El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Ulices del Dios Guzmán aseguró que la comisión especial que investiga el destino de las donaciones de Taiwán en el que se involucra al expresidente Francisco Flores, es inconstitucional. René Hernández Valiente considera que la misma “raya” con la ilegalidad y coinciden en que además asume funciones de investigación del delito que solo compete a la Fiscalía General de la República (FGR).
Mientras que otro exmagistrado, Mario Solano, difiere en que sí es legal la comisión de acuerdo al artículo 131 de la Constitución pero que ese apartado le da la facultad de investigar, no obstante no tiene facultades para hacer acusaciones como lo han dejado plasmado los diputados de dicha comisión en la última comparecencia del exmandatario el martes pasado.
El otro punto convergente de los tres exmagistrados es que lo que concluya esa comisión especial no tiene efecto jurídico.
Hernández Valiente y Guzmán consideran, en primer lugar, que la creación de esa comisión no está apegada a la Carta Magna, pues esta le establece límites a sus facultades y una de ellas es que solo pueden hacer investigaciones sobre temas de interés nacional.
“La comisión especial de la Asamblea Legislativa tiene atribuciones para hacer investigaciones de interés nacional que le da la misma Constitución pero esa debe de entenderse en cuanto no invada atribuciones que son conferidas a otros poderes del Estado. En este caso particular, lo que está haciendo la comisión especial es investigar probable delito y eso le compete a la Fiscalía General de la República”, afirma Guzmán.
Agrega el exmagistrado de la Sala de lo Penal de la CSJ, “la constitución de esa comisión como toda su actuación es inconstitucional”.
Mientras Hernández Valiente trae a cuenta que ya hay jurisprudencia en este tipo de casos, ya que la Sala de lo Constitucional de la CSJ ya ha declarado inconstitucionales aquellas comisiones legislativas que se crean no para abordar temas de interés nacional.
“Es que hubo algunas comisiones que pretendieron investigar temas que no son de interés nacional; entonces, la Sala (de lo Constitucional) dijo que no son constitucionales”, recuerda Hernández Valiente.
Tanto Guzmán como Hernández Valiente dicen que lo que debió haber hecho la comisión especial es convocar al Fiscal General para preguntarle si está haciendo investigación.
Hernández dijo inclusive que algún ciudadano puede ir a la CSJ y poner un recurso en contra de la comisión especial por atribuirse facultades que no le competen.
También considera que la actuación de esta comisión “entorpece” incluso la investigación que ya hace la Fiscalía sobre el caso.
“Lo que han hecho es confundir o retrasar las investigaciones que entiendo yo ya está haciendo el Fiscal, y estas confusiones y alargamiento de la investigación podrían frustrar la eficacia de la investigación y el procesamiento fiscal. Y eso es una consecuencia precisamente de haber invadido las atribuciones de la FGR”, afirma Guzmán.
“El Fiscal está actuando y ya decretó una medida cautelar en la investigación que está siguiendo, allí lo que tiene que hacer la Asamblea es abstenerse de continuar porque la Fiscalía ya tiene en sus manos el caso y está entorpeciendo la función de la Fiscalía”, dice Hernández en referencia al anuncio que hizo anteayer el Fiscal Luis Martínez de que han ordenado congelar todos los bienes y cuentas bancarias de Flores.
Critican interrogatorio
Hernández y Guzmán también coinciden en otro punto: la comisión no puede constituirse en una especie de tribunal.
“La forma en que se está manejando no es de investigación, sino que es de imputación hacia el expresidente Flores, y eso solo le corresponde a la Fiscalía, lo señalaron y lo imputaban”, opina Hernández Valiente en referencia a la forma en que particularmente dos diputados interrogaron al exmandatario.
Tanto Guillermo Gallegos, legislador de Gana, y Antonio Echeverría, del FMLN, le tildaron de mentiroso a Flores al no darse por satisfechos con las respuestas que él les dio en el interrogatorio del martes.
“El que maneja la comisión, que es el diputado (Francisco) Merino permitió que se acusara al interrogado; lo que estaban haciendo es un interrogatorio investigativo no una acusación, ellos no pueden acusar. El monopolio de la acusación del Estado lo tiene la Fiscalía no la Asamblea”, concluye Hernández.
El diputado farabundista Echeverría llegó a decirle en tono molesto a Flores : “Usted aquí no está como invitado sino como imputado”.
Sobre ese punto, Solano dice que a los que comparecen ante la comisión son colaboradores porque así lo contempla la Constitución en el artículo 132 (ver cuadro aparte).
“Estamos hablando de un caso de investigación en la cual la persona que ha sido llamada en carácter de colaborador de la comisión y en esa forma, creo yo, que debió de haber sido manejado el interrogatorio”, dice Solano.
Para Guzmán, no cabe el término imputado en la investigación legislativa y cuestiona que en el interrogatorio de los diputados a Flores fueron “formulaciones ambiguas, oscuras coenvueltas con insultos o con agresiones” y las respuestas fueron confusas, por lo que allí dice no hay una investigación que técnicamente sea “rescatable”.
Guzmán añade que lo que de allí se deriva no tiene “ningún valor desde el punto de vista jurídico ni judicial”.
En ese punto, Solano afirma: “El resultado, las conclusiones, las recomendaciones o lo que quieran, que salgan de esas comisiones de investigación, no serán vinculantes para los tribunales; o sea, lo dicho por las personas no les está acarreando en ese momento ninguna responsabilidad de carácter jurisdiccional”.
Para Solano este tipo de investigaciones tienen un componente político mayor que un componente jurídico.
Flores ha alegado ante los diputados que esa comisión es ilegal y que ha sido montada más para hacer un juicio político, a la vez que se ha desligado de las acusaciones.
El abogado Francisco Bertrand Galindo, también calificó este proceso a Flores en la Asamblea como “un show político, un show mediático en el marco de la campaña”, según declaraciones a canal 6.
Eso, agregó, lo reflejan “las preguntas, las conclusiones es más bien un proceso ya predefinido, con conclusiones ya claras y no pareciera que estén en el marco de querer saber cual es la verdad”.
También defendió el carácter reservado de las investigaciones de la FGR sobre el caso.