computadoras, un servidor, un central telefónica y un juego de cinco módulos, también está una refrigeradora”. Esta donación, según el registro del departamento de Activos Fijos de Cruz Roja, ascendía a $74,661.30.
La Asociación Padre Vito Guarato aseguró que recibió todos los insumos prometidos. Unas órdenes de remisión y facturas lo comprueban.